Durante el 2025, un total de 104 mujeres fueron asesinadas en Sinaloa, víctimas de feminicidio y homicidio doloso, lo que convirtió a este año en uno de los más trágicos para las mujeres sinaloenses.

De acuerdo con el análisis realizado por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CGCESP), durante el año pasado se registró el mayor número de mujeres víctimas de un crimen en los últimos 13 años, con 73 feminicidios y 31 homicidios dolosos. Sumando un total de 104.

Esta cifra representa una incidencia 89% mayor contra los 55 casos registrados durante el 2024, lo que evidencia un aumento alarmante en los crímenes en contra de mujeres en el estado.

El Coordinador General del CESP, Miguel Enrique Calderón Quevedo, señaló que la actual crisis de seguridad ha tenido consecuencias graves para las mujeres.

“La crisis de seguridad ha tenido consecuencias muy trágicas. Una de ellas es el aumento de casos de feminicidio. En este fenómeno como en otros es importante la acción gubernamental, pero también muy relevante la reflexión colectiva para alejarnos de una vez y para siempre de esta vergonzosa cultura apegada a la violencia”, expresó.  

Sinaloa con la tasa más alta en feminicidios en el país

• En 2025 Sinaloa presentó la tasa más alta a nivel nacional por feminicidio con 4.44 feminicidios por cada 100 mil mujeres, seguido de Morelos con 3.43 y Chihuahua con 2.49.
• En relación a la forma de comisión de los 73 feminicidios: 58 con arma de fuego (79.45%), 5 con asfixia (6.8%), 3 con arma blanca (4.10%), 3 con contusiones (4.10%), 2 calcinadas (2.7%), 1 causas no determinadas (1.3%) y 1 por estrangulación (1.3%).

Delitos que presentan alto número de víctimas mujeres

Violencia familiar

Violación

Lesiones dolosas

• En medio de la crisis de seguridad iniciada en septiembre de 2024, 55% de la población ha pensado en mudarse.
• La violencia modifica hábitos y reduce la vida comunitaria de los culiacanenses.
• El miedo a represalias y la desconfianza en la autoridad alimentan la impunidad.

La idea de dejar Culiacán ya no circula solo en memes o conversaciones informales. La crisis de violencia que padece la capital de Sinaloa desde septiembre de 2024 comienza a reflejarse en decisiones de vida de familias que han decidido dejar su colonia o incluso la ciudad.

La encuesta de percepción de seguridad Lo que piensa Culiacán, realizada a mediados de noviembre de 2025 para la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, revela que más de la mitad de la población ha pensado en mudarse o cambiar de colonia por la inseguridad, un indicador de desplazamiento urbano impulsado por el miedo, sobre todo cuando casi 8 de cada 10 entrevistados fue o conoce a alguna víctima de la violencia. 

De acuerdo con los resultados, 55.3% de las personas encuestadas ha considerado dejar su colonia, mientras que 3.1% ya lo hizo o se encuentra en proceso. Solo 41.5% afirma no haberlo pensado. 

Aunque la mayoría de estos movimientos son aún internos —cambios de colonia dentro de la ciudad—, podrían representar el primer paso antes de una salida definitiva de la ciudad si la violencia persiste.

La violencia como experiencia cotidiana

La encuesta muestra que la inseguridad dejó de ser una percepción abstracta. El 78.2% de la población ha sido víctima directa o conoce a alguien cercano que sufrió un delito o acto de violencia en su colonia. Apenas 21.8% asegura no tener contacto directo con estos hechos.

Este nivel de exposición explica por qué la violencia ha modificado de manera profunda la vida cotidiana en la ciudad.

El impacto más inmediato es el repliegue social. El 85% de las personas reconoce haber cambiado sus hábitos por la inseguridad.

Evitar salir de noche, dejar de acudir a espacios públicos y limitar actividades sociales son hoy prácticas comunes de autoprotección entre la población.

Este comportamiento colectivo no solo reduce la vida comunitaria, sino que debilita la economía local al reducir la movilidad de personas en el día a día y profundiza la sensación de una ciudad insegura.

Miedo, desconfianza e impunidad

La encuesta también revela un grave problema de subregistro del delito. El 55% de las víctimas no presentó denuncia ante la autoridad. Las razones por las cuales no denuncia apuntan, en primer lugar, a la desconfianza a las autoridades.

• 44% no confía en la autoridad
• 29% teme represalias
• 25% considera inútil denunciar

Este escenario alimenta un círculo de impunidad que refuerza la percepción de abandono institucional.

En ese sentido, la percepción sobre el desempeño gubernamental en términos generales (los tres niveles) es mayoritariamente negativa. El 67% considera que el gobierno está rebasado o coludido con la delincuencia, mientras que solo 19% cree que existe una decisión real para combatirla.

Ya visto por sectores o instituciones, las corporaciones locales son sobre las que pesa un mayor nivel de desconfianza, superadas por las fuerzas militares, e incluso, por la sociedad organizada.

• Militares: 45%
• Ciudadanos organizados: 35%
• Fiscalías: 13%
• Policías: 7%

Cómo se realizó la encuesta Lo que piensa Culiacán

La encuesta Lo que piensa Culiacán fue elaborada por la empresa Deskover a solicitud de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

El estudio se realizó en la ciudad de Culiacán mediante llamadas telefónicas automatizadas, a hombres y mujeres mayores de 18 años, entre el 14 y el 18 de noviembre de 2025. 

Las llamadas, con una duración promedio de menos de tres minutos, se hicieron tanto a teléfonos fijos como celulares, seleccionados de manera aleatoria para garantizar que cualquier persona tuviera la misma probabilidad de ser contactada. 

En total se generaron más de 29 mil llamadas, de las cuales casi 8 mil fueron contestadas, un comportamiento normal en este tipo de ejercicios. La información fue revisada y depurada para asegurar su consistencia y confiabilidad, siguiendo estándares internacionales de investigación de opinión pública, con un nivel de confianza del 95% para la población adulta de Culiacán.

Desde la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública alzamos la voz una vez más ante la violencia que en Sinaloa se profundiza de manera ininterrumpida y que hoy muestra señales claras de una preocupante y aguda degradación.

Nuestra entidad enfrenta desapariciones forzadas, homicidios dolosos, robo de vehículos y robo a comercios, delitos que impactan de forma directa la vida cotidiana de miles de familias y han erosionado la confianza social y la tranquilidad de sinaloenses.

A este escenario se suma ahora la violencia política, como lo evidencian las agresiones contra el diputado Sergio Torres y la diputada Elizabeth Montoya, lo que condenamos con toda firmeza. Este ataque no puede entenderse como hecho aislado, sino como un signo alarmante de que la situación de inseguridad continúa deteriorándose.

Más grave aún cuando el ataque se perpetra al medio día y en una zona céntrica con alta concurrencia de peatones y conductores.

Es indispensable subrayarlo con claridad: la vida de las y los legisladores es tan valiosa como la de cada una de las personas que han sido víctimas de la violencia en Sinaloa. No existen jerarquías en el valor de la vida humana ni excepciones cuando se trata del derecho a vivir con seguridad.

Reconocemos los esfuerzos institucionales realizados para enfrentar este contexto. Sin embargo, también es evidente que aún estamos lejos de recuperar condiciones mínimas de estabilidad y seguridad que permitan a la ciudadanía desarrollar su vida diaria sin miedo.

La violencia dejó de ser episódica y se ha convertido en una condición persistente del entorno. Normalizarla no es una opción.

Por ello, desde la Coordinación General del CESP exigimos el fortalecimiento inmediato y verificable de los estándares de seguridad, con acciones eficaces que protejan a todas las personas, sin distinciones, y que frenen la escalada de violencia que desde hace más de un año amenaza la convivencia democrática y social.

Hoy lo decimos con claridad y responsabilidad institucional: alto a la violencia, ¡ya!

La seguridad, la paz y la vida no pueden seguir siendo postergadas.

Coordinación General

Consejo Estatal de Seguridad Pública

Con más de una década de logros en disminución de los índices delictivos, autoridades y organizaciones de la sociedad civil de La Laguna, zona geográfica y económica situada en los límites entre los estados de Coahuila y Durango, presentaron a ciudadanos de Sinaloa los modelos de seguridad que han posicionado a la región como un referente nacional en el fortalecimiento de la paz social.

La comitiva sinaloense encabezada por el Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, acudió a Torreón con la finalidad de conocer los modelos de éxito y la coordinación existente entre autoridades federales, estatales, municipales y organismos ciudadanos de Coahuila y Durango.

El Consejo Cívico de las Instituciones La Laguna, representado por su director Marco Zamarripa, expuso el contexto regional de incidencia delictiva y el Modelo Laguna, mediante el cual se da seguimiento desde una perspectiva ciudadana a las políticas públicas en materia de seguridad. Asimismo, se presentaron las acciones de la Asociación Cívica de La Laguna, enfocadas en la formación de liderazgos ciudadanos para la construcción de la paz.

Como parte de la agenda, se realizó una visita al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) y a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, donde se detallaron acciones de equipamiento, dignificación policial y asignación presupuestal, que han dado como resultado el fortalecimiento de sus instituciones.

También se presentó el trabajo de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila, destacando las labores de búsqueda y atención a víctimas y familiares, así como los bajos índices de impunidad y los avances en procuración de justicia en este delito de alto impacto.

Finalmente, se presentó el Mando Especial de La Laguna, esquema de coordinación interinstitucional clave para la reducción de delitos de alto impacto en la región, el cual esta conformado por autoridades federales, estatales, municipales de ambas entidades.

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora conocer el modelo de seguridad de La Laguna, un referente nacional por sus buenos indicadores. Aquí hemos observado una fórmula que combina la articulación del sector empresarial, el liderazgo de los mandos militares, el profesionalismo de las policías civiles y la voluntad gubernamental para dotar de presupuestos suficientes”, expresó Miguel Calderón Quevedo.

Detalló que este intercambio de experiencias reafirma la importancia de la coordinación entre sociedad civil y autoridades como un elemento fundamental para construir entornos seguros, y abre la posibilidad de que el Modelo Laguna sea replicado en Sinaloa u otras entidades.

El comparativo anual de denuncias 2024–2025 muestra incrementos sostenidos en delitos de alto impacto como homicidio doloso, feminicidio, robo de vehículo y privación de la libertad, lo que obliga a evaluar la efectividad de las estrategias de seguridad y justicia implementadas en el estado

El Comparativo de Denuncias enero-diciembre 2024 contra enero-diciembre 2025, elaborado por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CG CESP), confirma que Sinaloa enfrenta un escenario de violencia persistente, particularmente en los delitos de mayor impacto social y letalidad, estrechamente vinculados al conflicto entre grupos del crimen organizado que se intensificó desde septiembre de 2024.

De los 15 delitos monitoreados, 12 registraron incrementos durante 2025, mientras que solo tres presentaron reducciones.

Entre los delitos que disminuyeron se encuentran el robo a casa habitación, con una baja del 22%; el robo bancario, que cayó 43%; y la violencia familiar, con una reducción marginal del 3%. Si bien estas disminuciones ofrecen señales puntuales de mejora, su impacto es limitado frente al crecimiento generalizado de la criminalidad.

El homicidio doloso destaca por su gravedad. En 2025 se registraron 1,653 denuncias, lo que representa un incremento del 66% respecto a 2024 y 210% más en comparación con 2023. Se trata de la cifra más elevada desde 2011 y del tercer año consecutivo de aumento, consolidando una tendencia que refleja un problema estructural de violencia letal en la entidad.

El análisis mensual muestra que todos los meses de 2025 superaron las 100 denuncias por homicidio doloso, con un promedio diario de 4.5 víctimas. Junio fue el mes más crítico, al concentrar 207 denuncias, equivalente a 6.9 homicidios diarios.

Aunque no se observa una tendencia lineal, la persistencia de niveles elevados confirma una afectación profunda a la seguridad y a la percepción ciudadana.

Junto al homicidio doloso, otros delitos de alto impacto presentaron incrementos significativos. El feminicidio aumentó 132%, convirtiéndose en uno de los delitos con mayor crecimiento relativo; el robo de vehículo se incrementó 70%, al pasar de 4,019 a 6,851 denuncias; y la privación de la libertad creció 44%. Estos delitos reflejan dinámicas asociadas al control territorial y a la violencia ejercida por la delincuencia organizada.

El comparativo entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 refuerza esta lectura. Aunque se registraron reducciones en homicidio doloso y feminicidio, aumentaron delitos como narcomenudeo, extorsión, robo de vehículo, violencia familiar y privación, lo que sugiere que la problemática de seguridad no responde únicamente a factores coyunturales.

La CG CESP subraya que el análisis mensual y anual permite distinguir entre delitos coyunturales y problemáticas estructurales, lo que representa un avance para la toma de decisiones en materia de política pública.

Sin embargo, advierte que el incremento sostenido en feminicidio, homicidio doloso, privación de la libertad y robo de vehículo hace indispensable evaluar la efectividad de las políticas de seguridad implementadas.

“Más allá de la coyuntura de inseguridad, deben darse acciones de mediano y largo plazo de prevención social, inteligencia y fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia, especialmente en cuanto a la adecuada aplicación de los recursos”, destaca el organismo en su análisis.

Las reducciones observadas en ciertos delitos, concluye, abren una ventana de oportunidad para identificar qué intervenciones están funcionando y bajo qué condiciones pueden replicarse en el estado.

Este sábado, el Ejecutivo estatal entregará al Congreso del Estado el proyecto de Presupuesto de Egresos 2026. Desde la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CG CESP), hacemos un respetuoso, responsable y urgente llamado a las diputadas y los diputados para que asignen un presupuesto suficiente en materia de Seguridad y Justicia, acorde a las necesidades críticas que vive Sinaloa.

El contexto no admite indiferencia: nuestro estado acumula casi 14 meses de una confrontación interna entre grupos del crimen organizado que ha derivado en un aumento exponencial de delitos de alto impacto, como homicidios dolosos, desapariciones y robos de vehículo. Este escenario exige fortalecer, no debilitar, las capacidades institucionales.

En 2025, Sinaloa aprobó un presupuesto total de $70,004 millones, destinando $3,472 millones a Seguridad y Justicia —apenas el 5% del total, con un gasto por habitante equivalente a $1,145.87.

Aunque esto representó un incremento del 13.62% respecto a 2024, el rezago histórico continúa siendo profundo. Desde 2018 a 2025, el déficit acumulado supera los 4 mil 877 millones de pesos, considerando únicamente la inflación. Durante varios años, el presupuesto retrocedió o se estancó; hoy pagamos las consecuencias.

La comparación regional confirma la urgencia de corregir el rumbo. El estado de Sonora, con una población ligeramente menor, propuso para 2026 una inversión de $9,451 millones en Seguridad y Justicia —más del 10.2% de su presupuesto total de $92,571 millones, con un gasto por habitante de $3,214.77, casi tres veces el de Sinaloa.

Este esfuerzo se traduce en incrementos significativos a su Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública, impulsando un sistema fortalecido y con mejores expectativas de desempeño.

La pregunta es clara: si no se invierte estratégicamente en Seguridad y Justicia, ¿qué puede pasar?

• Se mantiene una fuerza operativa insuficiente.
• La investigación de delitos seguirá rebasada.
• El sistema judicial se congestiona aún más.
• Aumenta la percepción y la realidad de impunidad.
• Se debilita la legitimidad de las instituciones.

Cada año que no se decide invertir con visión de Estado, el costo no se mide solo en pesos, se mide en delitos no resueltos, familias desprotegidas, cuerpos policiacos agotados y ciudadanos que pierden confianza.

Detrás de cada peso destinado a Seguridad y Justicia hay una vida que puede salvarse, una comunidad que puede estabilizarse, un futuro que puede recuperarse.

Hoy, Sinaloa tiene ante sí una oportunidad histórica. Esta discusión presupuestal puede marcar el inicio de una etapa de mayor paz, certeza y bienestar para las y los sinaloenses. Para ello, necesitamos un presupuesto que responda al tamaño del reto y que permita corregir el rezago acumulado.

Desde la CG CESP, exhortamos respetuosamente al Congreso de Sinaloa a priorizar la Seguridad y la Justicia como pilares esenciales del desarrollo. Invertir más y mejor no es solo una estrategia técnica, es un compromiso ético con quienes viven, trabajan y sueñan en este estado.

Porque un sistema fortalecido no solo reduce el delito, también mejora el bienestar, promueve la inversión y reconstruye el tejido social.

La decisión está en sus manos. Sinaloa necesita un sistema de Seguridad y Justicia capaz de proteger a su gente. Porque la paz también se construye en el presupuesto.

El Encuentro Ciudadano concluyó que es deseable que el sector empresarial valore alternativas de apoyo a las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia; que la paz se construye desde lo local; que fortalecer las instituciones es una prioridad; y que la participación ciudadana debe gestionarse con respeto, diálogo e información confiable para alcanzar mejores resultados en materia de seguridad y justicia

La ciudadanía es clave para alcanzar la paz, coincidieron expertas y expertos en la materia quienes por dos días se reunieron en Culiacán en el Encuentro Ciudadano sobre Seguridad y Justicia que finalizó este viernes.

“Hoy se dio el primer paso para tratar un problema, reconocerlo, aceptarlo y tomar acción desde la ciudadanía en Sinaloa”, expresó Miguel Calderón Quevedo, Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, principal organizador, en un posicionamiento compartido frente a las personas invitadas y los medios de comunicación.

Entre las conclusiones de las jornadas de diálogo se subrayó que los casos de éxito en otros estados coincidieron en varios puntos: la paz se construye desde lo local; es indispensable fortalecer las instituciones de seguridad y justicia; el sector empresarial debe valorar formas de apoyar las capacidades institucionales; y la ciudadanía debe involucrarse con respeto, diálogo, información confiable y acuerdos que permitan mejorar los indicadores.

Calderón Quevedo agradeció a las y los asistentes, cuyos perfiles cubrieron la academia, sector empresarial, sociedad civil organizada y colectivos que escucharon y propusieron ideas en materia de seguridad y justicia.

Los grupos demostraron interés, estar informados y un diálogo con enfoque de soluciones para trabajar por Sinaloa.

Las y los conferencistas presentaron casos de éxito para lograr entornos más pacíficos aplicados en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, región Nayarit-Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas, así como las experiencias en Colombia y aprendizajes internacionales.

Coincidieron en que la entidad puede salir adelante de la crisis de seguridad por la que pasa actualmente, con las alianzas y estrategia correctas.

Si bien, el contexto de cada estrategia presentada es particular, el común denominador es que tomaron una crisis de inseguridad para coordinarse y empezar a actuar por la comunidad.

La información objetiva con datos reales y actualizados, coordinación con las autoridades y capacidad de diálogo propiciaron el fortalecimiento institucional y acciones claves para reducir la incidencia delictiva; que es lo que el CESP con acciones como este foro, busca para Sinaloa.

Conclusiones del Encuentro Ciudadano sobre Seguridad y Justicia en México

Liderazgos ciudadanos coincidieron en fortalecer instituciones, fomentar colaboración y construir paz desde lo local.

1. La paz se construye desde lo local.
   Las experiencias compartidas en distintos estados y países confirman que la construcción de paz inicia en las colonias, desde la participación ciudadana y la corresponsabilidad social.
2. Fortalecer las instituciones de seguridad y justicia.
   Existe consenso sobre la urgencia de consolidar y profesionalizar las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, garantizando su independencia, coordinación y capacidad operativa.
3. Fomentar la colaboración empresarial.
   Se considera deseable que el sector empresarial valore y promueva alternativas de apoyo a las capacidades institucionales, contribuyendo con recursos, innovación y acompañamiento técnico.
4. Impulsar una ciudadanía informada y participativa.
   Se hace un llamado a la ciudadanía a involucrarse de manera informada, propositiva y con enfoque en las soluciones, fomentando el diálogo y el respeto hacia los interlocutores institucionales.
5. Promover el uso de información seria y verificable.
   Las políticas y propuestas deben sustentarse en datos confiables que orienten decisiones, fortalezcan la confianza pública y faciliten la evaluación de resultados.
6. Reconocer la diversidad de modelos ciudadanos.
   Los consejos ciudadanos operan bajo distintos esquemas según sus contextos locales, pero todos coinciden en su misión de vincularse con las autoridades para mejorar la prevención del delito y el acceso a la justicia.
7. Apostar por la coordinación interinstitucional.
   Se destacó la importancia de la colaboración entre sociedad civil, empresariado, academia y gobiernos para generar sinergias efectivas y sostenibles.
8. Requerir voluntad política al más alto nivel.
   Los avances dependen de decisiones y compromisos concretos de las autoridades, más allá de intereses partidistas, para garantizar resultados y continuidad en las estrategias.
9. Valorar las experiencias nacionales e internacionales.
   Los modelos presentados de otros estados y de Colombia aportan aprendizajes replicables en materia de prevención, atención ciudadana y construcción de paz.
10. Reconocer este Encuentro como un punto de inflexión.
    El foro representa el primer paso para reconocer colectivamente la crisis de seguridad, asumir responsabilidades compartidas y actuar desde la ciudadanía hacia la transformación.

Presupuesto que atienda las necesidades reales de seguridad y justicia, así como la definición de tareas comunes entre autoridades y sociedad civil, son elementos que se deben comenzar a prever, llaman Miguel Calderón y Loza Ochoa

A un año del estallido de la crisis de inseguridad en Sinaloa, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Comisión Estatal de Derechos Humanos propusieron la realización de una agenda poscrisis orientada a la reconstrucción social, así como al fortalecimiento de la seguridad y la justicia en la entidad.

Miguel Calderón Quevedo, Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, y Óscar Loza Ochoa, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hicieron el balance anual de los impactos y daños de la violencia, así como de la incidencia delictiva que han sufrido las y los sinaloenses desde septiembre de 2024.

“Es momento de hablar de una agenda poscrisis. En algún momento esto cederá, entonces, hasta qué punto hemos estado hablado de lo que vendrá después… Es por eso la necesidad de ahora sí plantear esa lista de tareas después de la crisis”, puntualizó Miguel Enrique Calderón Quevedo, Coordinador General del CESP.

“Por ejemplo, sugerimos catalizar todos estos lamentables acontecimientos y sus dolorosas emociones, honrando a las víctimas con el repudio a toda acción violenta de nuestro entorno, asignando un presupuesto gubernamental de 2026 con esta perspectiva que fortalezca a nuestras policías y a la Fiscalía”.

Aumento de delitos de alto impacto

Dentro del análisis de las cifras, Calderón Quevedo detalló que los delitos de alto impacto, como son: homicidio doloso, privación que incluye la desaparición forzada de personas, robo de vehículo y robo a comercio, presentaron los mayores crecimientos desde el inicio del conflicto en septiembre 2024 hasta el cierre del mes de agosto 2025.

En lo que respecta al delito de homicidio doloso, se destacó que, a partir de septiembre 2024, la incidencia creció exponencialmente, siendo el mes de junio con 207 denuncias, el punto más alto desde el inicio del conflicto.

La privación ilegal de la libertad, que incluye la desaparición forzada de personas, registró en los 12 meses recientes las cifras más altas desde que se mide la incidencia de este delito, siendo julio de 2025 el de mayor incidencia con 233 denuncias.

El delito de robo de vehículo ha registrado promedios por encima de las 400 denuncias por mes. Mayo de 2025 es el de mayor número, registrando 694 en dicho mes.

El delito de robo a comercio también tiene variaciones al alza. El mayor número de denuncias fue en febrero 2025, con 283.

Víctimas e impacto social

Por su parte, Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, advirtió que la violencia ha golpeado a los sectores más vulnerable, entre ellos, niños, mujeres y periodistas.

Hizo mención que durante este periodo se han documentado 50 menores asesinados en este periodo de conflicto, además, como víctimas de la violencia se tiene el registro de 76 mujeres también asesinadas, 64 agresiones a periodistas y cerca de mil 907 desapariciones reconocidas oficialmente, aunque los colectivos de familiares aseguran que la cifra real rebasa las 2 mil 800.

“Hay algunas lecciones que nos dan esta coyuntura que tenemos que tomar en cuenta: es una tarea de todos y de todas, trabajar por regresar a la normalidad en la que vivíamos por lo menos del 8 de septiembre del año pasado hacia atrás (…) una segunda, cómo nos situamos en medio de lo que estamos viviendo y decir: ‘esto es lo que tenemos que hacer’, asumamos que han pasado cosas que nos hablan de las tareas en común”, expresó Loza Ochoa.  

El ombudsman consideró que la crisis debe verse como una llamada de atención para construir tareas comunes entre autoridades y sociedad civil, que nos permitan mejorar la situación de seguridad pública, reactivar los espacios públicos, mayor atención a las víctimas y ayudar en la mejora de la educación de los jóvenes.

Ambos organismos concuerdan que entre las acciones de esta agenda poscrisis se encuentra como principal tarea un mayor presupuesto para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Estado, policías, ministerios públicos y peritos. 

En representación de la Sociedad Civil, el Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, participó en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde funge como invitado permanente.

La reunión, presidida por la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum y con la participación del gabinete de seguridad, así como de las gobernadoras y gobernadores de los diferentes estados del país, tuvo como objetivo aprobar acuerdos para fortalecer las capacidades operativas de las instituciones de seguridad pública.

Entre los acuerdos se destaca:

• Incrementar en un 25% el Estado de Fuerza de las policías estatales y de investigación a nivel nacional.
• Aumentar hasta en un 30% el número de ministerios públicos en las fiscalías estatales.
• Impulsar acciones para fortalecer las capacidades institucionales en la investigación y búsqueda de personas.
• Implementar estrategias específicas para combatir el delito de extorsión.

Al respecto, Miguel Calderón Quevedo señaló que el cumplimiento de estos acuerdos representará un avance significativo para Sinaloa, debido a que responden de alguna manera a las solicitudes que, desde hace años, este observatorio ciudadano ha mantenido en agenda.

“Esta sesión nos dio una dosis de esperanza, ya que los temas acordados tienen relación directa con la agenda que hemos impulsado desde hace tiempo: fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia con más policías y más ministerios públicos, mejorar las atribuciones para la investigación, apoyar a las familias de personas desaparecidas y atender de manera prioritaria el delito de extorsión”, expresó Calderón Quevedo.

Con estos compromisos, se espera que el estado de Sinaloa cuente con mayores recursos humanos, capacidades y herramientas para fortalecer la seguridad pública y la procuración de justicia.