Entre 2010 y 2024 se reportaron 13,345 casos de Privación Ilegal de la Libertad y DFP; de ellos, 6,305 personas fueron encontradas vivas; un nuevo diagnóstico de la CG CESP destaca la importancia de la pronta denuncia y la búsqueda inmediata, pues más del 50% de las localizaciones ocurren en las primeras 72 horas

En Sinaloa, la desaparición de personas sigue siendo una herida abierta que marca a miles de familias y daña el tejido social. Entre 2010 y 2024, el estado registró 13 mil 345 denuncias por este delito, de las cuales, el 47% fueron localizados con vida, cifra inferior al promedio histórico nacional que es del 59.2%.

De acuerdo con el Diagnóstico de Privación y Desaparición Forzada de Personas, elaborado por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, del total de casos en territorio sinaloense, 6 mil 305 corresponden a personas que sí fueron halladas vivas.

En contraste, mil 412 fueron localizadas sin vida (11%) y 561 permanecen como no localizadas (4%), mientras que 5 mil 067 personas siguen desaparecidas (38%).

La importancia de actuar en las primeras horas

El informe subraya que la rapidez en la respuesta es determinante. Entre 2013 y 2022, el 51 por ciento de personas desaparecidas fueron localizadas con vida en

las primeras 72 horas después de interpuesta la denuncia. Otro 21 por ciento se localizó en periodos de 8 a 30 días, y el resto en plazos más prolongados, incluso superiores a 4 cuatro años.

Estos datos confirman la relevancia del principio de presunción de vida y búsqueda en vida establecido en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas, aprobado en 2020, y muestran que cada hora cuenta para devolver a las víctimas a sus hogares.

Sinaloa, en el contexto nacional

El fenómeno de la desaparición de personas es complejo en Sinaloa y se ha agudizado en los últimos años. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) que datan del 31 de diciembre de 1952 al 31 de diciembre de 2024, esta entidad ocupa la sexta posición nacional en número de personas desaparecidas con 5,366, y la segunda tasa más alta por cada 100 mil habitantes, con 177.

Además, se ubica en segundo lugar nacional en tasa de personas localizadas sin vida, con 49.3 por cada 100 mil habitantes.

Estas cifras reflejan tanto la magnitud del problema como la importancia de fortalecer las capacidades institucionales para atenderlo.

Retos pendientes que enfrenta Sinaloa

El diagnóstico advierte que, aunque se han creado tres Centros de Resguardo Temporal e Identificación Humana en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, persisten rezagos importantes. El Sistema Estatal de Búsqueda aún no ha sido instalado formalmente y el Plan Estatal de Búsqueda, clave para coordinar esfuerzos, no ha sido publicado desde 2019.

También está pendiente la conformación del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda, un paso necesario para garantizar la participación social y dar voz a los colectivos de familias que día a día impulsan las labores de localización.

Desaparecidos, una deuda con sus familias

El balance de 15 años, de 2010 a 2024, destaca que, aunque casi la mitad de las personas desaparecidas fueron localizadas con vida, la persistencia del 38% de casos sin esclarecer es una deuda pendiente con cada familia que espera a un ser querido.

Reducir esa cifra requiere fortalecer las capacidades institucionales, garantizar la participación de la sociedad civil y priorizar la atención a las víctimas, porque más allá de los números, las desapariciones representan un golpe profundo al tejido social.

Cada caso significa un hogar fracturado y un proceso de búsqueda que, en muchos casos, se prolonga durante años.

El Diagnóstico de Privación y Desaparición Forzada de Personas reconoce la labor de los colectivos de búsqueda, quienes han sido un motor para visibilizar el problema y exigir resultados a las autoridades.

Puedes descargar el diagnóstico completo aquí:

https://coordinaciongeneralcesp.org.mx/wp-content/uploads/2025/08/Dianostico-DFP-2024-CESP-2.pdf

Dada la gravedad del problema de violencia que viven los sinaloenses, Calderón Quevedo considera que es momento de hacer valoraciones objetivas y demandar acciones efectivas y trabajo coordinado al Legislativo, Ejecutivo y Judicial

A asumir su responsabilidad frente a la crisis de seguridad que vive Sinaloa llamó con urgencia Miguel Calderón Quevedo, tanto a las autoridades y como a la sociedad civil.

Dada la gravedad del problema de violencia que viven los sinaloenses, el Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública consideró que es momento de hacer valoraciones objetivas, exigir acciones efectivas y trabajo coordinado a las autoridades en todos los niveles, tanto del legislativo, ejecutivo y judicial, en el mensaje de introducción al Estudio Anual de Seguridad y Justicia 2024 que puedes consultar en la página: https://coordinaciongeneralcesp.org.mx/wp-content/uploads/2025/07/Diagnostico-anual-2024.pdf

Además del llamado institucional, subrayó la corresponsabilidad social ante este fenómeno complejo como es el narcotráfico y el crimen organizado, en particular desde la familia como núcleo del tejido social.

“Debemos abonar al debate público de altura, a la resiliencia social, al análisis gubernamental, sobre todo, enfocado en una necesidad hoy como nunca apremiante, aportar desde nuestros entornos y círculos cercanos a la construcción de paz”, subrayó.

Calderón Quevedo reconoció el dolor de las víctimas y el trabajo de los colectivos de búsqueda, cuya respuesta a sus reclamos sigue siendo un pendiente institucional.

El informe subraya un repunte preocupante de delitos de alto impacto como homicidio doloso, privación de la libertad, robo de vehículos y robo a comercio. Gran parte de estos delitos se han caracterizado por un mayor uso de armas de fuego y la violencia asociada al rompimiento entre grupos del crimen organizado.

“El 2024 colocó en la palestra internacional y nacional a Sinaloa, ante la situación de seguridad que se ha traducido en una crisis que inició a principios de septiembre y que se ha prolongado, impactando la vida de los habitantes de varios municipios del estado, trastocado algunas de las actividades comerciales, culturales, deportivas y sociales”, expuso.

Impunidad y crisis penitenciaria, dos problemas preocupantes

El Estudio Anual de Seguridad y Justicia 2024, elaborado por el Centro de Investigación de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública identifica cuatro rubros críticos: el incremento de la incidencia delictiva, el uso de armas de fuego, los altos niveles de impunidad y la crisis estructural del sistema penitenciario estatal.

En cuanto a la impunidad, el informe expone una preocupante tasa y es que 9 de los 15 delitos monitoreados por la CGCESP tienen niveles superiores al 90%, entre ellos el homicidio doloso (95%), robo a comercio (95%) y violencia familiar (98%). Esto deja a las víctimas sin acceso a justicia y refleja profundas fallas en la capacidad del sistema judicial.

Otro punto crítico que señala el estudio es el estado del Sistema Penitenciario de Sinaloa, particularmente el Centro Penitenciario “Aguaruto”, señalado como obsoleto, riesgoso y con antecedentes de autogobierno.

La CGCESP propone tres acciones urgentes: se continúe con el traslado de internos federales a otros penales, construir dos nuevos centros penitenciarios y renovar los protocolos de seguridad.

Los resultados reflejados en el estudio no son un fenómeno aislado, sino resultado de una crisis estructural que involucra impunidad, tráfico de armas, infraestructura deficiente y una incapacidad crónica del Estado para contener la escalada criminal.

Las recomendaciones del CGCESP incluyen reforzar la coordinación institucional, fortalecer el sistema de justicia penal, depurar y capacitar cuerpos policiales, y atender con prioridad la violencia contra grupos vulnerables.

“Evidentemente, lo anterior implica una actitud más proactiva de los vecinos de las comunidades y una asignación presupuestal que represente un salto de la debilidad a la fortaleza para las instituciones de seguridad y justicia”, agregó el Coordinador General.

Más del 50% de las víctimas de violencia en Sinaloa tienen entre 14 y 30 años, lo que hace necesario crear y habilitar condiciones para que este sector de la población pueda desarrollarse con calidad de vida

La juventud en Sinaloa enfrenta una crisis de violencia preocupante. De acuerdo con especialistas en seguridad y construcción de paz, las y los jóvenes entre los 14 y 30 años representan más del 50 por ciento de las víctimas de asesinatos, violencia de género y desapariciones en todo el Estado.

Durante la presentación del Índice de Paz México 2025, convocada por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) y el Instituto para la Economía y la Paz en México, se destacó la urgencia de atender esta problemática con acciones concretas y sostenidas. 

Carlos Juárez Cruz, director del Instituto para la Economía y la Paz en México, alertó sobre la gravedad de la situación, señalando que la población joven en Sinaloa -y en todo el País- es el blanco principal del crimen.

“La crisis de violencia está hiperconcentrada en las juventudes. Son jóvenes, hombres y mujeres, quienes están siendo atacados, desaparecidos, violadas o ejecutados, y nadie parece decir: ‘estos jóvenes son míos, son el futuro’”.

Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, dijo que la atención a las juventudes es un tema urgente, pues además de que son las víctimas principales de la violencia, también son quienes serán responsables de las próximas decisiones para el manejo de Sinaloa y el País.

“Debemos escuchar a los jóvenes, tomarlos en cuenta y hacerlos parte para atender con soluciones”, dijo Calderón Quevedo.

Además, recordó que en los últimos 20 años se han tenido episodios de violencia exacerbada y que aquellos jóvenes que fueron víctimas en otros momentos hoy son adultos que crecieron con traumas, por haber sido víctima o porque tienen a un familiar que fue afectado.

Estas expresiones surgieron durante el panel Jóvenes Menores de Edad en la Crisis de Seguridad realizado durante la presentación del Índice de Paz México 2025, en el que también participaron Iván Velázquez, director de Suma Sociedad Unida; Adrián López Ortiz, director general del Grupo Editorial Noroeste; Perla Anahí Zavala, directora de la secundaria Emilia Obeso; y Saúl Meza, director del Instituto Sinaloense de la Juventud.

Jóvenes: principales víctimas de homicidios, desapariciones y violencia sexual

De acuerdo con Juárez Cruz, 7 de cada 10 mujeres desaparecidas son jóvenes en edad reproductiva. En el caso de los hombres, las principales víctimas de homicidio doloso, desaparición y delitos vinculados al narcomenudeo también son jóvenes, especialmente entre los 17 y 30 años.

“Ninguno de estos jóvenes hizo algo para contribuir a esta violencia. Son quienes se están graduando, quienes tendrán que resolver lo que hoy estamos dejando”, señaló Juárez Cruz, llamando a habilitar condiciones positivas para el desarrollo de las juventudes.

Perla Anahí Zavala, directora de la secundaria Emilia Obeso, señaló que es crucial atender específicamente los rangos de edad más vulnerables. 

“No se trata de apostar por ellos, se trata de invertir en ellos”, enfatizó la maestra mientras explicaba que esas condiciones deben partir de:

• Creación de espacios seguros.
• Inversión en salud mental en las escuelas.
• Ofrecer espacios para el desarrollo de habilidades sin que signifique un costo económico adicional.

Esa posición fue apoyada por Iván Velazquez, director de la organización SUMA, Sociedad Unida IAP, que se enfoca en el impulso de liderazgos juveniles desde las escuelas.

En su participación, Velázquez explicó que uno de los problemas de la violencia radica en la ausencia de atención a lo que necesitan, de ahí que se deba tomar en cuenta a las y los adolescentes para las decisiones de seguridad.

“Hay dos factores importantes, la inspiración que podemos ofrecerles y otro factor muy importante es el empoderamiento, que como individuos seamos conscientes del poder que tenemos. Entendiendo esos elementos, entonces creo que la pregunta no es a quién le corresponde, sino cómo puedo abonar a esta construcción de paz”, expresó Velázquez.

Un llamado de urgencia para invertir en los jóvenes

Por su parte, Adrián López Ortiz, director general del Grupo Editorial Noroeste, compartió cifras sobre Sinaloa durante los últimos 9 meses, cuyo factor principal es la confrontación criminal entre grupos del crimen organizado.

“Son más de 2 mil asesinatos y podemos terminar este año como el más violento de la historia”, dijo López Ortiz, llamando a exigirle al Estado que cumpla con su papel. “Hay cosas que solo el Estado puede hacer. Los empresarios y la sociedad civil podemos incidir, pero lo primero es exigir lo que el Estado debe hacer”.

Miguel Calderón Quevedo, coordinador ciudadano del Consejo Estatal de Seguridad Pública, y Saúl Meza, director del Instituto Sinaloense de la Juventud, coincidieron en que los jóvenes son el pilar del futuro de México, aunque muchas veces quedan fuera del radar político y social por no ser considerados “rentables electoralmente”.

“Las personas desde los 12 años ya son consideradas jóvenes según la legislación de Sinaloa. Es momento de trabajar por esas generaciones, porque importan para la construcción de paz”, señaló Meza.

Los delitos de feminicidio, homicidio doloso, robo de vehículo y privación ilegal de la libertad aumentan más del 100% respecto al mismo mes del año pasado

En medio de la confrontación entre grupos del crimen organizado que persiste en Sinaloa, el estado registró en abril un repunte en la incidencia delictiva. De los 15 delitos monitoreados por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 7 presentaron incrementos significativos en el número de denuncias comparados con el mismo mes del año anterior.

Particularmente, en el caso de feminicidio, homicidio doloso, robo de vehículo y privación ilegal de la libertad, superaron el 100% de crecimiento en comparación con abril de 2024.

Entre los delitos de alto impacto destaca el de homicidio doloso. En una comparación entre periodos de septiembre-abril, para contextualizar su comportamiento dentro de la actual pugna, se tiene que en el periodo presente se cometen casi 5 homicidios diarios.

Homicidios dolosos en tiempos de crisis

Además de los delitos mencionados, en abril también se registraron alzas en el robo a comercio, que pasó de 133 a 226 denuncias (un incremento del 70%); el robo a casa habitación, que subió de 37 a 44 casos (19% más); y el narcomenudeo, con un ligero aumento del 13%, al pasar de 23 a 26 denuncias.

En contraste, algunos delitos como extorsión, violación, homicidio culposo, violencia familiar y lesiones dolosas mostraron descensos que oscilaron entre el 11% y el 50%. Por otro lado, al igual que en abril de 2024, no se registraron denuncias por robo bancario, robo a transportista ni secuestro.

La tendencia al alza en delitos de alto impacto, en un contexto ya marcado por la violencia armada entre grupos delictivos, exige una respuesta urgente y coordinada de las autoridades de todos los niveles.

Es imperativo fortalecer la presencia institucional en las zonas más afectadas, garantizar la protección de la ciudadanía y restaurar la confianza en las instituciones de seguridad y justicia para recobrar la paz en nuestra entidad.

Del total de menores de edad víctimas de algún delito, el 67% corresponde a niñas y niños de hasta 14 años

La incidencia delictiva en Sinaloa durante 2024 marcó a 1,482 menores de edad, fueron víctimas de algún hecho delictivo y sufrieron afectaciones emocionales, físicas, e incluso, la pérdida de la vida.

De este total, el 67% fueron niñas y niños de hasta 14 años. Este porcentaje corresponde a 999 víctimas del delito, siendo la violencia familiar la de mayor incidencia, con 607 casos, de acuerdo con un análisis del área de Investigación de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Los otros dos delitos que más sufre la niñez sinaloense son lesiones dolosas y violación, con 200 y 159 víctimas de hasta 14 años, respectivamente

Esto indica que, durante el 2024, diariamente casi 3 niñas y niños fueron víctimas de un delito.

Culiacán y Mazatlán concentraron el 75% de las denuncias por este delito; predomina el uso de arma de fuego

En contraste con los 3,985 vehículos robados en 2024, un total de 499 unidades fueron recuperadas en el mismo año, lo que representa que 1 de cada 8 vehículos despojados son encontrados.

De acuerdo con el análisis Ciudadanos Evaluando, realizado por el área de Investigación de la Coordinación General del CESP, este delito creció 6 por ciento de 2023 a 2024, por lo que se trata del quinto delito de mayor aumento anual, después de la privación ilegal de la libertad, extorsión, homicidio doloso y robo a local comercial.

Para dimensionar el impacto, si los casi 4 mil vehículos robados fueran colocados uno tras otro sobre la avenida principal de Culiacán, la Álvaro Obregón, darían una vuelta completa, desde La Lomita hasta la colonia Rotarismo, al final de la zona urbana, y de regreso.

La impunidad en el robo de vehículos durante 2024 alcanzó el 99.63 por ciento.

El análisis indica que, durante el 2024, el promedio diario en Sinaloa era de 11 vehículo robados, cifra que se disparó en el último cuatrimestre (septiembre-diciembre), donde el promedio aumento a 18 unidades al día.

Robos cada vez más violentos

Otro dato que arroja Ciudadanos Evaluando es la forma en que se cometen estos delitos: en 6 de cada 10 denuncias se reportó el uso de violencia, el doble del promedio nacional, que es de 3 de cada 10. Esto sugiere no solo un aumento en la cantidad de robos, sino también en la agresividad con la que se llevan a cabo.

Culiacán y Mazatlán concentraron el 75% de todas las denuncias en el estado, con la capital sinaloense acaparando el 57% del total por sí sola. Esto confirma la tendencia histórica de Culiacán como el principal punto de conflicto en materia de seguridad.

¿Qué tipo de vehículos se roban más?

Los más afectados fueron las motocicletas, con 1,269 robos, lo que equivale a casi un tercio del total. Les siguen los sedanes (970), pick-ups (671) y SUVs (418).

El repunte de robos de vehículos en Sinaloa, con una tasa de recuperación de apenas 12.5% y un patrón de impunidad de casi el 100 por ciento, sugiere la urgencia de acciones coordinadas y efectivas de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, especialmente en municipios como Culiacán y Mazatlán que concentran el grueso de las denuncias por este delito.

La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública presenta el estudio Ciudadanos Evaluando 2024, el cuál arroja insumos para comprender a profundidad el impacto de la violencia del crimen organizado en la ciudadanía

Las tres fracturas del cártel dominante en Sinaloa y sus impactos en la sociedad, que se han dado en los 20 años recientes, son prueba de que para frenar la violencia es urgente complementar la visión punitiva, es decir, el uso institucional de la fuerza, con un enfoque que trabaje la No Repetición desde articuladas políticas públicas, expresó Miguel Calderón Quevedo.

Al presentar el Estudio Ciudadanos Evaluando 2024, el Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública acompañado del consejero ciudadano Gustavo Rojo, reconoció el trabajo de los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno, así como de las fuerzas armadas, pero que es muy frágil la estabilidad que por episodios se logra, pues es vulnerable a estas dinámicas internas del crimen organizado, a pesar de los esfuerzos del Estado.

 “Para instaurar la paz duradera necesitamos complementar los esfuerzos policiales con un verdadero y eficaz sistema de justicia restaurativa, en el que se cumplan los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”, urgió.

La Coordinación General del CESP presentó Ciudadanos Evaluando, el cual es un estudio anual sobre el comportamiento de la incidencia delictiva en correlación con los impactos socioeconómicos, en contextos municipales, estatal y nacional, así como en perspectivas de tiempo.

Para la edición 2024, por ejemplo, el análisis de datos se hizo desde tres perspectivas de tiempo distintas: En 20 años, anual y en el cierre del año, es decir, los últimos 4 meses, lo que constata el patrón repetitivo de la violencia provocada por el crimen organizado y, por lo tanto, la necesidad de ser innovadores en la búsqueda de una paz duradera.

Calderón Quevedo detalló que el conflicto armado de la delincuencia organizada marcó el perfil de la incidencia delictiva en 2024. Mientras que en 2023 predominaron delitos estrictamente del fuero común, los delitos relacionados con el crimen organizado registraron un incremento significativo. Destacan los siguientes aumentos en la incidencia delictiva:

• Privación ilegal de la libertad: +93%
• Extorsión: +88%
• Homicidio doloso: +86%
• Robo a local comercial: +11%
• Robo de vehículo: +6%

“Nos llamó la atención del análisis de lo que sucedió en 2024 los delitos que tienen una particularidad en términos de incidencia delictiva… la privación ilegal de la libertad con cifra récord histórica, nunca antes en la historia de Sinaloa se habían tenido tantas carpetas por este delito; la extorsión con un comportamiento atípico; el homicidio doloso con cifras altas, con enfasís en el crecimiento de los homicidios de mujeres”. Agregó.

Ante las recurrentes crisis de seguridad en el estado, la Coordinación General del CESP hace las siguientes recomendaciones:

1. Incrementar significativamente el presupuesto público destinado a seguridad y justicia, dado que Sinaloa se encuentra entre los estados con menor inversión en este rubro.
2. Aumentar el número de elementos de seguridad en Policía Estatal y Municipal, así como en la Fiscalía General del Estado, incluyendo agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos.
3. Adoptar modelos exitosos de justicia penal acusatoria, como el Sistema Cosmos de Querétaro, para reducir la impunidad y mejorar la efectividad del sistema judicial.
4. Reformar el sistema penitenciario estatal, con la construcción de dos nuevos centros penitenciarios para hombres y mujeres, ante la crisis de hacinamiento, fugas y contrabando de armas.
5. Atender la problemática de la privación ilegal de la libertad, reforzando herramientas institucionales para su prevención y contención.
6. Implementar políticas de desmovilización y reinserción social para jóvenes involucrados en el crimen organizado.

Para consolidar una estrategia de prevención y persecución efectiva que garantice la paz sostenible que demanda la ciudadanía, Calderón Quevedo insistió en que la urgencia de la No Repetición debe convertirse en un compromiso conjunto entre gobierno, sociedad, sector empresarial y academia, porque sin acciones concretas, la violencia seguirá siendo una constante en la vida de los sinaloenses.