Culiacán y Mazatlán concentraron el 75% de las denuncias por este delito; predomina el uso de arma de fuego

En contraste con los 3,985 vehículos robados en 2024, un total de 499 unidades fueron recuperadas en el mismo año, lo que representa que 1 de cada 8 vehículos despojados son encontrados.

De acuerdo con el análisis Ciudadanos Evaluando, realizado por el área de Investigación de la Coordinación General del CESP, este delito creció 6 por ciento de 2023 a 2024, por lo que se trata del quinto delito de mayor aumento anual, después de la privación ilegal de la libertad, extorsión, homicidio doloso y robo a local comercial.

Para dimensionar el impacto, si los casi 4 mil vehículos robados fueran colocados uno tras otro sobre la avenida principal de Culiacán, la Álvaro Obregón, darían una vuelta completa, desde La Lomita hasta la colonia Rotarismo, al final de la zona urbana, y de regreso.

La impunidad en el robo de vehículos durante 2024 alcanzó el 99.63 por ciento.

El análisis indica que, durante el 2024, el promedio diario en Sinaloa era de 11 vehículo robados, cifra que se disparó en el último cuatrimestre (septiembre-diciembre), donde el promedio aumento a 18 unidades al día.

Robos cada vez más violentos

Otro dato que arroja Ciudadanos Evaluando es la forma en que se cometen estos delitos: en 6 de cada 10 denuncias se reportó el uso de violencia, el doble del promedio nacional, que es de 3 de cada 10. Esto sugiere no solo un aumento en la cantidad de robos, sino también en la agresividad con la que se llevan a cabo.

Culiacán y Mazatlán concentraron el 75% de todas las denuncias en el estado, con la capital sinaloense acaparando el 57% del total por sí sola. Esto confirma la tendencia histórica de Culiacán como el principal punto de conflicto en materia de seguridad.

¿Qué tipo de vehículos se roban más?

Los más afectados fueron las motocicletas, con 1,269 robos, lo que equivale a casi un tercio del total. Les siguen los sedanes (970), pick-ups (671) y SUVs (418).

El repunte de robos de vehículos en Sinaloa, con una tasa de recuperación de apenas 12.5% y un patrón de impunidad de casi el 100 por ciento, sugiere la urgencia de acciones coordinadas y efectivas de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, especialmente en municipios como Culiacán y Mazatlán que concentran el grueso de las denuncias por este delito.

La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública presenta el estudio Ciudadanos Evaluando 2024, el cuál arroja insumos para comprender a profundidad el impacto de la violencia del crimen organizado en la ciudadanía

Las tres fracturas del cártel dominante en Sinaloa y sus impactos en la sociedad, que se han dado en los 20 años recientes, son prueba de que para frenar la violencia es urgente complementar la visión punitiva, es decir, el uso institucional de la fuerza, con un enfoque que trabaje la No Repetición desde articuladas políticas públicas, expresó Miguel Calderón Quevedo.

Al presentar el Estudio Ciudadanos Evaluando 2024, el Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública acompañado del consejero ciudadano Gustavo Rojo, reconoció el trabajo de los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno, así como de las fuerzas armadas, pero que es muy frágil la estabilidad que por episodios se logra, pues es vulnerable a estas dinámicas internas del crimen organizado, a pesar de los esfuerzos del Estado.

 “Para instaurar la paz duradera necesitamos complementar los esfuerzos policiales con un verdadero y eficaz sistema de justicia restaurativa, en el que se cumplan los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”, urgió.

La Coordinación General del CESP presentó Ciudadanos Evaluando, el cual es un estudio anual sobre el comportamiento de la incidencia delictiva en correlación con los impactos socioeconómicos, en contextos municipales, estatal y nacional, así como en perspectivas de tiempo.

Para la edición 2024, por ejemplo, el análisis de datos se hizo desde tres perspectivas de tiempo distintas: En 20 años, anual y en el cierre del año, es decir, los últimos 4 meses, lo que constata el patrón repetitivo de la violencia provocada por el crimen organizado y, por lo tanto, la necesidad de ser innovadores en la búsqueda de una paz duradera.

Calderón Quevedo detalló que el conflicto armado de la delincuencia organizada marcó el perfil de la incidencia delictiva en 2024. Mientras que en 2023 predominaron delitos estrictamente del fuero común, los delitos relacionados con el crimen organizado registraron un incremento significativo. Destacan los siguientes aumentos en la incidencia delictiva:

• Privación ilegal de la libertad: +93%
• Extorsión: +88%
• Homicidio doloso: +86%
• Robo a local comercial: +11%
• Robo de vehículo: +6%

“Nos llamó la atención del análisis de lo que sucedió en 2024 los delitos que tienen una particularidad en términos de incidencia delictiva… la privación ilegal de la libertad con cifra récord histórica, nunca antes en la historia de Sinaloa se habían tenido tantas carpetas por este delito; la extorsión con un comportamiento atípico; el homicidio doloso con cifras altas, con enfasís en el crecimiento de los homicidios de mujeres”. Agregó.

Ante las recurrentes crisis de seguridad en el estado, la Coordinación General del CESP hace las siguientes recomendaciones:

1. Incrementar significativamente el presupuesto público destinado a seguridad y justicia, dado que Sinaloa se encuentra entre los estados con menor inversión en este rubro.
2. Aumentar el número de elementos de seguridad en Policía Estatal y Municipal, así como en la Fiscalía General del Estado, incluyendo agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos.
3. Adoptar modelos exitosos de justicia penal acusatoria, como el Sistema Cosmos de Querétaro, para reducir la impunidad y mejorar la efectividad del sistema judicial.
4. Reformar el sistema penitenciario estatal, con la construcción de dos nuevos centros penitenciarios para hombres y mujeres, ante la crisis de hacinamiento, fugas y contrabando de armas.
5. Atender la problemática de la privación ilegal de la libertad, reforzando herramientas institucionales para su prevención y contención.
6. Implementar políticas de desmovilización y reinserción social para jóvenes involucrados en el crimen organizado.

Para consolidar una estrategia de prevención y persecución efectiva que garantice la paz sostenible que demanda la ciudadanía, Calderón Quevedo insistió en que la urgencia de la No Repetición debe convertirse en un compromiso conjunto entre gobierno, sociedad, sector empresarial y academia, porque sin acciones concretas, la violencia seguirá siendo una constante en la vida de los sinaloenses.

Según el análisis de la CG CESP, el conflicto del crimen organizado también ha impactado en la vida e integridad de las mujeres

Si bien la incidencia de feminicidios se redujo en un 12 por ciento en 2024 con 29 denuncias, los homicidios dolosos de mujeres ocurrieron 5 veces más con un acumulado de 26 denuncias contra 5 del año anterior.

Los dos tipos de delitos suman un total de 55 mujeres víctimas quienes perdieron la vida de forma violenta.

“Las mujeres también han sido víctimas de la violencia provocada por el conflicto entre grupos de la delincuencia organizada, pues de acuerdo con las tipificaciones de la Fiscalía General del Estado, se han asesinado a 26 mujeres más allá de los móviles de género, que suelen distinguirse, por ejemplo, en el desprecio, la discriminación o el sometimiento”, explicó Miguel Calderón Quevedo, Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

“Esto significa un cambio en los patrones de años anteriores en los que el feminicidio superó al homicidio doloso de mujeres”, agregó.

La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública realizó el análisis de los delitos que afectaron a las mujeres de Sinaloa durante el año pasado, a propósito al Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo.

Calderón Quevedo expresó que estos hechos y estadísticas alertan aún más, por lo que hay que colocar la mirada sobre las políticas públicas transversales que desde la Secretaría de la Mujer se puedan impulsar y hacia la Fiscalía Estatal para que se haga justicia y se encarcelen a los culpables.

Delitos que registran mayor número de víctimas de este género

Violencia familiar

En 2024 se registraron 6,788 denuncias por violencia familiar, con un incrementó de 3% sobre las 6,611 denuncias de 2023.

Dichas denuncias derivaron un total de 7,265 víctimas en Sinaloa por violencia familiar en 2024, de las cuales 5,860 víctimas (80.66%) corresponde a mujeres, es decir, las mujeres es el grupo de mayor vulnerabilidad con 8 de cada 10 víctimas por violencia familiar.

Violación:

En 2024 se presentaron 363 denuncias, con un alza de 1% respecto a las 360 del mismo lapso de 2023.

Estas denuncias registraron un total de 370 víctimas por el delito de violación en Sinaloa, el 90.27% corresponde a mujeres, es decir, 9 de cada 10 víctimas por violación corresponde a mujeres.

Lesiones dolosas:

En 2024 se presentaron 3,579 denuncias, 3% menos en relación a las 3,703 registradas de enero a diciembre de 2023.

De las 3,594 víctimas por lesiones dolosas en 2024, el 64.16% correspondió a mujeres, el 35.61% a hombres y el 0.32% no determinadas.

Es decir, casi 7 de cada 10 víctimas de lesiones dolosas en Sinaloa son mujeres, lo que indica una relación directa con el delito de violencia familiar, en el cual 8 de cada 10 las víctimas también son mujeres.

Un análisis de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública destaca que en enero de 2025 aumentaron los homicidios dolosos un 165%, la privación de la libertad un 201% y el robo de vehículo un 140%, con respecto al mismo mes del año pasado

Al cierre de enero de 2025, el primer mes del año, todavía se aprecia lejano recobrar el nivel de incidencia delictiva que mantenía Sinaloa antes del 9 de septiembre, cuando inició el actual conflicto entre grupos del crimen organizado.

Por ejemplo, el análisis mensual de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CG CESP) arroja que los primeros 31 días del año sumaron 138 homicidios dolosos, un promedio de 4.45 diarios, lo que representó un aumento del 165% respecto a los 52 que ocurrieron en ese mismo mes en 2024.

De la misma manera, la privación de la libertad es otro delito de alto impacto que está a una amplia distancia del nivel que registró en el mismo periodo de 2024. Así, tenemos que enero de 2025 terminó con 223 denuncias, un aumento del 201% sobre los 74 de enero de 2024.

“En las semanas recientes hemos sido informados de aseguramiento importantes de armas, drogas y personas, sin embargo, también esperamos que esos resultados se reflejen en la disminución de la incidencia delictiva, al menos, como un primer paso, a los niveles preconflicto de la delincuencia organizada”, expresó Miguel Calderón Quevedo, Coordinador General del CESP.

El robo de vehículo es el otro delito que ha estado a la orden del día. En enero de 2025 se presentaron 614 denuncias, lo que significa un alza de 140% respecto a los 256 que se presentaron en el mismo periodo del año pasado.

Los otros delitos que incrementaron fueron el narcomenudeo, en un 94%; lesiones dolosas, en un 18%, y robo a comercio, el 15%. En enero también ocurrió un robo bancario, mientras que en el mismo mes de 2024 cerró en cero.

Del comparativo entre los meses de enero de 2024 contra enero de 2025, se desprende que 7 de los 15 delitos a los que la Coordinación General del CESP da seguimiento tuvieron reducciones: secuestro de 100%, feminicidio de 100%, homicidio culposo de 40%, extorsión de 31%, violación de 29%, robo a casa de 15% y violencia familiar de 2%.

Un aumento presupuestal significativo para los rubros de seguridad y justicia; mayor atención a los delitos de alto impacto y acciones inmediatas para disminuir los estragos de la violencia son algunas de las acciones que se requieren para mitigar afectaciones sociales y económicas

Ante la crisis de inseguridad que se vive en Sinaloa desde hace más de 3 meses, la Coordinación General del CESP llamó a las autoridades del Ejecutivo estatal y del Legislativo a reforzar las acciones que permitan blindar el 2025 de los impactos sociales y económicos de la violencia.

Entre las propuestas que realizó este observatorio ciudadano en conferencia de prensa, está el fortalecimiento presupuestal para los rubros de seguridad y justicia.

Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, explicó que en Sinaloa se asigna menor presupuesto per cápita a dicho rubros, en comparación con Chihuahua y Sonora, de acuerdo con un análisis propio de este observatorio.

Por lo tanto, dijo, se realizó un planteamiento por escrito al Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, en el que se le pide asignar recursos presupuestales suficientes, que considere un incremento al presupuesto de, por lo menos, en un 40% para el 2025.

“Desde el 2017 nos hemos estacionado, o el presupuesto ha ido a la baja… sentimos que la asignación presupuestal no tiene nada que ver con el problema, el tamaño (del problema) es 10 veces más grande de lo que se asigna”, expuso.

Ante este análisis, realizó un llamado a los diputados, diputadas, a las comisiones que engloban el tema presupuestal y de seguridad y justicia para que realicen las reasignaciones significativas,  indicando que este es el momento para abonar en una necesidad que por décadas ha afectado a Sinaloa.

“Este tema engloba una necesidad histórica y urgente para aspirar a una paz que no sea frágil o momentánea, si no a una paz definitiva, duradera, que no nos tenga en medio de la ansiedad”, expresó.

Acompañado de Laura Guzmán Torróntegui, presidenta de la Canirac Culiacán, Calderón Quevedo pidió a las autoridades de Seguridad Pública y al Gobierno del Estado que implementen acciones inmediatas para disminuir las afectaciones sociales que ha dejado la violencia en los últimos meses, así como mayor atención en los delitos de alto impacto que han tenido un crecimiento desde septiembre.

El Coordinador General del CESP, Calderón Quevedo, expresó que

los delitos que se comenten de forma violenta, es decir, con el uso de arma de fuego como la privación ilegal y el homicidio doloso, han roto récords en los últimos meses, haciendo hincapié a que fue octubre el mes con mayor registro de denuncias.

“Somos una entidad con muchas armas circulando ilegalmente y en manos de la delincuencia”. indicó el Coordinador General.

Las 512 armas aseguradas del 9 de septiembre al 27 de octubre tan solo son una muestra del alto nivel de armamento que circula en el estado; esta cifra representa el 91% de todas las decomisadas en 2023, de acuerdo con datos de Ciudadanos Evaluando

En 48 días del conflicto violento en el centro y sur de Sinaloa se han asegurado 512 armas, cifra que equivale al 91 por ciento de todo el armamento decomisado por las autoridades en 2023.

Para la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, este indicador es de gran preocupación porque revela el alto nivel de armamento que ha circulado y circula en Sinaloa, aún más si se considera la cifra negra.

“Al mostrar estos datos también aprovechamos para ser puntuales en la petición: desarmar a la delincuencia es una estrategia que se debe consolidar para disminuir la capacidad de letalidad de los delincuentes. Entre menos armas y municiones circulen menos tragedias mortales habrá”, dijo Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

De acuerdo con el análisis de Ciudadanos Evaluando, que elabora el área de investigación de la Coordinación General del CESP, en 2023 fueron aseguradas 563 armas, tanto largas como cortas, por parte de las corporaciones de seguridad pública federales, estatales y municipales.

Mientras que, en la conferencia Semanera del lunes 28 de octubre, el Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, informó que del 9 de septiembre al 27 de octubre se había logrado el aseguramiento de 432 armas largas y 80 cortas, además de 2 mil 389 cargadores, 145 mil 608 cartuchos, mil 355 casquillos, artefactos explosivos, 71 granadas y 246 vehículos asegurados, de los cuales 46 son blindados.

Entre armas largas y cortas suman un total de 512, apenas 51 menos que las aseguradas en todo 2023.

Delitos comunes también tienen alta incidencia de armas

En el contexto presente es fácil asociar el poder de armamento con los grupos de crimen organizado, sin embargo, en Sinaloa es un fuerte problema que también se refleja en los delitos comunes.

El análisis de Ciudadanos Evaluando 2023, elaborado por el área de investigación de la Coordinación General del CESP, arroja que 3,822 delitos del fuero común cometidos el año anterior fueron perpetrados con algún tipo de arma de fuego.

Esto significa que, en 2023, hubo 7 veces más delitos cometidos con armas de fuego que armamento ilegal asegurado.

Incluso, en 4 de los delitos a los que la Coordinación General del CESP da seguimiento, Sinaloa se ubicó por arriba de los porcentajes nacionales en el uso de arma de fuego.

Ante estos niveles alarmantes de circulación de armas, la Coordinación General del CESP demanda tanto al gobierno federal como estatal que, a partir del conflicto presente, concentren mejor los recursos de inteligencia, de agentes, presupuestales y legales para detener el flujo ilegal e impune de armas, que empodera no solo a narcotraficantes sino a criminales comunes.

De la misma manera, este órgano ciudadano exige que se prevenga, investigue y sancione la corrupción que permite que las armas ilegales circulen libremente por nuestras calles.

Consulta el estudio Ciudadanos Evaluando 2023 aquí:

https://coordinaciongeneralcesp.org.mx/wp-content/uploads/2024/10/Ciudadanos-Evaluando-2023.pdf

En rueda de prensa en la Ciudad de México, una comitiva de la sociedad civil aborda la situación que enfrentan las y los sinaloenses ante la pugna de dos grupos del crimen organizado en la entidad

La implementación de medidas urgentes para evitar un colapso económico y social en Sinaloa demandaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Gobernador Rubén Rocha Moya, así como a los distintos niveles de gobierno, en rueda de prensa realizada en la CDMX.

Al cumplirse un mes de violencia en Sinaloa, derivado del enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado, Miguel Calderón Quevedo, Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa; Laura Guzmán Torróntegui, vicepresidenta de la zona norte de Canirac nacional, así como Óscar Loza Ochoa, fundador e integrante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, dieron lectura al pliego de necesidades inmediatas para prevenir una mayor escalada de violencia.

“Tenemos en puerta una Emergencia Social por el daño causado a las trabajadoras y trabajadores; a las juventudes; a las y los pequeños y medianos empresarios, a comerciantes; a docentes y a familias, principalmente, las más vulnerables.  En resumen: peligra el tejido social que debería sostener nuestras comunidades.”, expuso Calderón Quevedo.

Las medidas exigidas son:

-Declaratoria de emergencia económica, que comprenda:

* Programa exprés de créditos blandos para pymes, sin requisitos de buró de crédito.

* Suspensión de pago de impuestos, como ISR e ISN; pagaderos a 6 meses, para empresas y negocios afectados.

* Analizar la viabilidad de descuentos y prórrogas de pago de energía eléctrica y agua potable. Ante esta grave crisis de seguridad, dar instrucciones inmediatas a fin de no realizar cortes de ambos servicios al sector productivo.

-Prioridad en acciones de desarme de la delincuencia organizada.

-Efectiva reparación del daño a víctimas de los diversos delitos cometidos en este periodo.

-La pronta y expedita depuración y puesta en marcha de la Policía Municipal de Culiacán.

-Que los operativos policiales y de fuerzas federales sean efectivos para recobrar la tranquilidad de la ciudadanía y la reactivación de las actividades sociales, comerciales, culturales, recreativas y deportivas.

-Aliviar el miedo que tiene semiparalizada la ciudad de Culiacán con información objetiva, útil y oportuna, complementada con una estrategia de salud pública dirigida al bienestar socioemocional de la población.

La comitiva de sinaloense expuso la compleja situación que se ha vivido en el primer mes de inestabilidad causada por la violencia en el centro y sur del estado, desde los 192 homicidios dolosos, 224 desapariciones forzadas y 200 familias desplazadas en el su de la entidad, hasta los 1,500 negocios con horarios recortados, los 180 establecimientos cerrados definitivamente y la pérdida de casi 2 mil empleos formales en septiembre. 

“El tema económico no aguanta más”, expresó Guzmán Torróntegui, “porque no tenemos el circulante necesario para poder afrontar los compromisos con empleados, con la banca y, sobre todo, con instituciones fiscales.

“Tenemos hambre de resolver el tema económico porque, si no, va a desatar una violencia civil mucho más contundente”.

Además de las acciones inmediatas para evitar el colapso, la comitiva también exigió al Gobierno de México que convoque a un debate serio y profesional con el fin de definir las políticas públicas encaminadas a la reducción del crimen organizado a su mínima expresión y construir la paz duradera.

“Queremos un gobierno que escuche, que dialogue y que comprenda que la verdadera transformación de nuestra sociedad depende de su capacidad de trabajar de la mano con los ciudadanos”, expuso Calderón Quevedo.

Loza Ochoa expresó que los problemas sociales causados por el crimen organizado merecen atención a las causas, como define el Gobierno de México, sin embargo se tiene que trabajar de manera más profunda, no sólo con becas.

“No va a ser con policías y concebir el problema como policías, ladrones o el Ejército contra la gente mala como vamos a resolver el problema. Eso nos puede ayudar y nos puede ayudar como nos está ayudando actualmente. Pero faltan otras cosas en las cual hay que involucrarnos también, incluida la sociedad civil”, dijo.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa destacó que, si bien se ha avanzado en la atención a este tema, todavía se arrastran rezagos para la justicia de las víctimas y sus familias, así como en la mitigación de este delito.

Por ejemplo, recordamos que aún no se ha instalado formalmente el Sistema Estatal de Búsqueda, a pesar de que la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa así lo obliga y le confiere importantes atribuciones.

La CG del CESP destacó que otro pendiente es emitir la convocatoria para conformar el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, tarea que le corresponde al Ejecutivo estatal y al Congreso del Estado.

Y que, a más de cuatro años que fue creada la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, aún no se cuenta con el Plan Estatal de Búsqueda.

Avances en políticas públicas para la DFP

La Coordinación General del CESP expone entre los avances en este tema, que Sinaloa es una de las 19 entidades federativas que cuentan con una ley estatal armonizada a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Otro avance es la creación del Centro de Resguardo e Identificación Humana, por lo que este observatorio ciudadano espera que entre en funciones en los próximos meses. 

Histórico de desaparición forzada en Sinaloa

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene contabilizados, del 31 de diciembre de 1953 al 28 de agosto de 2024, un total de 13 mil 745 casos en Sinaloa.

Las primeras 72 horas son clave

Dentro del Estudio sobre Desaparición Forzada elaborado por este observatorio ciudadano se indica que luego de la desaparición de una persona, las primeras 72 horas son claves. Según las estadísticas, de 2013 a 2023 en Sinaloa fueron localizadas con vida 2 mil 274 personas. En las primeras 72 horas fueron encontradas mil 169, es decir, el 51.4 por ciento.

Desapariciones duplican los homicidios dolosos

Desde 2019, en Sinaloa ha ocurrido un fenómeno: las denuncias por privación, que incluye a la desaparición forzada de personas y cometida por particulares, han rebasado a los homicidios dolosos.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa indican que este 2024 esa tendencia no solo se mantiene, sino que se refuerza. De enero a julio del presente año suman 672 denuncias por privación, contra 297 por homicidio doloso. Incluso, en el acumulado de denuncias desde 2015 hasta julio de 2014, las denuncias por privación (8 mil 346) ya superan a los homicidios dolosos (8 mil 233).

Tal como lo marca la convocatoria del proceso de selección de Fiscal General del Estado, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública presentó hoy al Gobernador Rubén Rocha Moya la quinteta de los perfiles más idóneos para ocupar este importante cargo.

Las personas seleccionadas son:

1. Claudia Zulema Sánchez Kondo
2. Dámaso Castro Zaavedra
3. Marlen Medina López
4. Mónica Cecilia Luna Barrientos
5. Myrelle Oralia Lozoya Molina

En reunión con el Gobernador, Miguel Calderón Quevedo, Coordinador General del CESP, informó que, para seleccionar a los cinco perfiles idóneos, los consejeros ciudadanos analizaron criterios de evaluación, tomando en cuenta sus hojas de vida, comparecencias, conocimiento público, experiencia institucional, entre otros.

“Vale puntualizar que nuestra labor fue totalmente abierta, inclusiva, objetiva, transparente y democrática, con la firme misión de buscar al o la Fiscal General que Sinaloa merece”, expresó Calderón Quevedo.

El Coordinador General del CESP reconoció la participación de las y los 25 perfiles, quienes dieron un paso adelante para aspirar a ser titulares de uno de los cargos más retadores y complejos que hay.

En dicha reunión estuvieron presentes los consejeros ciudadanos, Juan Burgos Franco, Rodolfo Campoy de la Vega, Georgina Ruiz Zazueta, Alicia María Sánchez Arellano, Enrique Ibarra Calderón, Enrique Rodarte Espinoza de los Monteros, Reginel Gaxiola Armenta, Jorge Julián Chávez Murillo, Joane Hernández Morga y Carlos García Félix.

El proceso se realizó de manera pública y conforme a los tiempos indicados dentro de la convocatoria, con la difusión de cada una de las etapas, transmisiones en vivo de las comparecencias de todos los aspirantes, así como también con información puntual para la ciudadanía.

Entregada la quinteta, el Gobernador del Estado seleccionará la terna que será presentada al Congreso del Estado, quien finalmente nombrará al nuevo o la nueva Fiscal General.