La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública presentó la nueva edición del diagnóstico Ciudadanos Evaluando, correspondiente al primer semestre de 2020.

Esta entrega se titula “¿Cómo afectó el Covid-19 al delito?” y expone los datos más relevantes sobre feminicidio, homicidio doloso y culposo, robo de vehículo, robo a casa y violencia familiar.

El Coordinador General del CESP, Ricardo Jenny del Rincón, explicó que entre los hallazgos que arroja el documento destaca que el Covid también pegó a la incidencia delictiva en Sinaloa, pues durante el inicio de la pandemia disminuyeron considerablemente los delitos. Sin embargo, la “nueva normalidad” los reactivó hasta incrementarse incluso más que el año pasado.

Otro hallazgo es que la pandemia también impactó en el Sistema de Justicia Penal, pues en el primer semestre de 2020 la actividad judicial bajó 20% con relación al mismo periodo del 2019.

Del análisis de resultados de Ciudadanos Evaluando, la coordinación ciudadana destacó cuatro conclusiones principales:

1. El uso ilegal de armas no sólo persiste en la comisión de delitos, sino que es evidente que su combate no se realiza con la prioridad ni la inteligencia que se requiere, lo que reitera la importancia de emprender acciones estratégicas y de fondo para contrarrestar las armas ilegales en la entidad.
2. La violencia familiar contra la mujer y la infancia sigue creciendo. Es urgente que las autoridades responsables de prevenir y atender estos delitos rindan cuentas claras e implementen políticas públicas efectivas, eficaces y medibles.
3. Los problemas de inseguridad persisten en las mismas zonas geográficas que el año pasado, ya sea colonias o municipios, lo que indica que las estrategias de inteligencia no han sido suficientes para contener a la delincuencia.
4. Si bien los casos de feminicidio han disminuido, el nivel de violencia y brutalidad se recrudece. Es necesario que las instituciones de prevención en la materia brinden periódicamente un informe público de acciones para que las y los sinaloenses conozcamos qué se está haciendo para combatir esta fuerte problemática.

El Coordinador General del CESP expuso también que Ciudadanos Evaluando es una herramienta ciudadana que busca abonar a la prevención, tanto por parte de la sociedad como de la autoridad.

Para las y los ciudadanos contiene información útil que sirve para tomar medidas de autocuidado, como horarios y colonias donde más se registran los delitos, datos que también deben ser tomados por las autoridades para reforzar sus estrategias y prevenir con inteligencia.

Para descargar Ciudadanos Evaluando, da clic aquí:

Ciudadanos Evaluando

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 recién presentado a la Cámara de Diputados, desapareció el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), al no asignar recursos para su operación.

Al eliminarse este programa:

• Se perderían recursos para formar a nuevos policías y evaluar tanto a los nuevos como a los actuales elementos.
• Se afectarían las condiciones laborales en las policías municipales, pues en algunos casos este recurso es utilizado para sueldos, salarios y prestaciones.
• Se pondría en riesgo la prevención al debilitar a las policías municipales, que son el mayor estado de fuerza en los estados de México, cuyos agentes suelen ser el primer contacto en atención a la ciudadanía.
• Se dificultaría aún más que las corporaciones policiales cuenten con el equipamiento necesario, como patrullas, armamento, uniformes y equipos de protección.

Las Policías Municipales ya arrastran serias complicaciones que deberían resolverse con urgencia, y en lugar de eso se acrecientan con un recorte presupuestal. El Estudio sobre Seguridad y Justicia 2019 de la Coordinación General del CESP muestra que:

• Las Policías Municipales en Sinaloa son las corporaciones con más elementos no aprobados en las pruebas de control y confianza.
• Las y los policías municipales son los elementos que tienen los sueldos más bajos y la menor cantidad de prestaciones.
• Entre las corporaciones de los 18 municipios no existe homogeneidad en sueldos, prestaciones, categorías y jerarquías.

Reducir recursos a los municipios en materia de seguridad es dar un paso atrás en el fortalecimiento que las corporaciones policiacas necesitan con urgencia.

Los recortes presupuestales en rubros tan importantes no se pueden justificar como medidas de austeridad, porque trastocan la operación y funcionamiento de las instituciones de seguridad, en este caso las de mayor proximidad con la sociedad y encargadas de la prevención.

A las y los legisladores sinaloenses les pedimos su intervención para mantener estos recursos, que son indispensables para la seguridad de la ciudadanía: primera obligación del Estado.

En lugar de eliminarlos, proponemos que se establezcan mecanismos efectivos para vigilar que estos recursos se utilicen de manera estratégica, transparente y enfocados a la rendición de cuentas y a resultados en prevención.

Atentamente

Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública

Los hechos de violencia contra la mujer ocurridos a lo largo de este 2020 demuestran que las instituciones responsables de garantizar el derecho a la vida no solamente no están cumpliendo, sino que no han corregido lo que impide que funcionen como las leyes lo mandan.

Como resultado de los diagnósticos del comportamiento delictivo que periódicamente elaboramos en la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, podemos exponer el tamaño del problema que tiene la violencia en Sinaloa y, en este caso, de la que las mujeres son víctimas:

1. Violencia familiar. En el periodo enero-agosto 2020, este delito ha incrementado 17% en comparación con el mismo periodo del 2019. Tan solo el mes pasado, este delito tuvo la cifra mensual más alta de la que se tenga registro: 513 denuncias.
2. Violación. En 2019 alcanzó la cifra más alta de la última década en Sinaloa y en 2020 el delito no se ha frenado. Con corte a agosto de 2020 tiene un aumento de 16%.
3. Feminicidio. En cuanto a cifras, los asesinatos tipificados como feminicidio registran una disminución del 46% hasta el mes de agosto, con 16 casos asentados en los registros oficiales. Sin embargo, el total de mujeres asesinadas de enero a agosto, independientemente de su tipificación, es de al menos 26, según registros periodísticos.

Quienes integramos la Coordinación General del CESP nos solidarizamos con los familiares de las víctimas de estos delitos y demandamos a las autoridades que esclarezcan con prioridad los crueles hechos en los que han perdido la vida mujeres jóvenes, adultas mayores y hasta niñas.

Sinaloa requiere con urgencia políticas públicas efectivas, eficaces y medibles en el combate a la violencia de género, pero también mayor presupuesto a las instituciones para mejorar la atención y prevención de estos delitos, con herramientas que hagan efectiva la garantía del derecho a la vida y a la justicia.

También es imperante que las instituciones brinden periódicamente un informe público de acciones en materia de violencia contra la mujer, para que las y los sinaloenses conozcamos qué se está haciendo para combatir esta fuerte problemática.

Atentamente

Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública

Culiacán, Sin.- El derecho de las víctimas del delito a recibir atención en la búsqueda de justicia y la reparación integral del daño, debe estar garantizada en Sinaloa y no seguirse aplazando.

En la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública estamos convencidos de que la conformación de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) en 2019 fue un buen paso para nuestra entidad.

La CEAIV está llamada a cumplir funciones que garanticen los derechos de las víctimas, pero es imposible lograrlo sin tener recursos económicos, humanos y técnicos que permitan la formulación, coordinación e implementación de políticas públicas.

Nos sumamos al llamado del titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para que Gobierno del Estado haga entrega de los recursos del fondo de apoyo a víctimas, a fin de que los ciudadanos agraviados por la delincuencia en Sinaloa puedan tener acceso a protección, asistencia y reparación del daño, acercándose así a la justicia.

El Estudio sobre Seguridad y Justicia en el Estado de Sinaloa 2019, creado por la Coordinación General del CESP, muestra que tan solo el año pasado se abrieron más de 23,000 carpetas de investigación por diversos delitos.

De ahí la importancia de fortalecer a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, pues el acceso de los ciudadanos a la justicia no será posible sin mecanismos que garanticen la reparación integral del daño, y no sólo como reparación económica, sino también como asistencia, protección, seguridad y asesoría jurídica.

Hoy como siempre, sostenemos que las víctimas del delito no son números en una carpeta de investigación, son seres humanos con rostro, emociones, derechos y necesidad de justicia, por ello reiteramos el llamado a Gobierno del Estado para que entregue el recurso ya presupuestado y considere el tema como una prioridad.

¿Qué es y qué hace la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas?

Es la institución encargada de apoyar a las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de un delito. Este apoyo consiste en una reparación integral, efectiva y eficaz, es decir, ayudar a las víctimas directas o indirectas de la violencia tanto en aspectos económicos como psicológicos y/o legales.

El Registro Estatal de Víctimas está integrado por 3 mil 825 personas afectadas por algún delito, el 70% son víctimas directas de la violencia y el resto son víctimas indirectas, como hijos u otros familiares, a quienes la Comisión de Atención a Víctimas ha apoyado con asesoría jurídica, servicios de seguridad y protección, servicios médicos y funerarios, atención psicológica, apoyos materiales y becas educativas.

El Estudio sobre Seguridad y Justicia 2019, elaborado por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, revela que un gran porcentaje de los delitos en nuestro estado se cometen con armas y en algunos casos por encima de los promedios nacionales.

Por ejemplo, el 70% de los feminicidios en 2019 se cometieron con arma de fuego, contra un 22% a nivel nacional. Caso similar en robo de vehículo, donde el porcentaje estatal es de 59% estatal contra un 37% nacional.

En ambos delitos, de 2018 a 2019 Sinaloa presentó un incremento en el porcentaje de uso de armas. En feminicidio pasó de 63% a 70% y en robo de vehículo de 56% a 59%.

En el caso de homicidio la comisión con armas indica una disminución, pasando de 75% de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego en 2018, a 69% en 2019.

Consulta aquí el Estudio sobre Seguridad y Justicia 2019: https://bit.ly/3iztf9t

Destaca además el robo a banco, pues el 100% de los hechos registrados en 2019 se cometieron con armas, al igual que 7 de cada 10 feminicidios, 6 de cada 10 robos de auto y 8 de cada 10 robos a comercio.

Aunado al alto índice de delitos cometidos con armas o violencia, el decomiso de las mismas disminuyó de 2018 a 2019, pasando de 352 a 337 armas de fuego aseguradas en todo el año.

Se requiere enfocar recursos financieros, humanos y materiales en políticas públicas efectivas para combatir la posesión y uso de armas de fuego, más allá de las campañas de donación que no combaten de fondo la problemática y a las que se destinan al menos 3.5 millones de pesos al año.

Desde 2001 que se puso en marcha la Campaña Permanente de Donación y Registro Voluntario de Armas de Fuego se han donado 24,000 armas, contra cerca de 60,000 delitos que se cometieron con armas de 2001 a la fecha en Sinaloa, y esto considerando solo los delitos denunciados.

Según la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en Sinaloa sólo el 7% de los delitos se denuncia, por lo que la cifra real de crímenes con armas sería mayor.

Además, desde 2015 la donación se ha reducido año con año, registrando en el último año de implementación del programa una de las cifras anuales más bajas: 384 armas donadas, contra cerca de 4,000 delitos registrados con armas.

Sinaloa tiene un fuerte problema de armas de fuego. Combatir eficazmente su portación debe ser prioridad.

Tras las declaraciones de autoridades estatales y federales en materia de seguridad en el marco de la visita a Culiacán del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública manifiesta lo siguiente:

Aunque la incidencia delictiva en Sinaloa se ha reducido en algunos rubros, la inseguridad es todavía un tema que preocupa a la sociedad, a la vez que estamos lejos de la meta de construir instituciones sólidas que garanticen resultados permanentes.

• La violencia familiar es el foco rojo en Sinaloa, en 2020 tiene un incremento de 9% contra 2019 y se mantiene como el delito de mayor incidencia, muy por encima de otros de alto impacto. A pesar de ello y la gran necesidad de atenderlo, no se hizo mención al tema durante la conferencia presidencial.
• El robo a casa en Sinaloa en 2019 tuvo un aumento de 44% y en el primer semestre de 2020 ha incrementado 64%.
• No todos los delitos se concentran en Culiacán, Ahome y Mazatlán, ya que en temas como violencia familiar los municipios de Guasave, Angostura y Salvador Alvarado, junto a Culiacán y Ahome, presentan las tasas más altas por cada 100 mil habitantes.
• Sinaloa tiene más cadetes egresados del Instituto Estatal de Ciencias Penales (INECIPE) que años atrás. Sin embargo, Policías, Ministerios Públicos y Peritos egresan y no son contratados, lo que habla de un avance a medias.
• Existe un grave problema de armamentismo en Sinaloa y su relación con prácticamente todos los delitos. El 75% de los homicidios dolosos en la entidad se cometen con armas de fuego, al igual que el 46% de los feminicidios, superior al comportamiento nacional.
• La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas ubica a Sinaloa dentro de las seis entidades con el mayor número histórico de personas desaparecidas con 3,137 casos, y como la entidad con mayor registro de fosas clandestinas, tema que tampoco fue abordado durante la conferencia presidencial.
• Sinaloa registra un bajo nivel de justicia en prácticamente todos los delitos, con un promedio de 96% de impunidad, según reveló nuestro estudio Ciudadanos Evaluando.

Es importante para todas las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la justicia ser responsables en la evaluación sobre su desempeño.

Damos datos objetivos y concretos porque sólo así podremos trabajar en el necesario fortalecimiento de las instituciones involucradas en la seguridad y la justicia, desde las responsables de la prevención hasta las encargadas de sancionar el delito y garantizar la readaptación de los infractores.

En cada uno de esos eslabones existen avances valiosos e importantes, pero también quedan asuntos pendientes que sólo pueden atenderse y solventarse si se identifican con objetividad los logros y retos de cada institución.

Aún falta mucho por trabajar y mejorar para lograr la paz y la justicia que los sinaloenses demandan. Ver los avances con excesivo triunfalismo puede extraviarnos en ese camino.

Atentamente

Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública

El homicidio en Sinaloa mostró en 2019 una disminución de 17%. De continuar con la tendencia a la baja se podría cerrar el 2020 con menos de 800 casos, la cifra anual más baja en los últimos 15 años en nuestro estado, revela Ciudadanos Evaluando.

El estudio de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública muestra que el año pasado 19 estados de la República presentaron incrementos en el homicidio doloso, mientras que Sinaloa se ubicó dentro de los 13 estados con números a la baja.

A pesar del avance en la disminución, el índice de violencia en los casos de homicidio es alto, pues 7 de cada 10 casos en Sinaloa se cometen con armas de fuego.

Ciudadanos Evaluando

Para mostrar una magnitud del delito, Ciudadanos Evaluando nos da una equivalencia: en los 3 años recientes se cometieron 3,488 homicidios dolosos en Sinaloa, esta cifra representa la capacidad total del Centro Penitenciario Aguaruto, que es de 3,445 internos.

El estudio también revela que los municipios con la mayor tasa por cada 100 mil habitantes durante 2019 fueron Mocorito, Badiraguato y Culiacán.

En el caso de la capital del estado, concentra el 54% de los casos ocurridos en toda la entidad. Las colonias con mayor número de reportes al 911 por este delito en 2019 fueron Alturas del Sur, 21 de Marzo, Centro, Antonio Rosales y Miguel de la Madrid.

Cabe recordar que la disminución de homicidios en Sinaloa también ha sido tema de análisis en estudios nacionales e internacionales, como el Índice de Paz México y el Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo.

El Índice de Paz México elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz revela que Sinaloa se encuentra entre los estados que ha tenido mayores avances en los últimos cinco años y ya no está entre los estados menos pacíficos. Este año Sinaloa ocupa el lugar 18 de paz, mientras que años atrás llegó a ocupar el lugar 30.

Por su parte, el Ranking de las 50 ciudades elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., muestra que Culiacán ha mejorado en los últimos tres años y en el estudio 2019 publicado el pasado mes de junio se ubica en el lugar 21 de las ciudades más violentas o con más homicidios, mientras que el año 2018 estuvo en el lugar 16 y en el 2017 en el 12. En el caso de Mazatlán, la otra ciudad de Sinaloa había aparecido en el listado, salió del ranking en 2018 y en 2019 se mantuvo fuera.