Desde la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública alzamos la voz una vez más ante la violencia que en Sinaloa se profundiza de manera ininterrumpida y que hoy muestra señales claras de una preocupante y aguda degradación.

Nuestra entidad enfrenta desapariciones forzadas, homicidios dolosos, robo de vehículos y robo a comercios, delitos que impactan de forma directa la vida cotidiana de miles de familias y han erosionado la confianza social y la tranquilidad de sinaloenses.

A este escenario se suma ahora la violencia política, como lo evidencian las agresiones contra el diputado Sergio Torres y la diputada Elizabeth Montoya, lo que condenamos con toda firmeza. Este ataque no puede entenderse como hecho aislado, sino como un signo alarmante de que la situación de inseguridad continúa deteriorándose.

Más grave aún cuando el ataque se perpetra al medio día y en una zona céntrica con alta concurrencia de peatones y conductores.

Es indispensable subrayarlo con claridad: la vida de las y los legisladores es tan valiosa como la de cada una de las personas que han sido víctimas de la violencia en Sinaloa. No existen jerarquías en el valor de la vida humana ni excepciones cuando se trata del derecho a vivir con seguridad.

Reconocemos los esfuerzos institucionales realizados para enfrentar este contexto. Sin embargo, también es evidente que aún estamos lejos de recuperar condiciones mínimas de estabilidad y seguridad que permitan a la ciudadanía desarrollar su vida diaria sin miedo.

La violencia dejó de ser episódica y se ha convertido en una condición persistente del entorno. Normalizarla no es una opción.

Por ello, desde la Coordinación General del CESP exigimos el fortalecimiento inmediato y verificable de los estándares de seguridad, con acciones eficaces que protejan a todas las personas, sin distinciones, y que frenen la escalada de violencia que desde hace más de un año amenaza la convivencia democrática y social.

Hoy lo decimos con claridad y responsabilidad institucional: alto a la violencia, ¡ya!

La seguridad, la paz y la vida no pueden seguir siendo postergadas.

Coordinación General

Consejo Estatal de Seguridad Pública

Con más de una década de logros en disminución de los índices delictivos, autoridades y organizaciones de la sociedad civil de La Laguna, zona geográfica y económica situada en los límites entre los estados de Coahuila y Durango, presentaron a ciudadanos de Sinaloa los modelos de seguridad que han posicionado a la región como un referente nacional en el fortalecimiento de la paz social.

La comitiva sinaloense encabezada por el Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, acudió a Torreón con la finalidad de conocer los modelos de éxito y la coordinación existente entre autoridades federales, estatales, municipales y organismos ciudadanos de Coahuila y Durango.

El Consejo Cívico de las Instituciones La Laguna, representado por su director Marco Zamarripa, expuso el contexto regional de incidencia delictiva y el Modelo Laguna, mediante el cual se da seguimiento desde una perspectiva ciudadana a las políticas públicas en materia de seguridad. Asimismo, se presentaron las acciones de la Asociación Cívica de La Laguna, enfocadas en la formación de liderazgos ciudadanos para la construcción de la paz.

Como parte de la agenda, se realizó una visita al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) y a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, donde se detallaron acciones de equipamiento, dignificación policial y asignación presupuestal, que han dado como resultado el fortalecimiento de sus instituciones.

También se presentó el trabajo de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila, destacando las labores de búsqueda y atención a víctimas y familiares, así como los bajos índices de impunidad y los avances en procuración de justicia en este delito de alto impacto.

Finalmente, se presentó el Mando Especial de La Laguna, esquema de coordinación interinstitucional clave para la reducción de delitos de alto impacto en la región, el cual esta conformado por autoridades federales, estatales, municipales de ambas entidades.

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora conocer el modelo de seguridad de La Laguna, un referente nacional por sus buenos indicadores. Aquí hemos observado una fórmula que combina la articulación del sector empresarial, el liderazgo de los mandos militares, el profesionalismo de las policías civiles y la voluntad gubernamental para dotar de presupuestos suficientes”, expresó Miguel Calderón Quevedo.

Detalló que este intercambio de experiencias reafirma la importancia de la coordinación entre sociedad civil y autoridades como un elemento fundamental para construir entornos seguros, y abre la posibilidad de que el Modelo Laguna sea replicado en Sinaloa u otras entidades.

El comparativo anual de denuncias 2024–2025 muestra incrementos sostenidos en delitos de alto impacto como homicidio doloso, feminicidio, robo de vehículo y privación de la libertad, lo que obliga a evaluar la efectividad de las estrategias de seguridad y justicia implementadas en el estado

El Comparativo de Denuncias enero-diciembre 2024 contra enero-diciembre 2025, elaborado por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CG CESP), confirma que Sinaloa enfrenta un escenario de violencia persistente, particularmente en los delitos de mayor impacto social y letalidad, estrechamente vinculados al conflicto entre grupos del crimen organizado que se intensificó desde septiembre de 2024.

De los 15 delitos monitoreados, 12 registraron incrementos durante 2025, mientras que solo tres presentaron reducciones.

Entre los delitos que disminuyeron se encuentran el robo a casa habitación, con una baja del 22%; el robo bancario, que cayó 43%; y la violencia familiar, con una reducción marginal del 3%. Si bien estas disminuciones ofrecen señales puntuales de mejora, su impacto es limitado frente al crecimiento generalizado de la criminalidad.

El homicidio doloso destaca por su gravedad. En 2025 se registraron 1,653 denuncias, lo que representa un incremento del 66% respecto a 2024 y 210% más en comparación con 2023. Se trata de la cifra más elevada desde 2011 y del tercer año consecutivo de aumento, consolidando una tendencia que refleja un problema estructural de violencia letal en la entidad.

El análisis mensual muestra que todos los meses de 2025 superaron las 100 denuncias por homicidio doloso, con un promedio diario de 4.5 víctimas. Junio fue el mes más crítico, al concentrar 207 denuncias, equivalente a 6.9 homicidios diarios.

Aunque no se observa una tendencia lineal, la persistencia de niveles elevados confirma una afectación profunda a la seguridad y a la percepción ciudadana.

Junto al homicidio doloso, otros delitos de alto impacto presentaron incrementos significativos. El feminicidio aumentó 132%, convirtiéndose en uno de los delitos con mayor crecimiento relativo; el robo de vehículo se incrementó 70%, al pasar de 4,019 a 6,851 denuncias; y la privación de la libertad creció 44%. Estos delitos reflejan dinámicas asociadas al control territorial y a la violencia ejercida por la delincuencia organizada.

El comparativo entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 refuerza esta lectura. Aunque se registraron reducciones en homicidio doloso y feminicidio, aumentaron delitos como narcomenudeo, extorsión, robo de vehículo, violencia familiar y privación, lo que sugiere que la problemática de seguridad no responde únicamente a factores coyunturales.

La CG CESP subraya que el análisis mensual y anual permite distinguir entre delitos coyunturales y problemáticas estructurales, lo que representa un avance para la toma de decisiones en materia de política pública.

Sin embargo, advierte que el incremento sostenido en feminicidio, homicidio doloso, privación de la libertad y robo de vehículo hace indispensable evaluar la efectividad de las políticas de seguridad implementadas.

“Más allá de la coyuntura de inseguridad, deben darse acciones de mediano y largo plazo de prevención social, inteligencia y fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia, especialmente en cuanto a la adecuada aplicación de los recursos”, destaca el organismo en su análisis.

Las reducciones observadas en ciertos delitos, concluye, abren una ventana de oportunidad para identificar qué intervenciones están funcionando y bajo qué condiciones pueden replicarse en el estado.