Disminuye 63% el robo a banco en Sinaloa

La entidad podría cerrar el 2020 con una de las cifras más bajas en este delito en la última década, según se observa en un análisis de la Coordinación General del CESP

Culiacán, Sin.- Durante el 2019 Sinaloa se colocó en el segundo lugar nacional por robo a banco, pero ahora en 2020 es el delito que más ha disminuido en la entidad, al bajar 63% en el periodo enero-octubre.

Esto lo reveló una revisión preliminar del próximo diagnóstico mensual de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el cual muestra que de enero a octubre de 2020 se presentaron 13 casos de robo a banco en todo el estado, mientras que en el mismo periodo de 2019 ya se habían registrado 35.

El análisis de este observatorio ciudadano revela que, con los 13 casos registrados este año, Sinaloa se perfila para cerrar el 2020 con una de las cifras anuales más bajas en este delito en la última década. 

El nuevo diagnóstico mensual de la Coordinación General del CESP muestra que, además del robo a banco, también ha disminuido el homicidio doloso un 6%, e incluso Sinaloa podría cerrar el 2020 con la cifra más baja desde el año 2010.

El feminicidio también disminuyó. De enero a octubre del 2020 se registraron 21 casos, mientras que en el mismo periodo de 2019 fueron 35, lo que equivale a un 40% menos este año.

Otro delito a la baja es el robo de vehículo, que de enero a octubre de 2020 registró 2,928 denuncias contra 3,631 del mismo periodo del año pasado, equivalente a 19% menos.

De igual forma, durante el periodo enero a octubre 2020 disminuyó el robo a comercio. Este año se han denunciado 757 casos, 14% menos que los 881 del mismo periodo de 2019.

Si bien algunos delitos disminuyeron a causa de la pandemia, como se señala en el diagnóstico Ciudadanos Evaluando: ¿Cómo afectó el Covid-19 al delito en Sinaloa?, hoy se observa que, a cinco meses de iniciada la nueva normalidad y la reactivación gradual de actividades, los delitos de alto impacto en Sinaloa mantienen avances importantes con cifras históricas en positivo.

Por otra parte, la revisión preliminar del próximo diagnóstico mensual de la Coordinación General del CESP también indica cuáles son los delitos que aún presentan cifras negativas, como el robo a casa, que durante 2020 ha incrementado 43%. El municipio con focos rojos es Ahome, pues concentra 57% de los casos de todo el estado, superando a Culiacán y Mazatlán.

La violencia familiar también se mantiene al alza, con un aumento de 23% durante 2020. Incluso, en octubre este delito alcanzó la cifra mensual más alta de la que se tenga registro en Sinaloa: 515 hechos denunciados.

Finalmente, el homicidio culposo registra 16% más casos que en 2020. De enero a octubre del presente año se contabilizan 537 decesos, contra 461 del mismo periodo de 2019. El 99% de este tipo de muertes en Sinaloa tienen como causa los accidentes de tránsito.

El diagnóstico completo del mes de octubre estará disponible a partir del próximo 18 de noviembre.

Agenda pendiente en la Secretaría de Seguridad tras la salida de Alfonso Durazo

Si bien hay resultados, como en el combate al robo de hidrocarburos, persisten grandes pendientes principalmente en homicidios, feminicidios y delincuencia organizada

Culiacán, Sin.- A la salida de Alfonso Durazo Montaño de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el saldo no es favorable en materia de fortalecimiento de prevención del delito, de acuerdo con cuatro compromisos públicos que el ahora ex funcionario federal hizo al inicio de su responsabilidad en 2018.

De una evaluación realizada por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se desprende que si bien hubo resultados en algunos puntos, como en el combate al robo de hidrocarburos que, de acuerdo con cifras de Pemex, disminuyó 91% en un año, persisten pendientes en materia de homicidio doloso, feminicidio, violencia familiar, trata de personas y delitos de delincuencia organizada, que han incrementado este año de acuerdo a las propias cifras expuestas por Durazo en su último informe de seguridad.

Y a pesar de que la legislación federal no establece las características o experiencia profesional que debe cumplir quien dirija la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desde la Coordinación General del CESP se exhorta a designar a quien tenga el perfil más adecuado para cumplir con los retos que siguen sin resolverse.

Falta mucho por hacer. Estos fueron algunos de los principales compromisos de Durazo:

  1. Armas de fuego. Compromiso: endurecer la legislación e implementar tecnologías no intrusivas en las aduanas, sobre todo en la frontera norte, para reducir el tráfico de armas.

Estatus: en abril de 2019se reformó el artículo 19 constitucional para incorporar prisión preventiva oficiosa por el uso ilegal de arma de fuego. A pesar de ello, se mantiene un alto índice de delitos cometidos con armas en el país: en lo que va del 2020 se han cometido más de 114,000 delitos del fuero común con arma de fuego o violencia, y eso solo considerando los hechos denunciados.

  1. Desaparición forzada de personas. Compromiso: atención oportuna a víctimas, garantías de no repetición y mecanismos de reparación.

Estatus: con la reformaconstitucionalde abril de 2019tambiénse incorporó la prisión preventiva oficiosa por el delito de desaparición forzada. A la fecha, más de 77 mil personas están desaparecidas y no localizadas en México, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

  1. Consolidación de la Guardia Nacional. Compromiso: reclutamiento de más elementos para un despliegue de fuerza de manera permanente.

Estatus: la Guardia Nacional cuenta con 96,000 elementos, es decir, 80 policías por cada 100,000 habitantes, muy debajo del estándar de la Organización de las Naciones Unidas, según el cual deben ser 300 elementos por cada 100,000 habitantes.

  1. Fortalecimiento de las instituciones policiales locales. Compromiso: implementar un programa emergente de profesionalización policial en municipios y estados, y mejorar las condiciones laborales de los agentes de las distintas corporaciones.

Estatus: no solamente no se están fortaleciendo, sino que se están debilitando principalmente en materia presupuestal.

México Evalúa da a conocer hallazgos en materia de justicia en Sinaloa

El organismo publicó su nuevo estudio Hallazgos 2019, en el que analiza la dimensión de calidad del sistema de justicia en el país

Culiacán, Sin.- La organización nacional México Evalúa presentó su estudio Hallazgos 2019, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México, en el que destacan puntos importantes sobre Sinaloa.

En una revisión realizada por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública sobre la nueva edición de este estudio, se observa que, entre los puntos positivos, el estado de Sinaloa está ubicado en el lugar 6 en el índice de confianzaen las autoridades con 1.8 puntos, cuando el promedio nacional es de -7.9.

También se muestra que Sinaloa es de las entidades que destinó mayores recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para capacitación relacionada con el sistema de justicia penal, con un 14.5% cuando el promedio nacional fue de 9.3%.

En cuanto a la consolidación del Sistema de Justicia Penal, Sinaloa tiene la posición 11 en el ranking nacional con 493 puntos de 900 a alcanzar. El estudio destaca la estructura de la Instancia Cuatripartita Coordinadora de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal en Sinaloa, así como su plan de trabajo para el presente año.

Indicadores para mejorar

Sobre agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, el promedio nacional es de 3.94; Sinaloa se ubica en el lugar 21 con 2.35. El estudio precisa que para garantizar el acceso a la justicia debe contarse con suficiente personal para cubrir las necesidades, pues el número de ministerios públicos o jueces impacta en la prontitud en procuración de justicia.

El estudio también revela que Sinaloa es de las entidades que más utilizan la medida de archivo temporal para detener o dejar en pausa una investigación, la cual se aplica en más del 50% de los casos, lo que implica que las carpetas no fueron resueltas.

Otro hallazgo es que Sinaloa es de las entidades donde la mayoría de lasinvestigaciones se inician sin una persona detenida. El 87% de las investigaciones iniciadas en todo el país en 2019 lo hicieron sin detenido, mientras que en Sinaloa fue el 96.9%.

Y el dato más fuerte que revela el estudio, de acuerdo a su metodología, es que Sinaloa tiene un porcentaje de impunidad del 99%, siendo el mayor a nivel nacional.

En las ediciones anteriores, Hallazgos 2018 y 2017, no se incluyó a Sinaloa en su índice de impunidad porque la entidad no entregó la información requerida para la construcción de ese indicador.

Mejores recursos humanos y económicos contra impunidad

En cuanto al tema de impunidad, los resultados de México Evalúa coinciden con los expuestos por la Coordinación General del CESP en el Estudio sobre Seguridad y Justicia en Sinaloa, Diagnóstico 2019, en el que se muestra que Sinaloa registra un alto porcentaje de impunidad en prácticamente todos los delitos, en algunos como en robo a banco no se registró ninguna sentencia durante 2019 y en otros como homicidio culposo, robo de vehículo y violencia familiar el nivel de impunidad el año pasado fue de 99%.

Ricardo Jenny del Rincón, Coordinador General del CESP, dijo que el nivel de impunidad debe ocupar a las autoridades de todos los niveles, sobre todo en materia preventiva para evitar que los delitos se cometan, pues la parte más grande de los recursos en la entidad se destina a la prevención.

Recalcó que reducir la impunidad no le corresponde sólo a una institución, sino que involucra a todo el aparato gubernamental, los distintos poderes y órganos autónomos, por lo que deben articularse bien entre sí para brindar resultados.

Finalmente, reiteró la necesidad de fortalecer a las instituciones que conforman la cadena de seguridad y justicia con recursos óptimos, adecuados y transparentes, políticas públicas efectivas y un marco jurídico sólido, además de dotarlas de personal suficiente, bien pagado, capacitado y avanzar en la depuración de elementos no aptos según los controles establecidos.

Sinaloenses se sienten más seguros que el promedio nacional de mexicanos

En Culiacán el 65% de la población dijo sentirse insegura, en Mazatlán el 52% y en Los Mochis 42%, mientras que a nivel nacional el promedio es de 67%, revela la ENSU

Culiacán, Sin.- Durante el tercer trimestre de 2020 los sinaloenses dijeron sentirse menos inseguros que en el mismo periodo del año anterior, incluso menos que el promedio nacional que es de 67% de población que considera que vivir en su ciudad es inseguro.

Esto es parte de los recientes resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente al tercer trimestre del 2020.

Con base en una revisión realizada por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se observa que Culiacán tiene una constante baja en la percepción de inseguridad, considerando el tercer trimestre de los años 2017 a 2020.

En el tercer trimestre de 2020 el 65% en Culiacán dijo sentirse inseguro, esta es la percepción de inseguridad más baja desde 2017, cuando el 76% de los ciudadanos se sentían inseguros.

En Los Mochis también se redujo la percepción de inseguridad. En la reciente ENSU el 42% dijo sentirse inseguro, mientras que en el tercer trimestre de 2019 fue 55%.

Por el contrario, en Mazatlán incrementó la percepción de inseguridad. Durante el tercer trimestre de 2020 el 52% dijo sentirse inseguro, en el mismo periodo de 2019 fue el 42%.

Sobre hogares con víctimas del delito, el 16% en Culiacán dijo que en su hogar al menos uno de sus integrantes fue víctima del delito este año. En Los Mochis y en Mazatlán fue un 8%.

A nivel nacional el 57% escuchó o presenció robos o asaltos, en Culiacán fue 32%, en Mazatlán 38% y en Los Mochis 28%, porcentajes menores que en el mismo trimestre de 2019.

Sobre disparos frecuentes con armas en los alrededores de su vivienda, a nivel nacional así lo señaló el 39% de los encuestados, en Culiacán así lo dijo un 38% y en Los Mochis y Mazatlán 12%. Culiacán y Los Mochis redujeron sus porcentajes, pero en Mazatlán incrementó.

En percepción del desempeño gubernamental, la autoridad que inspira más confianza en Sinaloa es la Marina. En Culiacán así lo dijo el 85%, en Mazatlán 92% y en Los Mochis 92%.

La Policía que menos confianza inspira es la Municipal. En Culiacán el 52% dijo que esta autoridad le inspira confianza, en Mazatlán 45% y en Los Mochis 46%. En Culiacán y Los Mochis el porcentaje de confianza es mayor que en el mismo trimestre de 2019, en Mazatlán es menor.

Finalmente, 27% a nivel nacional consideró al gobierno efectivo para la solución de los problemas de su ciudad, en Culiacán así lo dijo el 34%, en Mazatlán 31% y en Los Mochis 20%.

Jueves negro, un año después

17 de octubre de 2020

Hoy es un día para aprender, no para olvidar.

El 17 de octubre de 2019 Culiacán quedó capturado por un grupo delictivo que demostró un poder hasta entonces solamente imaginado por los ciudadanos.

El Estado mexicano fue derrotado a la vista del mundo. Fue superado en fuerza y estrategia durante la batalla.

A un año, aún tenemos los ecos de ese terrible día. Persisten el malestar por el mal manejo de la información por parte de las autoridades y el sentimiento de vulnerabilidad ante el fenómeno del narcotráfico.

Hoy, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública convoca a las autoridades de los tres niveles de gobierno a hacer un ejercicio de autocrítica para verdaderamente aprender de los errores y transitar hacia un sólido Estado de Derecho.

Si el Jueves Negro no es el límite para decir “basta”, entonces no queremos imaginar cuál sería.

A partir del 17 de octubre de 2019, preguntamos:

A las autoridades federales

¿Qué políticas públicas se implementaron para el combate al crimen organizado y cuáles son sus resultados?

¿Cuáles son los avances obtenidos de las investigaciones iniciadas a raíz del “Culiacanazo”?

¿Qué acciones se pusieron en marcha para inhibir la portación ilegal de armas de fuego?

Al Gobierno de Sinaloa

¿Cuáles fueron los ajustes realizados a las políticas públicas que garanticen que la violencia no volverá a desbordarse?

¿Qué medidas se tomaron para mejorar la seguridad penitenciaria y evitar una nueva fuga masiva?

¿Cuáles son las acciones de las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en materia de depuración y dignificación policial?

¿Qué atención se les brindó a las víctimas u ofendidos de ese día?

A los gobiernos municipales

¿Qué acciones se implementaron para depurar y dignificar los cuerpos policiales?

¿Qué programas o acciones preventivas se pusieron en marcha?

¿Qué estrategias claras, medibles y evaluables se aplicarán contra la delincuencia a partir de los datos de información que se generan en C4i?

A todo Sinaloa

A un año del Jueves Negro, ¿has donado tiempo o recursos para alguna causa social en favor de la Paz?

¿Has pensado que nuestras faltas, como pasarnos una luz roja, estacionarnos en doble fila, comprar piratería o no interponer una denuncia cuando eres víctima de un delito, contribuyen a promover la ilegalidad?

La responsabilidad de cumplir con estas medidas está en los servidores públicos, pero también en nosotros como sociedad. Nuestro deber como observatorio ciudadano es exigir y vigilar que estas acciones se concreten, por lo que reiteramos el compromiso de cumplir con nuestra parte y fungir como vínculo entre sociedad, autoridades y organismos para que juntos trabajemos en los cambios que los sinaloenses demandamos.

Tenemos que darnos la oportunidad de aprender y ser mejores.

Reflexionemos.

Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública

Sinaloa necesita más y mejores policías; Fortaseg tiene que continuar

La entidad tiene un déficit de más de 1,700 policías, pero además de necesitar más agentes también se requiere que tanto los nuevos como los ya formados tengan mejor capacitación, equipamiento y buenas condiciones laborales

Culiacán, Sin.- Sinaloa necesita más policías, pero si desaparece el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) será aún más complicado tener la cobertura que los ciudadanos requieren. 

De acuerdo con el Estudio sobre Seguridad y Justicia 2019 de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la entidad tiene un déficit de más de 1,700 elementos policiacos, con base en el estándar de la Organización de las Naciones Unidas.

Además, debe darse de baja a cerca del 30% de los policías de las diversas corporaciones por no aprobar los exámenes de control y confianza, lo que incrementaría aún más el déficit policial.

Pero no sólo se necesitan más agentes, también se requiere que tanto los nuevos como los ya formados tengan mejor capacitación, equipamiento y buenas condiciones laborales, aspectos para los que es fundamental mejorar los presupuestos en materia de seguridad y prevención.

La Coordinación General del CESP recalcó la importancia de que la Federación no recorte programas como el Fortaseg, que ha sido fundamental para realizar pruebas de control y confianza, formación de nuevos policías, equipamiento y mejoras salariales.

Según el Estudio sobre Seguridad y Justicia 2019, los policías municipales son los que tienen los sueldos más bajos entre las diversas corporaciones en Sinaloa, con sueldos que en algunos casos rondan los 8 mil pesos mensuales, además son los que menos prestaciones tienen, pues en municipios como Cosalá no tienen ni seguro de vida, mientras que de los 18 ayuntamientos solo el municipio de Rosario brinda créditos de vivienda a sus elementos.

El Coordinador General del CESP, Ricardo Jenny del Rincón, señaló que dejar sin recursos al Fortaseg será un retroceso para mejorar las condiciones laborales de los policías, depurar a los no aprobados y contar con nuevos elementos en las corporaciones, por lo que llamó a las y los legisladores federales a que tomen decisiones que beneficien a las corporaciones locales en materia presupuestal.

Recordó que otro gran pendiente en Sinaloa es la implementación del Servicio Profesional de Carrera Policial para garantizar la igualdad de oportunidades en el ingreso de nuevo personal y en el otorgamiento de ascensos, a fin de que sean con base en la experiencia, desempeño, aptitudes y conocimientos, con un sistema equitativo de estímulos y compensaciones, pero también sanciones justas.

Pide CGCESP fortalecer evaluaciones y depuración de corporaciones policiales

Las corporaciones de seguridad y justicia en Sinaloa, desde las preventivas hasta las de investigación y procuración de justicia, tienen la obligación de evaluar permanentemente a sus elementos y garantizar que los no aprobados o con vínculos con el crimen sean expulsados de las corporaciones, expuso la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

El organismo ciudadano señaló que además el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) está obligado a analizar y reajustar en su caso los lineamientos para detectar de manera más certera a aquellos elementos que no cumplan con los requerimientos necesarios para laborar en áreas de seguridad pública y de procuración de justicia.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que, de los 7,132 elementos policiacos activos en Sinaloa, en promedio el 71% está aprobado en control y confianza, mientras que el 28% no está aprobado y aun así permanece como parte de las corporaciones, lo que supone un grave riesgo para la seguridad.

El desglose de aprobación por dependencia en Sinaloa es:

  • Seguridad Pública Municipal: 66% de elementos aprobados, 33% no aprobados
  • Seguridad Pública Estatal: 89% de aprobados, 10% no aprobados
  • Prevención y Reinserción Social: 68% de aprobados, 31% no aprobados
  • Fiscalía General del Estado: 78% de elementos aprobados, 21% no aprobados

Estas cifras reflejan la necesidad e importancia de que las corporaciones policiales reciban recursos y apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal para mantener la permanente evaluación y capacitación de los agentes.

La Coordinación General del CESP recordó que la propuesta de presupuesto federal pretende eliminar el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), recursos que son mayormente utilizados para pruebas de control y confianza, así como para la formación de nuevos policías.

No obstante, los legisladores federales aún están a tiempo de evitar estos recortes y tomar decisiones en materia presupuestal que beneficien a las corporaciones locales.

Además, las autoridades estatal y municipales deben analizar y considerar en los próximos presupuestos locales los recursos necesarios para la evaluación, depuración y capacitación de los agentes, a fin de garantizar que se cumpla con estos puntos clave en materia de seguridad.

Delitos persisten en las mismas colonias y municipios, revela Ciudadanos Evaluando

Los problemas de inseguridad en Sinaloa persisten en los mismos municipios y colonias que el año pasado, lo que indica que las estrategias de inteligencia no han sido suficientes para contener a la delincuencia y prevenir el delito.

Esto es parte de las conclusiones de la nueva edición semestral de Ciudadanos Evaluando, el observatorio del comportamiento delictivo de la Coordinación General del CESP.

Esta herramienta ciudadana contiene información útil para la sociedad en materia preventiva, pues muestra horarios y colonias de Culiacán con mayor registro de delitos, pero estos datos también deben ser tomados por las autoridades para reforzar sus estrategias con inteligencia.

Las 10 colonias con mayor incidencia en Culiacán este año, con base en los reportes al 911, son: Alturas del Sur, Centro, Adolfo López Mateos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Guadalupe Victoria, Díaz Ordaz, Infonavit Barrancos, San Rafael y Guadalupe.

Por ejemplo, la violencia familiar persiste con mayor fuerza en Alturas del Sur, Benito Juárez, Adolfo López Mateos, Centro y Lázaro Cárdenas, principalmente los fines de semana.

En el caso de los municipios, este delito mantiene una alta incidencia en Guasave, Culiacán, Angostura, Ahome y Salvador Alvarado, que durante 2019 también tenían las tasas más altas por cada 100 mil habitantes en violencia familiar.

En el robo a casa habitación, las colonias de Culiacán donde más se comete también son las mismas que en 2019: Valle Alto, Alturas del Sur, Libertad y Floresta.

Mientras que en robo de vehículo, las colonias de Culiacán donde más se registra son Alturas del Sur, Centro, Guadalupe, Lomas de San Isidro, Las Quintas, La Conquista, Nueva Galicia y Valle Alto, que durante el año pasado también encabezaban esta problemática.

Por municipios el mayor registro lo tiene Culiacán, aunque Elota, Mazatlán y Ahome también registran altas tasas por cada 100 mil habitantes.

En cuanto al homicidio doloso, el 61% de los casos ocurren en Culiacán, pero otros municipios con altas tasas son Choix, Cosalá, Mocorito y Navolato.

Los sectores de Culiacán donde más se registran homicidios, según los reportes al 911, son La Primavera, El Ranchito, Prados del Sur y Santa Fe.

Toda esta y más información se encuentra en la nueva edición semestral 2020 de Ciudadanos Evaluando, que contiene datos sobre seis delitos: feminicidio, homicidio doloso y culposo, robo de vehículo, robo a casa y violencia familiar.

Para descargar Ciudadanos Evaluando primer semestre 2020, da clic aquí:

¿Cómo afectó el Covid al delito en Sinaloa? CGCESP presenta nueva edición de Ciudadanos Evaluando

La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública presentó la nueva edición del diagnóstico Ciudadanos Evaluando, correspondiente al primer semestre de 2020.

Esta entrega se titula “¿Cómo afectó el Covid-19 al delito?” y expone los datos más relevantes sobre feminicidio, homicidio doloso y culposo, robo de vehículo, robo a casa y violencia familiar.

El Coordinador General del CESP, Ricardo Jenny del Rincón, explicó que entre los hallazgos que arroja el documento destaca que el Covid también pegó a la incidencia delictiva en Sinaloa, pues durante el inicio de la pandemia disminuyeron considerablemente los delitos. Sin embargo, la “nueva normalidad” los reactivó hasta incrementarse incluso más que el año pasado.

Otro hallazgo es que la pandemia también impactó en el Sistema de Justicia Penal, pues en el primer semestre de 2020 la actividad judicial bajó 20% con relación al mismo periodo del 2019.

Del análisis de resultados de Ciudadanos Evaluando, la coordinación ciudadana destacó cuatro conclusiones principales:

  1. El uso ilegal de armas no sólo persiste en la comisión de delitos, sino que es evidente que su combate no se realiza con la prioridad ni la inteligencia que se requiere, lo que reitera la importancia de emprender acciones estratégicas y de fondo para contrarrestar las armas ilegales en la entidad.
  2. La violencia familiar contra la mujer y la infancia sigue creciendo. Es urgente que las autoridades responsables de prevenir y atender estos delitos rindan cuentas claras e implementen políticas públicas efectivas, eficaces y medibles.
  3. Los problemas de inseguridad persisten en las mismas zonas geográficas que el año pasado, ya sea colonias o municipios, lo que indica que las estrategias de inteligencia no han sido suficientes para contener a la delincuencia.
  4. Si bien los casos de feminicidio han disminuido, el nivel de violencia y brutalidad se recrudece. Es necesario que las instituciones de prevención en la materia brinden periódicamente un informe público de acciones para que las y los sinaloenses conozcamos qué se está haciendo para combatir esta fuerte problemática.

El Coordinador General del CESP expuso también que Ciudadanos Evaluando es una herramienta ciudadana que busca abonar a la prevención, tanto por parte de la sociedad como de la autoridad.

Para las y los ciudadanos contiene información útil que sirve para tomar medidas de autocuidado, como horarios y colonias donde más se registran los delitos, datos que también deben ser tomados por las autoridades para reforzar sus estrategias y prevenir con inteligencia.

Para descargar Ciudadanos Evaluando, da clic aquí:

Posicionamiento sobre eliminación de Fortaseg

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 recién presentado a la Cámara de Diputados, desapareció el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), al no asignar recursos para su operación.

Al eliminarse este programa:

  • Se perderían recursos para formar a nuevos policías y evaluar tanto a los nuevos como a los actuales elementos.
  • Se afectarían las condiciones laborales en las policías municipales, pues en algunos casos este recurso es utilizado para sueldos, salarios y prestaciones.
  • Se pondría en riesgo la prevención al debilitar a las policías municipales, que son el mayor estado de fuerza en los estados de México, cuyos agentes suelen ser el primer contacto en atención a la ciudadanía.
  • Se dificultaría aún más que las corporaciones policiales cuenten con el equipamiento necesario, como patrullas, armamento, uniformes y equipos de protección.

Las Policías Municipales ya arrastran serias complicaciones que deberían resolverse con urgencia, y en lugar de eso se acrecientan con un recorte presupuestal. El Estudio sobre Seguridad y Justicia 2019 de la Coordinación General del CESP muestra que:

  • Las Policías Municipales en Sinaloa son las corporaciones con más elementos no aprobados en las pruebas de control y confianza.
  • Las y los policías municipales son los elementos que tienen los sueldos más bajos y la menor cantidad de prestaciones.
  • Entre las corporaciones de los 18 municipios no existe homogeneidad en sueldos, prestaciones, categorías y jerarquías.

Reducir recursos a los municipios en materia de seguridad es dar un paso atrás en el fortalecimiento que las corporaciones policiacas necesitan con urgencia.

Los recortes presupuestales en rubros tan importantes no se pueden justificar como medidas de austeridad, porque trastocan la operación y funcionamiento de las instituciones de seguridad, en este caso las de mayor proximidad con la sociedad y encargadas de la prevención.

A las y los legisladores sinaloenses les pedimos su intervención para mantener estos recursos, que son indispensables para la seguridad de la ciudadanía: primera obligación del Estado.

En lugar de eliminarlos, proponemos que se establezcan mecanismos efectivos para vigilar que estos recursos se utilicen de manera estratégica, transparente y enfocados a la rendición de cuentas y a resultados en prevención.

Atentamente

Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública