Martes 16 de octubre de 2018

 

Durante sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el Coordinador General del CESP propuso que estas asambleas se realicen de manera mensual o bimestral, pues actualmente la Ley sólo obliga a que se realice un encuentro cada seis meses

 

Culiacán, Sin. – En el marco de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la Coordinación General del CESP en voz de su Coordinador, Ricardo Jenny del Rincón, realizó planteamientos ciudadanos encaminados a mejorar la seguridad y justicia en Sinaloa. 

Las sesiones del Consejo Estatal de Seguridad Pública tienen la finalidad de analizar, discutir y acordar asuntos fundamentales sobre la seguridad de los sinaloenses, y en ellas se reúnen autoridades municipales, estatales y federales, representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como titulares de los órganos autónomos como la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por ello el Coordinador General del CESP propuso que estas asambleas se realicen de manera mensual o bimestral, pues pese a su relevancia, actualmente la Ley de Seguridad Pública sólo obliga a que se realice un encuentro cada seis meses.

En ese sentido, recalcó que las sesiones ordinarias no son para dar números e informes de trabajo, sino para acordar y dar seguimiento a estrategias en tres grandes rubros: marco jurídico que brinde seguridad y justicia a la sociedad; enfoque transparente y efectivo de los recursos públicos destinados a seguridad y justicia; y políticas públicas con metas medibles y evaluables.

Recordó que los objetivos de la Coordinación General del CESP son la disminución gradual pero constante de los índices delictivos, reducción de la impunidad y fortalecimiento de las instituciones para que cuenten con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para brindar los mejores resultados.

Ante las autoridades congregadas en la Primera Sesión Ordinaria del CESP 2018, Ricardo Jenny del Rincón reconoció que contrario a la tendencia nacional, las estadísticas por delitos de alto impacto han mejorado en comparación con el año 2017, sin embargo, pidió que la disminución de las cifras se deba a estrategias claras y a la coordinación efectiva de las corporaciones y no a cuestiones coyunturales.

En cuanto a los planteamientos de la Coordinación Ciudadana, destacó la importancia de que los recursos invertidos se reflejen en mejorar los mecanismos de denuncia, atención a víctimas, reinserción social efectiva, combate a las adicciones, prevención de la violencia intrafamiliar, entre otros, y no en programas destinados al fracaso.

Además, sostuvo que es necesario que cada autoridad haga lo que le toca desde su marco legal y que exista una coordinación efectiva para que el trabajo conjunto se transforme en resultados.

Recordó que el Poder Legislativo tiene en sus manos la posibilidad de asignar los presupuestos necesarios en materia de seguridad y además transformar el marco jurídico obsoleto para la implementación de políticas eficientes, además de hacer responder a las autoridades por omisiones o acciones que pongan en riesgo a los sinaloenses.

En cuanto al sistema de procuración y administración de justicia, recalcó la necesidad de una mayor capacitación para los actores del proceso penal, pero sobre todo, transformar los modelos de comunicación y coordinación institucional entre todos los involucrados en este esquema para lograr que se haga cumplir la ley contra todo individuo que delinca y que los derechos que prevalezcan sean los de las víctimas y ofendidos.

A la Fiscalía General solicitó seguir funcionando bajo el modelo de Unidades Especializadas  fuertes, con autoridad y autonomía, con personal y recursos suficientes para su operación, pues sólo así podrán dar los resultados que los ciudadanos demandan.

En ese sentido, señaló que los resultados en materia de justicia en Sinaloa reflejan la urgente necesidad de un cambio integral, pero sobre todo congruente con la realidad que vivimos: el 93.7% de los delitos no se denuncian, según la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2018), además de que la probabilidad de esclarecimiento de un crimen es de apenas 1.54%, como reveló el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías de la organización nacional Impunidad Cero.

Finalmente, insistió en programar reuniones mensuales donde se definan acuerdos con metas claras y que se expongan las estrategias necesarias para lograr mejores resultados en incidencia delictiva, justicia y fortalecimiento de las instituciones.