Hoy que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, queremos mostrar algunos de los datos que se incluirán en el Diagnóstico de Desaparición Forzada de personas 2023, creado por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Sinaloa tiene un grave y profundo problema de desaparición forzada y privación de la libertad. Es por ello, que la Coordinación General del CESP hace un zoom sobre este delito, con un análisis de las cifras oficiales, con el respeto que nos merecen las víctimas, sus familias y los colectivos de búsqueda de la entidad.
Entre los datos que destacamos se encuentra que dentro del contexto nacional en lo acumulado de 1962 al 2023, Sinaloa se ubica en la novena posición con un total de 12,811 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.
Según los datos de la Fiscalía General del Estado, entre los años 2006 y 2022 se han registrado 10, 570 denuncias por DFP. El 74% de la incidencia se concentra en Culiacán, Mazatlán y Ahome, las ciudades con mayor población.
Durante los últimos 6 años, Sinaloa ha tenido el mayor número de denuncias por este delito. El año 2019 con 1,089 denuncias ha sido el de mayor incidencia.
Por lo tanto, demandamos que:
- Aún con la construcción del Centro de Resguardo e Identificación Humana, siguen pendientes otras engranes del sistema que busca garantizar el derecho a la justicia, la reparación del daño y la nota repetición, pero sobre todo, a encontrar a las personas que siguen sin ser localizadas.
- Es fundamental la instalación formal del Sistema Estatal de Búsqueda, que a agosto de 2023 todavía no opera.
- Se requiere la conformación y funcionamiento del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
- Pedimos a la Comisión Estatal de Búsqueda de personas, que fue creada el 08 de marzo de 2019, elaboré y publique el Plan Estatal de Búsqueda, que es una omisión monumental frente a las actuales circunstancias.
