Viernes 1 de febrero de 2019

 

Los presupuestos adecuados no garantizan el éxito en seguridad y justicia, pero la escasez de recursos sí garantiza malos resultados, dijo el Coordinador Ciudadano del CESP al lamentar la reducción de 32 mdp para la SSP y el aumento de sólo 4% para el Poder Judicial

 

Culiacán, Sin.- La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública realizó un análisis sobre los recursos presupuestados para seguridad y justicia en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2019, así como un comparativo sobre lo asignado a estos rubros en el año 2018.

Ricardo Jenny del Rincón, Coordinador Ciudadano del CESP, destacó la importancia de dotar de recursos adecuados a la cadena de seguridad del estado, entregarlos completos, con oportunidad, supervisar de cerca su uso y exigir los resultados de su aplicación.

En conferencia de prensa, dijo que si bien los presupuestos adecuados no garantizan el éxito en las políticas de seguridad, la escasez de recursos sí garantiza malos resultados.

Desde esa óptica, lamentó que el recurso para la Secretaría de Seguridad Pública disminuyó más de 32 millones de pesos en comparación con el presupuesto de 2018, aún cuando hay grandes pendientes en la materia.

Por ejemplo, para este año se tiene proyectado sumar a 800 nuevos policías, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; se requiere mayor inversión en patrullas, pues tan sólo en Culiacán se necesitan 90 unidades en circulación; se tiene proyectada la construcción de distintas bases de operación en puntos estratégicos para la Policía Estatal, y preocupan las condiciones de inseguridad de los centros penitenciarios estatales que se encuentran reprobados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En cuanto al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, detalló que hubo un incremento menor al 4% en su presupuesto, que no es ni cercano al 20% que el Poder Judicial solicitó y justificó, por lo que los recursos para 2019 quedan muy por debajo de lo esperado a pesar del rezago que tiene Sinaloa en materia de justicia.

Respecto a la Fiscalía General del Estado, queda con los mismos recursos del año anterior y si bien no se le redujo el presupuesto, resulta inadmisible que la Fiscalía denuncie públicamente no haber recibido los recursos del 2018 en tiempo y forma, quedándole a deber el Ejecutivo cerca de 100 millones de pesos de lo presupuestado para el año pasado.

“Es preocupante que los recursos, que de por sí son insuficientes, se entreguen incompletos y a destiempo, lo que sin duda se refleja en los resultados de la FGE”, sostuvo.

Recordó que sigue pendiente la creación y operación de las nuevas Fiscalías en Desaparición Forzada y en Tortura, además de que las Unidades Especializadas como la Antisecuestro y la de Robo de Vehículo requieren mayores recursos financieros, materiales y humanos para brindar mejores resultados.

Finalmente, el Coordinador Ciudadano habló sobre el uso que dio Sinaloa en 2018 a los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Según el estudio Mecanismos de Evaluación y Transparencia del FASP, en Sinaloa se ejercieron en financiamiento conjunto 293 millones de pesos (204 de aportación federal y 89 mdp de aportación estatal), destinando casi el 40% a infraestructura y equipamiento, dejando la menor inversión a rubros como Sistema de Justicia Penal y prevención, a los que se les destinó un 1% y un 8%, respectivamente.

Lunes 21 de enero de 2019

 

La Coordinación Ciudadana destacó que se impuso la negociación para atender las demandas añejas de grupos sociales y sectores, pero también para cumplir con la normatividad presupuestal y financiera

 

Culiacán, Sin.- La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública felicitó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo por haber logrado el acuerdo necesario para que Sinaloa cuente ya con un presupuesto de gasto para este año 2019, aprobado en un ejercicio de negociación política inédito en nuestro estado.

Mediante una misiva enviada este lunes al Gobernador Quirino Ordaz Coppel y a la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, celebramos que en el presupuesto se tomaron en cuenta las prioridades tanto del Legislativo como del Ejecutivo: por un lado, el deseo de atender demandas añejas de grupos sociales y sectores, y por otro, la necesidad de cumplir con la normatividad presupuestal y financiera del modelo federal. Finalmente, como debe ser en un régimen democrático, se impusieron el diálogo y la negociación.

Sin embargo, también expusimos nuestra preocupación debido a que los presupuestos para las áreas de seguridad y justicia siguen siendo insuficientes. Por ello, este Consejo Ciudadano les planteó lo siguiente:

• La gran responsabilidad de los Gobiernos y del Congreso con la seguridad de los ciudadanos sinaloenses y sus familias requiere urgentemente del reforzamiento del Estado de derecho, y éste sólo puede construirse con múltiples acciones integrales, planeadas con visión de largo plazo y ejecutadas por instituciones sólidas, bien coordinadas y capaces de realizar de manera permanente programas que sean a la vez contundentes y efectivos.
• El éxito en materia de seguridad se logra con voluntad política, con funcionarios idóneos al frente de las instituciones de la cadena de seguridad y a través de presupuestos suficientes, entregados con oportunidad a las instituciones.
• Los presupuestos adecuados no garantizan el éxito, pero la escasez de recursos sí garantiza malos resultados. Es lo que hemos tenido desde hace muchos años.
• Los mexicanos (y los sinaloenses) consideramos a la seguridad pública como uno de los principales problemas del país. Sin embargo, México es de los países que menos recursos asigna a sus instituciones de seguridad. Y entre los estados, Sinaloa es de los que menos recursos propios asigna a seguridad y justicia.
• Por ello es tan importante que el Ejecutivo y el Legislativo asignen a las instituciones de la cadena de seguridad: a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial, los presupuestos suficientes para su difícil y delicada tarea. En el caso de la Fiscalía, es además la única forma de otorgarle la autonomía que teóricamente tiene, lo mismo que al Poder Judicial.
• Los recursos públicos son limitados, no alcanzan para todo. Por ello les planteamos que atiendan la voz popular que en las elecciones de julio pasado expresó de forma clara y masiva su hartazgo ante la inseguridad y la corrupción, para los cuales el antídoto es disminuir la impunidad.

Finalmente, la Coordinación Ciudadana sostuvo que además de entregar los recursos adecuados a la cadena de seguridad del estado, también se debe supervisar de cerca su aplicación y exigir resultados, pues sólo así se podrá atender la demanda de los sinaloenses que reclaman seguridad y un combate frontal a la corrupción y a la impunidad.

Culiacán, Sin., viernes 18 de enero de 2019

 

 Guardia Nacional repetirá modelos fallidos en seguridad, advierte Coordinación Ciudadana

 

Los Consejeros que integramos la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública lamentamos la aprobación por la Cámara de Diputados de la Guardia Nacional, pues vemos preocupante que se opte por acentuar la militarización del país con un proyecto que no considera el fortalecimiento de las policías locales y que va en contra de las propuestas de la mayoría de los organismos internacionales y nacionales en materia de Derechos Humanos.

Lo votado por las y los diputados federales de Morena, PRI, PT, Partido Verde y Encuentro Social muestra que de poco sirvió la participación de los ciudadanos en los foros convocados por la Camara de Diputados. Los planteamientos de la sociedad organizada tuvieron como respuesta meras simulaciones.

La aprobación del dictamen que crea la Guardia Nacional limita la participación civil y minimiza a la recién creada Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues para efectos reales el mando operativo será militarizado. Es decir, la estrategia seguirá las reglas y la visión militar.

En el caso de Sinaloa, preocupa que la estrategia de seguridad pública centrada en la Guardia Nacional, no contemple los recursos y programas necesarios para fortalecer las corporaciones policiales estatales y municipales.

Además, como lo han señalado los investigadores y organismos que conforman el colectivo #SeguridadSinGuerra, a los cuales nos hemos sumado, el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados no consideró las opiniones de la sociedad organizada, que rechaza la propuesta de combatir la violencia con más violencia y va en contra de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Bienvenida la presencia del Ejército y la Marina en el combate al crimen organizado. Pero no de manera permanente, con plazos, espacios de acción y responsabilidades abiertas e indefinidas. Sinaloa y México tienen que mejorar YA sus instituciones civiles de seguridad y justicia: es la única forma de fortalecer el estado de derecho, terminar con la impunidad y devolver la paz y la sana convivencia al país.

La estrategia nacional de seguridad debe incluir un modelo que sume esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de todos los actores involucrados. Apostarle todo a la Guardia Nacional sin el fortalecimiento de las corporaciones estatales y municipales, sin apego al cuidado de los derechos humanos y sin fortalecer los mecanismos de justicia, es replicar un modelo estropeado que tiene altas posibilidades de terminar en los mismos resultados fallidos.

ATENTAMENTE 

Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública

Culiacán, Sin., jueves 03 de enero de 2019

 

La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública externa su preocupación ante los hechos ocurridos la pasada noche del 31 de diciembre y las primeras horas del 1 de enero por las múltiples detonaciones de armas de fuego reportadas en prácticamente toda la geografía estatal y particularmente en la capital sinaloense.

Más allá de los hechos de por sí lamentables, en donde un amplio número de ciudadanos decidieron festejar detonando irresponsablemente armas de fuego y en la penosa exhibición de elementos de seguridad pública siendo partícipes de los mismos actos, existe una preocupación mayor que va más allá de las 8 detenciones reportadas y la promesa de investigación de los servidores públicos señalados en Culiacán.

Nuestra inquietud como ciudadanos es que estos hechos dejan de manifiesto el preocupante número de armas que se portan de manera ilegal en Sinaloa. Armas que están ahí y muestran el grave problema que además se asocia con delitos como el homicidio doloso y el robo de vehículos, en los cuales Sinaloa supera con mucho el promedio nacional de casos cometidos a mano armada.

Resulta difícil creer que la autoridad no mejore sus resultados teniendo tecnología de punta adquirida en la presente administración estatal, como los drones que costaron 70 millones de pesos, y que incluso no se han terminado de pagar a la empresa proveedora, lo que también dificulta la obtención de avances con estos equipos.

Hacemos un llamado para trabajar con mayor esfuerzo en la detección de armamento y, en consecuencia, implementar acciones inmediatas para el desarme ilegal de nuestra entidad. Escasa es la información que se tiene respecto a operativos que llevan tales fines, la estadística es mínima y los decomisos reportados no pueden ser tomados como una acción efectiva ante la evidencia este Año Nuevo de una cantidad incalculable de armas en las calles.

Por ello, señalamos como incompletas e insuficientes las medidas tomadas por las autoridades de los tres niveles de gobierno para atender una contingencia que, dicho sea de paso, se presenta cada temporada en marco de las fiestas decembrinas.

Una sociedad armada es una sociedad violenta, es difícil construir tejidos de paz si entre la población civil circulan miles de armas de fuego que ponen en franco peligro la seguridad de todos.

Por un Sinaloa en paz, todos debemos poner nuestro mayor esfuerzo.

 

ATENTAMENTE

Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública

Viernes 21 de diciembre de 2018

 

En reunión con el Presidente Municipal, Jesús Estrada Ferreiro, Consejeros del CESP llamaron a aplicar el programa Orden y Respeto no como un esquema recaudatorio, sino como una medida para generar compromiso social con la legalidad

 

Culiacán, Sin.- La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública sostuvo una productiva reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, para consolidar la alianza de trabajo con su administración.

Los Consejeros y su Coordinador General, Ricardo Jenny del Rincón, expusieron ante el Presidente Municipal algunos de los temas en los que, a criterio de este organismo ciudadano, debe enfocarse la administración municipal para generar resultados en seguridad.

Como primer punto se abordó la importancia de consolidar un Consejo Municipal de Seguridad Pública fuerte y con integrantes participativos que trabajen de la mano con la Coordinación General no sólo en la medición de la incidencia delictiva, sino también en la evaluación y generación de propuestas para mejorar la seguridad.

Ricardo Jenny del Rincón, Coordinador General del CESP, propuso que se tome en cuenta a integrantes del sector empresarial, organismos de la sociedad civil y de las mismas colonias organizadas como Valle Alto, Guadalupe y Chapultepec para conformar este ente municipal con ciudadanos que trabajen de manera proactiva.

En otro de los temas, los Consejeros señalaron la importancia de aplicar gradualmente y sin distingos el programa Orden y Respeto creado por la Coordinación General del CESP no como un esquema recaudatorio, sino como una medida para generar compromiso social con la legalidad, particularmente en materia vial.

Algunas de las acciones que este programa llama a no tolerar son el rebasar los límites de velocidad, estacionarse en lugares prohibidos, circular sin placas, conducir bajo efectos del alcohol, usar tonalidades o polarizados prohibidos y/o luces no permitidas, además de conducir utilizando el celular, entre otras faltas contempladas en el Bando de Policía y Gobierno que, al no sancionarse, fomentan el desorden en la ciudad.

El llamado de los Consejeros fue a aplicar este programa de manera gradual y con campañas efectivas de socialización para que la ciudadanía conozca las sanciones que traerá consigo violar las normas viales y de convivencia.

En ese sentido, el Presidente Municipal coincidió en que la ciudadanía debe colaborar para poner orden en la ciudad, mientras que por parte de la administración se pondrá énfasis en combatir la corrupción para que este y otros programas municipales se apliquen sin distingos, además de facilitar el pago de multas para evitar las “mordidas”.

Otros de los temas abordados en el encuentro fueron el déficit policial de la capital del estado y el fortalecimiento de la educación, cultura y deporte como formas de prevención de la violencia.

Finalmente, el Coordinador General del CESP recordó que los objetivos del organismo ciudadano que encabeza son la disminución de los índices delictivos, el uso transparente de los recursos para prevención, seguridad y justicia, así como la reducción de la impunidad, por lo que llamó a fortalecer la alianza entre autoridades y ciudadanos para que, trabajando juntos en las mismas metas, se obtengan mejores resultados.

Martes 18 de diciembre de 2018

 

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública también se exigió que se transparente la entrega de recursos para las áreas de prevención, seguridad y justicia, informó el Coordinador General del CESP

 

Culiacán, Sin. – La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública urgió a que se combata de fondo el problema de robo de vehículos y exigió que se transparente la entrega de recursos para las áreas de prevención, seguridad y justicia.

Lo anterior se demandó durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública que se llevó a cabo el día de ayer lunes, informó el Coordinador General del CESP, Ricardo Jenny del Rincón.

Dijo que si bien durante la sesión se reconoció la disminución en algunos delitos como el homicidio, también se señalaron los grandes pendientes que los observa la sociedad, como en robo de vehículo que a pesar de que ha disminuido en comparación con el año pasado, en todo el estado se roban en promedio 17 autos al día, de los cuales el 56% se cometen con violencia, porcentaje muy superior a la media nacional que es del 37%.

Además, Sinaloa es la octava entidad con mayor número de robos por cada 100 mil habitantes, cifras que muestran que la tecnología adquirida para la prevención e investigación en robo de vehículo no está dando resultados claros.

“Durante la reunión demandamos que se ataque el problema de fondo, que es el mercado de vehículos y autopartes. ¿Quién compra esos vehículos, en dónde los guardan, en dónde los desmantelan y por dónde salen de nuestras ciudades y estado?”, expuso.

El Coordinador General del CESP exigió además que se informe qué ha sucedido con los casos de funcionarios vinculados al robo de vehículo en la Unidad de Servicios Estatales, por lo que pidió informar a la sociedad qué se está haciendo para evitar más casos de este tipo y si estos hechos tuvieron alguna consecuencia.

Otro de los temas abordados por este órgano ciudadano durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública fue sobre los recursos que no reciben las dependencias y entidades pero que sí están presupuestados para diversas instituciones encargadas de la prevención, seguridad, procuración e impartición de justicia, así como de la reinserción social.

“Sabemos que ya se entregó el 100% del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), pero ese no es el único recurso con que cuentan las instituciones. Tenemos conocimiento de que hay áreas a las que hace 6 meses o más no se les entregan los recursos presupuestados y asignados”, reveló.

Jenny del Rincón comentó que durante la sesión también se hizo la propuesta de que las reuniones del CESP se realicen con mayor frecuencia y con un enfoque de trabajo más efectivo, con indicadores claros que sirvan para medir el avance y retrocesos de los programas de seguridad y combate a la impunidad.

Ejemplificó estudios nacionales que pueden servir para evaluar a las instituciones y el trabajo que desempeñan, como el Índice de Paz, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (ENVIPE), la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y el Semáforo Delictivo.  

Finalmente, y a pregunta expresa de los reporteros sobre cifras de desaparecidos, Jenny del Rincón destacó que este delito no lo mide el Semáforo Delictivo, el cual es una herramienta nacional, pero el tema sí se incluye en los Diagnósticos Ciudadanos de Seguridad que la Coordinación General del CESP elabora mes a mes y se publica en la página www.coordinaciongeneralcesp.org.mx con temas como incidencia delictiva, procuración e impartición de justicia, narcomenudeo, robo de combustible, estado de fuerza policial, donación de armas, entre otros.

Viernes 7 de diciembre de 2018

 

El Coordinador General del CESP expuso que uno de los mayores reclamos de la sociedad es referente al robo de auto, no sólo por el alto número de casos, sino también por las diversas complicaciones que encuentra el ciudadano al acudir a denunciar

 

Culiacán, Sin.- Por tercera ocasión en el año, los Consejeros Ciudadanos de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública se reunieron con el Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, para exponerle las inquietudes ciudadanas en materia de procuración de justicia.

El Coordinador General del CESP, Ricardo Jenny del Rincón, expuso que uno de los mayores reclamos de la sociedad es referente al robo de vehículo, no sólo por el alto número de casos, sino también por las diversas complicaciones que encuentra el ciudadano al acudir a presentar su denuncia.

“Cada vez son más las personas que nos hablan para decirnos que no está mejorando la recepción de denuncias por robo de auto, creemos que si se le pone la atención debida a este tema y a esa área se pueden lograr mejores resultados y no dejar al ciudadano con un amargo sabor de boca”, dijo el Coordinador General.

Pidió al Fiscal que se analicen e implementen estrategias para brindar un mejor trato al ciudadano a fin de que no se le revictimice, a lo que Ríos Estavillo exhortó a denunciar ante el órgano de control interno a los servidores públicos que briden una mala atención para que se abra un proceso administrativo en su contra. 

Otro de los temas abordados por los Consejeros fue la importancia de dotar de autonomía financiera y administrativa a la Fiscalía, así como de mayores recursos en el presupuesto 2019 para reforzar a la institución, aumentar la capacitación de su personal y fortalecer a las Unidades Especializadas.

También se dialogó sobre la implementación de los nuevos Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, por lo que el Director General de esta área de la Fiscalía, Samuel Alejandro Angulo Soberanes, explicó las funciones de este esquema que busca lograr la paz, justicia, reconciliación y perdón mediante la mediación y reparación económica del daño causado por un delito menor.

Detalló que, gracias a este esquema, en Sinaloa se han resuelto 12,600 casos desde el año 2015 con un total de 11,268 acuerdos reparatorios por un total de 102 millones de pesos.

El Fiscal General estuvo acompañado por los integrantes del Consejo Consultivo de la Fiscalía, quienes al igual que los Consejeros de la Coordinación General son ciudadanos que colaboran de manera honorífica, en este caso para evaluar el desempeño de la FGE en cuestiones técnicas y operativas.

Asistieron también la Vicefiscal General, Nuria González Elizalde, y el Vicefiscal Zona Centro, Miguel Ángel Valdez Zazueta, mientras que del Consejo Consultivo de la FGE acudieron Elena Beltrán Villarreal, Óscar Félix Chávez Carrillo, Nicolás Alvarado Cortés, Francisco Joel Quiñónez Reyna y Sergio Armenta Castro.

Miércoles 21 de noviembre de 2018

  

Se suma la Coordinación Ciudadana del CESP a organizaciones y activistas nacionales en pronunciamiento contra la Guardia Nacional

 

Culiacán, Sin. – La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública se sumó a un pronunciamiento firmado por más de 500 organizaciones y activistas contra la creación de la Guardia Nacional, al considerar que representa una falsa salida a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país y que se puede optar en cambio por el desarrollo y fortalecimiento de nuestras instituciones civiles de seguridad.

En el documento, los organismos y ciudadanos firmantes pedimos el predominio de la esfera civil sobre la esfera militar, pues arraigar la función de las fuerzas armadas en seguridad pública representa una afrenta a un régimen democrático que aspira a consolidar sus instituciones civiles.

Este pronunciamiento se suma a lo expresado públicamente por la Coordinación Ciudadana del CESP el pasado viernes. Ante los medios de comunicación reconocimos la labor de las fuerzas armadas, sin embargo, señalamos que no debe promoverse la presencia militar permanente en las tareas de seguridad pública, pues la actuación del ejército sólo se justifica mientras las entidades federativas y los municipios fortalecen sus corporaciones para superar los rezagos que actualmente tienen en términos de estado de fuerza, capacitación y condiciones laborales.

A continuación, el pronunciamiento nacional al que nos sumamos organismos, activistas, académicos y ciudadanos:

 

Ciudad de México a 20 de noviembre de 2018

 

México aún puede optar por una vía civil

 

Rechazamos la propuesta de crear una Guardia Nacional militarizada con rango constitucional porque significa una falsa salida a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país.

Así lo manifestó en múltiples ocasiones Andrés Manuel López Obrador. Es muy pronto para olvidar que, tanto el presidente electo como su equipo, manifestaron durante años, campañas presidenciales incluidas, que las Fuerzas Armadas no debían cumplir funciones de seguridad pública, y que la creciente militarización no había dado ni daría resultados. Además, manifestaron públicamente la necesidad de incrementar el estado de fuerza de la Policía Federal y fortalecer el desarrollo policial a nivel local. Dichos señalamientos y promesas tenían, y tienen, un sustento empírico y político. Sustento empírico, porque, al menos en nuestro país, está acreditado que el despliegue militar no resuelve dinámicas delictivas complejas que responden a factores socioeconómicos y criminógenos que deben atenderse mediante acciones de prevención focalizadas y capacidades de investigación propias de instituciones policiales, tanto a nivel federal como local. Sustento político, porque nuestro sistema republicano y democrático exige el predominio de la esfera civil sobre la esfera militar.

Obviando sus promesas públicas, ignorando consideraciones empíricas y políticas fundamentales, desechando la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de diversos organismos internacionales, el presidente electo y su equipo decidieron optar por una militarización como nunca ha conocido el país en su historia moderna, y anunciarlo justo cuando se conoció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación probablemente invalidaría la Ley de Seguridad Interior.

En efecto, la propuesta de crear una Guardia Nacional bajo el mando directo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de otorgar la totalidad de los mandos operativos locales a miembros de las Fuerzas Armadas, va más allá de lo estipulado en dicha Ley, y la intención de elevar este esquema a rango constitucional confirma el propósito de proteger dicha decisión de cualquier posible invalidación, incluida la que ya emitió el más alto tribunal del país respecto a una normatividad menos radical que la que hoy se pretende imponer.

Además, dicha decisión parte de una estigmatización injusta y sin sustento de la totalidad de los cuerpos policiales del país. Es evidente que la mayor parte de ellos subsisten en condiciones precarias, incluidos salarios, prestaciones, infraestructura, equipamiento y profesionalización, con regímenes laborales por demás abusivos, pero ello no implica desechar los esfuerzos y recursos invertidos en materia policial durante décadas. Resulta indignante que en México se asesine, en promedio, a un policía al día y que, por si fuera poco, ahora se les recrimine por una situación en la que ellos también son víctimas.

Las insuficiencias de nuestras policías se explican, no por su incapacidad ni por su corrupción intrínsecas, sino por la indolencia de actores políticos que las han condenado al abandono. La propuesta del presidente electo representa, en este sentido, no una ruptura con el pasado sino la continuidad de esta indolencia y de esta irresponsabilidad. Peor aún, representa el colapso final de instituciones que nunca tuvieron la oportunidad de desarrollarse.

Tampoco abona al análisis ni al debate menospreciar avances. En particular, y por lo que se refiere a la Policía Federal, que ciertamente fue abandonada durante los últimos años, se mantienen capacidades de investigación, tecnológicas y operativas que permiten contemplar una opción civil para la atención de delitos de alto impacto. En dicha institución hay un potencial real de crecimiento y desarrollo. Es viable considerar un proyecto de rescate de la Policía Federal para de ahí conformar un cuerpo nacional de policía, bajo un mando civil y sujeto a las leyes civiles. Por lo tanto, no es verdad que el país no tenga opciones. Sí las hay, pero deben estudiarse y considerarse sin prejuicios, sin etiquetas, y al margen de proyectos políticos personales.

Estamos conscientes de la grave crisis de seguridad en la que nos encontramos, y valoramos la labor de las Fuerzas Armadas, pero arraigar esta función, que debe ser temporal y extraordinaria, en el texto constitucional, representa una afrenta a un régimen republicano y democrático que aspira a consolidar sus instituciones civiles, y los derechos y garantías individuales de todos los mexicanos. En este sentido, la gravedad de la propuesta militarista no puede exagerarse, pues la preeminencia que se pretende otorgar a las Fuerzas Armadas no contará con contrapesos reales en la frágil institucionalidad que hoy caracteriza al país. Con una Secretaría de Gobernación debilitada y disminuida, con una Secretaría de Seguridad Pública a la que se ordena enviar policías federales a conformar la Guardia Nacional, sin fiscalías dignas del nombre y con presupuestos redirigidos a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿quién o qué limitará, fiscalizará o sancionará la operatividad militar en el país?

Es claro que esta radical redistribución de poder tendrá consecuencias políticas profundas. Los mandos militares serán, inevitablemente, actores políticos de primer orden, trastocando eventualmente el pacto federal y absorbiendo atribuciones que, hasta hoy, han correspondido a las autoridades civiles. En suma, la primacía militar que pretende el nuevo gobierno no sólo hace caso omiso de las consideraciones recién emitidas por los ministros de la Suprema Corte, sino que romperá los equilibrios políticos entre civiles y militares que han prevalecido en México durante las últimas décadas.

En atención a lo anterior, hacemos un enérgico y urgente llamado al presidente electo para detener la reforma constitucional anunciada, y optar en cambio por el desarrollo y fortalecimiento de nuestras instituciones civiles de seguridad. Aún es tiempo.

(Lista completa de firmantes aquí)

Viernes 16 de noviembre de 2018

 

Al plan presentado por la próxima administración federal le faltan compromisos para fortalecer a las corporaciones locales y superar los graves rezagos que tienen en estado de fuerza, capacitación y condiciones laborales, dijo el Coordinador General del CESP

 

Culiacán, Sin.- La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública se dijo en contra de la amnistía y la militarización contemplada en el recién presentado Plan Nacional de Paz y Seguridad de la próxima administración federal.

Ricardo Jenny del Rincón, Coordinador General del CESP, dijo que tras un análisis del documento coinciden en la importancia de crear unidades de inteligencia financiera y cibernética en la próxima Secretaría de Seguridad Pública Federal, pues al debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales se ataca su punto central y disminuye su capacidad corruptora.

Sostuvo que la primera demanda ciudadana es que este plan no quede únicamente en buenas intenciones, pues si el Ejecutivo entrante cuenta con la mayoría de legisladores en la Cámara de Diputados y en el Senado, ni por reformas, ni por recursos puede haber pretextos para su cumplimiento.

En cuanto a los puntos que preocupan a la sociedad y organismos, el Coordinador Ciudadano señaló que no debe promoverse la presencia militar permanente en las tareas de seguridad pública, pues la actuación del ejército y fuerzas armadas sólo se justifica mientras las entidades federativas y los municipios fortalecen sus corporaciones.

“En una democracia la seguridad debe ser garantizada por su policía civil. A la estrategia le faltan tiempos y compromisos para darnos certeza del fortalecimiento del estado de fuerza de los gobiernos locales, pues vemos que no se considera la profesionalización de las policías estatales y municipales, ni se establecen medidas para superar los graves rezagos que actualmente tienen las corporaciones en términos de capacitación y condiciones laborales”, expuso.

Sobre la posibilidad de amnistía para delincuentes, el Coordinador General del CESP se dijo en contra del indulto y la conmutación de penas, pues el Sistema de Justicia Penal ya considera mecanismos alternativos de solución de conflictos y contempla la presunción de inocencia, por lo que la normatividad constitucional ya evita que delincuentes menores y presuntos responsables sin culpabilidad probada estén en prisión.

Respecto al sistema penitenciario, recalcó la necesidad de que a nivel federal y estatal se desarrollen estrategias para que estos centros sean recuperados de las manos de las organizaciones criminales y se conviertan en verdaderos espacios de reinserción social.

“Pareciera una broma que al interior de las cárceles no sea la propia autoridad la que gobierne, sino que sean las mafias. Aquí en Sinaloa hemos tenido ejemplos recientes de que en las prisiones no hay control y eso es alarmante, en ningún escenario se debe tolerar que la autoridad no tenga el control al interior de un penal”, expuso.

Finalmente, Ricardo Jenny del Rincón celebró que el plan convoca a asociaciones civiles y organismos ciudadanos a sumar esfuerzos, por lo que a nivel estatal y regional la Coordinación General del CESP tomará esta responsabilidad al ser la voz ciudadana que contemplan las leyes locales en materia de seguridad.

Miércoles 31 de octubre de 2018

 

Sinaloa requiere más personal, mejor capacitado y con condiciones laborales justas; más infraestructura, equipamiento y recursos financieros suficientes para la operación de todas las corporaciones, informó el Coordinador General del CESP

 

Culiacán, Sin.- A invitación del sector empresarial, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública sostuvo un encuentro con el próximo Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Alfonso Durazo Montaño, ante quien se expusieron las necesidades de Sinaloa en materia de seguridad, principalmente para el fortalecimiento de las instituciones.

Ricardo Jenny del Rincón, Coordinador General del CESP, informó en rueda de prensa que el encuentro con Durazo se llevó a cabo el pasado lunes en el marco de su visita a Culiacán, donde se le hizo saber que Sinaloa requiere más personal, mejor capacitado y con condiciones laborales justas; más infraestructura, equipamiento, vehículos y tecnología, así como recursos financieros suficientes para la operación de todas las corporaciones, tanto preventivas como de investigación, y mecanismos de transparencia en el ejercicio de esos recursos.

El Coordinador Ciudadano reconoció la disposición de Durazo para escuchar a la sociedad. En el encuentro, el próximo Secretario de Seguridad les dio a conocer que iniciará su gestión implementando un programa emergente de profesionalización policial, además de mejorar las condiciones laborales de los agentes de las distintas corporaciones.

De igual forma, Durazo planteó una redefinición de los presupuestos destinados a seguridad, apostando más por un enfoque preventivo que por el reactivo que no ha dado resultados, mientras que en materia de delincuencia organizada habló de privilegiar estrategias de inteligencia en lugar del uso de la fuerza.

“Además tiene claras las deficiencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal por lo que se impulsarán los cambios quirúrgicos necesarios al marco jurídico a fin de evitar que los detenidos obtengan fácilmente la libertad por estas deficiencias”, detalló Ricardo Jenny del Rincón, destacando que el siguiente paso es vigilar que se cumpla con un buen desempeño y sobre todo que se den los resultados que la sociedad reclama.

El Coordinador Ciudadano agregó que sólo poniendo orden al interior de las instituciones se puede imponer el orden afuera, en la sociedad, recalcando que cuando la autoridad realmente quiere, puede resolver los problemas de seguridad.

Finalmente, en cuanto al diálogo por la paz y el bienestar que encabezó Durazo en Culiacán, y que originalmente fue concebido como uno de los foros de pacificación, Ricardo Jenny del Rincón señaló que lo mínimo que merecían los grupos organizados en Sinaloa era ser escuchados, pero también merecen que sus reclamos sean tomados en cuenta por la próxima administración federal para el desarrollo de políticas públicas.

No obstante, dijo que como organismo ciudadano se tienen reservas sobre los foros o diálogos realizados, pues estos eventos no se desarrollaron con una metodología eficaz y por tanto sus conclusiones son ambiguas.

“Hemos visto que fueron meros ejercicios de catarsis para que las víctimas se expresaran y hasta el momento no hay resultados concretos, ya lo han dicho expertos en seguridad a nivel nacional: este documento no tiene pies ni cabeza, habla de todo y de nada, no brinda ideas de políticas públicas ni da claridad sobre la estrategia a seguir para mejorar la seguridad”, expuso.

Agregó que la Coordinación Ciudadana vigilará que las peticiones y planteamientos de los grupos de Sinaloa se transformen en estrategias concretas en materia de justicia y atención a víctimas.