Este sábado, el Ejecutivo estatal entregará al Congreso del Estado el proyecto de Presupuesto de Egresos 2026. Desde la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CG CESP), hacemos un respetuoso, responsable y urgente llamado a las diputadas y los diputados para que asignen un presupuesto suficiente en materia de Seguridad y Justicia, acorde a las necesidades críticas que vive Sinaloa.
El contexto no admite indiferencia: nuestro estado acumula casi 14 meses de una confrontación interna entre grupos del crimen organizado que ha derivado en un aumento exponencial de delitos de alto impacto, como homicidios dolosos, desapariciones y robos de vehículo. Este escenario exige fortalecer, no debilitar, las capacidades institucionales.
En 2025, Sinaloa aprobó un presupuesto total de $70,004 millones, destinando $3,472 millones a Seguridad y Justicia —apenas el 5% del total, con un gasto por habitante equivalente a $1,145.87.
Aunque esto representó un incremento del 13.62% respecto a 2024, el rezago histórico continúa siendo profundo. Desde 2018 a 2025, el déficit acumulado supera los 4 mil 877 millones de pesos, considerando únicamente la inflación. Durante varios años, el presupuesto retrocedió o se estancó; hoy pagamos las consecuencias.
La comparación regional confirma la urgencia de corregir el rumbo. El estado de Sonora, con una población ligeramente menor, propuso para 2026 una inversión de $9,451 millones en Seguridad y Justicia —más del 10.2% de su presupuesto total de $92,571 millones, con un gasto por habitante de $3,214.77, casi tres veces el de Sinaloa.
Este esfuerzo se traduce en incrementos significativos a su Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública, impulsando un sistema fortalecido y con mejores expectativas de desempeño.
La pregunta es clara: si no se invierte estratégicamente en Seguridad y Justicia, ¿qué puede pasar?
- Se mantiene una fuerza operativa insuficiente.
- La investigación de delitos seguirá rebasada.
- El sistema judicial se congestiona aún más.
- Aumenta la percepción y la realidad de impunidad.
- Se debilita la legitimidad de las instituciones.
Cada año que no se decide invertir con visión de Estado, el costo no se mide solo en pesos, se mide en delitos no resueltos, familias desprotegidas, cuerpos policiacos agotados y ciudadanos que pierden confianza.
Detrás de cada peso destinado a Seguridad y Justicia hay una vida que puede salvarse, una comunidad que puede estabilizarse, un futuro que puede recuperarse.
Hoy, Sinaloa tiene ante sí una oportunidad histórica. Esta discusión presupuestal puede marcar el inicio de una etapa de mayor paz, certeza y bienestar para las y los sinaloenses. Para ello, necesitamos un presupuesto que responda al tamaño del reto y que permita corregir el rezago acumulado.
Desde la CG CESP, exhortamos respetuosamente al Congreso de Sinaloa a priorizar la Seguridad y la Justicia como pilares esenciales del desarrollo. Invertir más y mejor no es solo una estrategia técnica, es un compromiso ético con quienes viven, trabajan y sueñan en este estado.
Porque un sistema fortalecido no solo reduce el delito, también mejora el bienestar, promueve la inversión y reconstruye el tejido social.
La decisión está en sus manos. Sinaloa necesita un sistema de Seguridad y Justicia capaz de proteger a su gente. Porque la paz también se construye en el presupuesto.
