Las 512 armas aseguradas del 9 de septiembre al 27 de octubre tan solo son una muestra del alto nivel de armamento que circula en el estado; esta cifra representa el 91% de todas las decomisadas en 2023, de acuerdo con datos de Ciudadanos Evaluando

En 48 días del conflicto violento en el centro y sur de Sinaloa se han asegurado 512 armas, cifra que equivale al 91 por ciento de todo el armamento decomisado por las autoridades en 2023.

Para la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, este indicador es de gran preocupación porque revela el alto nivel de armamento que ha circulado y circula en Sinaloa, aún más si se considera la cifra negra.

“Al mostrar estos datos también aprovechamos para ser puntuales en la petición: desarmar a la delincuencia es una estrategia que se debe consolidar para disminuir la capacidad de letalidad de los delincuentes. Entre menos armas y municiones circulen menos tragedias mortales habrá”, dijo Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

De acuerdo con el análisis de Ciudadanos Evaluando, que elabora el área de investigación de la Coordinación General del CESP, en 2023 fueron aseguradas 563 armas, tanto largas como cortas, por parte de las corporaciones de seguridad pública federales, estatales y municipales.

Mientras que, en la conferencia Semanera del lunes 28 de octubre, el Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, informó que del 9 de septiembre al 27 de octubre se había logrado el aseguramiento de 432 armas largas y 80 cortas, además de 2 mil 389 cargadores, 145 mil 608 cartuchos, mil 355 casquillos, artefactos explosivos, 71 granadas y 246 vehículos asegurados, de los cuales 46 son blindados.

Entre armas largas y cortas suman un total de 512, apenas 51 menos que las aseguradas en todo 2023.

Delitos comunes también tienen alta incidencia de armas

En el contexto presente es fácil asociar el poder de armamento con los grupos de crimen organizado, sin embargo, en Sinaloa es un fuerte problema que también se refleja en los delitos comunes.

El análisis de Ciudadanos Evaluando 2023, elaborado por el área de investigación de la Coordinación General del CESP, arroja que 3,822 delitos del fuero común cometidos el año anterior fueron perpetrados con algún tipo de arma de fuego.

Esto significa que, en 2023, hubo 7 veces más delitos cometidos con armas de fuego que armamento ilegal asegurado.

Incluso, en 4 de los delitos a los que la Coordinación General del CESP da seguimiento, Sinaloa se ubicó por arriba de los porcentajes nacionales en el uso de arma de fuego.

Ante estos niveles alarmantes de circulación de armas, la Coordinación General del CESP demanda tanto al gobierno federal como estatal que, a partir del conflicto presente, concentren mejor los recursos de inteligencia, de agentes, presupuestales y legales para detener el flujo ilegal e impune de armas, que empodera no solo a narcotraficantes sino a criminales comunes.

De la misma manera, este órgano ciudadano exige que se prevenga, investigue y sancione la corrupción que permite que las armas ilegales circulen libremente por nuestras calles.

Consulta el estudio Ciudadanos Evaluando 2023 aquí:

https://coordinaciongeneralcesp.org.mx/wp-content/uploads/2024/10/Ciudadanos-Evaluando-2023.pdf

En rueda de prensa en la Ciudad de México, una comitiva de la sociedad civil aborda la situación que enfrentan las y los sinaloenses ante la pugna de dos grupos del crimen organizado en la entidad

La implementación de medidas urgentes para evitar un colapso económico y social en Sinaloa demandaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Gobernador Rubén Rocha Moya, así como a los distintos niveles de gobierno, en rueda de prensa realizada en la CDMX.

Al cumplirse un mes de violencia en Sinaloa, derivado del enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado, Miguel Calderón Quevedo, Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa; Laura Guzmán Torróntegui, vicepresidenta de la zona norte de Canirac nacional, así como Óscar Loza Ochoa, fundador e integrante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, dieron lectura al pliego de necesidades inmediatas para prevenir una mayor escalada de violencia.

“Tenemos en puerta una Emergencia Social por el daño causado a las trabajadoras y trabajadores; a las juventudes; a las y los pequeños y medianos empresarios, a comerciantes; a docentes y a familias, principalmente, las más vulnerables.  En resumen: peligra el tejido social que debería sostener nuestras comunidades.”, expuso Calderón Quevedo.

Las medidas exigidas son:

-Declaratoria de emergencia económica, que comprenda:

* Programa exprés de créditos blandos para pymes, sin requisitos de buró de crédito.

* Suspensión de pago de impuestos, como ISR e ISN; pagaderos a 6 meses, para empresas y negocios afectados.

* Analizar la viabilidad de descuentos y prórrogas de pago de energía eléctrica y agua potable. Ante esta grave crisis de seguridad, dar instrucciones inmediatas a fin de no realizar cortes de ambos servicios al sector productivo.

-Prioridad en acciones de desarme de la delincuencia organizada.

-Efectiva reparación del daño a víctimas de los diversos delitos cometidos en este periodo.

-La pronta y expedita depuración y puesta en marcha de la Policía Municipal de Culiacán.

-Que los operativos policiales y de fuerzas federales sean efectivos para recobrar la tranquilidad de la ciudadanía y la reactivación de las actividades sociales, comerciales, culturales, recreativas y deportivas.

-Aliviar el miedo que tiene semiparalizada la ciudad de Culiacán con información objetiva, útil y oportuna, complementada con una estrategia de salud pública dirigida al bienestar socioemocional de la población.

La comitiva de sinaloense expuso la compleja situación que se ha vivido en el primer mes de inestabilidad causada por la violencia en el centro y sur del estado, desde los 192 homicidios dolosos, 224 desapariciones forzadas y 200 familias desplazadas en el su de la entidad, hasta los 1,500 negocios con horarios recortados, los 180 establecimientos cerrados definitivamente y la pérdida de casi 2 mil empleos formales en septiembre. 

“El tema económico no aguanta más”, expresó Guzmán Torróntegui, “porque no tenemos el circulante necesario para poder afrontar los compromisos con empleados, con la banca y, sobre todo, con instituciones fiscales.

“Tenemos hambre de resolver el tema económico porque, si no, va a desatar una violencia civil mucho más contundente”.

Además de las acciones inmediatas para evitar el colapso, la comitiva también exigió al Gobierno de México que convoque a un debate serio y profesional con el fin de definir las políticas públicas encaminadas a la reducción del crimen organizado a su mínima expresión y construir la paz duradera.

“Queremos un gobierno que escuche, que dialogue y que comprenda que la verdadera transformación de nuestra sociedad depende de su capacidad de trabajar de la mano con los ciudadanos”, expuso Calderón Quevedo.

Loza Ochoa expresó que los problemas sociales causados por el crimen organizado merecen atención a las causas, como define el Gobierno de México, sin embargo se tiene que trabajar de manera más profunda, no sólo con becas.

“No va a ser con policías y concebir el problema como policías, ladrones o el Ejército contra la gente mala como vamos a resolver el problema. Eso nos puede ayudar y nos puede ayudar como nos está ayudando actualmente. Pero faltan otras cosas en las cual hay que involucrarnos también, incluida la sociedad civil”, dijo.