En promedio, a cada agente del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas le corresponderían 343 carpetas de investigación; el porcentaje de impunidad en este delito es de casi el 100%

Desde el 2014 que se implementó en Sinaloa el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, hasta el 2022, se registraron 7 mil 546 denuncias por privación de la libertad, delito que incluye a la desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, sin embargo, por la limitación en recursos humanos para investigar, el Estado no ha tenido capacidad de respuesta ante este delito de lesa humanidad.

En el diagnóstico sobre Desaparición Forzada de Personas 2023, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública destaca que hasta agosto de 2023 la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Sinaloa (FEDFP) tenía adscritos a 22 agentes del Ministerio Público, ya incluyendo al titular de esta fiscalía y a dos vicefiscales, cifra que equivale a un promedio de 343 carpetas de investigación de este delito por cada agente.

“Existe una fuerte carga de trabajo con relación a las carpetas de investigación por DFP. A los 22 Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, le corresponderían 343 expedientes a cada uno en relación con las 7 mil 546 denuncias, sin considerar el rezago del sistema tradicional”, expone al respecto la Coordinación General del CESP en las conclusiones del diagnóstico.

La FEDFP, creada en 2019, se integra por tres agencias regionales con sedes en Culiacán, Ahome y Mazatlán. 

Consulta aquí el diagnóstico completo de Desaparición Forzada de Personas, Sinaloa

Análisis de capacidad por región 

La Agencia Región Centro que atiende los municipios de Culiacán, Navolato, Badiraguato, Salvador Alvarado, Angostura y Mocorito ha recibido, desde 2014, un total de 3 mil 247 denuncias por desaparición forzada de personas, por lo que con 11 agentes del MP y un fiscal especializado tienen en promedio una carga de trabajo de 270.5 carpetas de investigación por este delito.

Para el caso de la Agencia Región Sur, que concentra Mazatlán, Elota, Cosalá, San Ignacio, Concordia, El Rosario y Escuinapa, las denuncias acumuladas desde 2014 son mil 909. Con 4 agentes del MP y un vicefiscal, el promedio es de 381.8 carpetas de investigación para cada uno.

Y en la Agencia Región Norte, que comprende Ahome, Guasave, El Fuerte, Choix y Sinaloa, suman 2 mil 387 denuncias a partir de que se implementó el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con una carga de trabajo promedio de 477.4 carpetas de investigación para cada uno de los 4 agentes del MP y el vicefiscal.

Impunidad, cerca del 100%

El diagnóstico de la Coordinación General del CESP indica que desde que se implementó el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el porcentaje de impunidad en las denuncias por desaparición forzada alcanzan un 98.93%, es decir, apenas una de cada 100 denuncias se resuelve.

Eso indica que de las 7 mil 546 denuncias, apenas 81 se han resuelto, 68 de ellas con sentencia por procedimiento abreviado, 9 sentencias condenatorias en juicio oral y 4 sentencias absolutorias en juicio oral.

Por lo tanto, del 2014 al 2022, este delito tuvo un promedio de más de 800 denuncias por año en Sinaloa, y un número muy limitado del personal especializado para la investigación, por lo que no se prevé que el porcentaje de resolución vaya a mejorar.  

Los delitos que impactan a mujeres y niños registraron la incidencia anual más alta de los últimos 14 años

El Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, mostró el balance general de la incidencia delictiva del año 2023, además de un análisis que comprende los años de mayor incidencia de los 14 delitos a los que da seguimiento puntual este observatorio ciudadano.

En el comparativo de los periodos de enero a diciembre de 2023 contra el mismo periodo anual de 2022, se indicó que, de los 14 delitos a los que da seguimiento la Coordinación General del CESP, solamente el delito de robo bancario registró una reducción del 26%, debido a que contabilizó 14 denuncias, contra las 19 del año anterior. En sentido contrario, los 13 delitos restantes registraron aumentos considerables.

¨En términos generales 2023 fue un mal año comparado con el año 2022…esto porque solamente un delito disminuyó, que fue el delito de robo bancario, el resto de los delitos a los que damos seguimiento tuvieron un incremento, algunos de un porcentaje desde el 1% hasta otros con porcentajes altísimos¨ mencionó el Coordinador General.  

Incidencia entre periodos de gobierno

Dentro del análisis de la incidencia entre los periodos de gobierno, se indica que durante los 26 meses que han transcurrido del periodo del gobernador Rubén Rocha Moya, se han registrado incrementos en los delitos con afectación directa a los grupos vulnerables: Violencia familiar, lesiones dolosas, violación, además del delito de homicidio culposo.

Sin embargo, se han presentado reducciones significativas en los delitos de: homicidio doloso, robo de vehículo y robo bancario.  

Delitos que impactan a las mujeres y niños son los de mayor incremento

Durante el 2023 el delito de violencia familiar se mantuvo como el de mayor incidencia en el estado. Con 7,002 denuncias cerró con la cifra más alta que se tiene registro desde el 2010. Además, mostró un incremento de 19% sobre el 2022 con 5,897 denuncias.

De enero a diciembre de 2023 se presentaron 369 denuncias por el delito de violación, cifra histórica más alta de los últimos 14 años. Y registró un alza de 7% respecto a los 346 hechos del mismo lapso de 2022.

Otro delito que superó la cifra anual más alta fue el de lesiones dolosas con 3,679 denuncias, 2% más con relación a las 3,614 registradas durante el año anterior.

Otros delitos al alza

En lo que respecta al comportamiento de los delitos de alto impacto, el secuestro registró 14 denuncias, 133% de incremento sobre las 6 registradas en 2022.

El delito de feminicidio cerró el 2023 con 33 casos, lo que significa un incremento del 43% contra el mismo periodo de 2022.

El delito de privación (DFP y cometida por particulares), presentó 925 denuncias con un crecimiento de 13% contra el mismo lapso de 2022 con 818 denuncias.

El delito de homicidio doloso cerró el 2023 con 532 denuncias con un incremento del 12% respecto al periodo anual anterior que registró 476.

Entre los delitos de afectación patrimonial se señaló que el robo a transportista, aunque es de los de menor incidencia en el estado, registró 7 denuncias durante el 2023, lo que indicó un aumento del 700% ya que en el mismo periodo de 2022 no se registraron denuncias.

Durante el 2023, el delito de robo a casa acumuló 687 denuncias por robo a casa, 39% por arriba de 2022 que presentó 496.

En lo relacionado al robo a comercio se indicó que se presentaron 1,855 denuncias, que es igual al aumento del 1% sobre el 2022 que contabilizó 1,837.

El homicidio culposo contabilizó 677 denuncias, cifra más alta desde el 2010, además de registrar el aumento del 7% en relación a el mismo periodo de 2022 que sumaron 630.

El narcomenudeo presentó 262 denuncias, 94% más sobre el mismo periodo de 2022 que contabilizó 135.94%.

Parecen lejanos, pero apenas hoy se cumple un año de los eventos violentos del 5 de enero de 2023 en el municipio de Culiacán, por lo que consideramos pertinente su evocación para no olvidar.

No dejarlos atrás para seguir motivando el cumplimiento de una agenda de pendientes a resolver, ligada de varias maneras a dichos acontecimientos, pero, sobre todo, para preservar en nuestras memorias lo lastimoso de la fecha y evitar así que se repitan escenarios como ese.

Las y los integrantes de la sociedad civil de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad hemos impulsado la Agenda Mínima para la No Repetición, que consiste en una lista de variables a ser atendidas por las autoridades de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia para garantizar mayor seguridad para la sociedad sinaloense.

En la medida que olvidemos lo que sucedió en esta fecha y no demos seguimiento a esta agenda, estará latente la posibilidad que colapsos similares regresen a la capital del estado o en alguna otra región de Sinaloa. La paz se fortalece día a día.

Por ello, en este primer aniversario insistimos en que el sistema de seguridad sigue siendo perfectible, que la presencia de armas ilegales en manos de la delincuencia sigue siendo evidente, así como las recurrentes violaciones al Estado de Derecho.

Es deseable ver una mayor coordinación entre las corporaciones responsables de otorgarnos seguridad pública, sobre todo con las de nivel municipal.

También sigue siendo una aspiración en Sinaloa el fortalecimiento de las corporaciones de Seguridad Pública con mayor número de policías, mejor pagados, entrenados y equipados, de acuerdo con los estándares internacionales.

Mención especial merecen los ínfimos avances para la plena aplicación de los Bandos de Policía y Gobierno de parte de los ayuntamientos, la ausencia de acciones de los Consejos Municipales de Seguridad Pública, así como en la construcción de las bases de operación de la Policía Estatal en Los Mochis y Mazatlán, además de la necesaria renovación del sistema penitenciario.

La prevención complementa las fuerzas de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Si bien se han dado pasos importantes en materia de prevención de droga, no se han conocido estrategias bien diseñadas y articuladas que disuadan causas y oportunidades del delito, como la mejora de entornos urbanísticos.

No se trata de decir que falta mucho por hacer sino hacer lo que ya sabemos que es importante. De eso se trata la Agenda Mínima para la No Repetición.

La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública seguirá insistiendo en su cumplimiento, aunque los hechos que la originaron se sientan lejanos.

En representación de la Sociedad Civil, el Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, acudió a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública donde rindió protesta como Invitado Permanente.

Calderón Quevedo será el primer sinaloense en convertirse en consejero ciudadano, cuya responsabilidad tendrá un periodo de 2 años, y acompañará al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dentro de este Consejo.

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Posterior a la toma de protesta, detalló que como Coordinador General y como representante de la sociedad civil sinaloense se encuentra comprometido con esta nueva responsabilidad.

“Estamos muy emocionados positivamente y comprometidos por formar parte de este Consejo en el que conoceremos de primera mano del Gabinete de Seguridad nacional las políticas, las estrategias, los planes y los presupuestos, para combatir a la delincuencia y para prevenir el delito. Especial atención tendremos de lo que se plantee para Sinaloa y de los presupuestos que se nos asignen”, indicó.

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Esta reunión la presidió la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez, junto con Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación; Gral. Luis Crescencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional; Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina; Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Educación Pública, gobernadoras y gobernadores.

Dentro del Diagnóstico Especial de Desaparición Forzada de Personas elaborado por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se indica que Culiacán,  Mazatlán y Ahome son los municipios que presentan un mayor número de denuncias por este delito de alto impacto.

Según este estudio, de 2006 al 2022, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha registrado un total de 10,570 denuncias por Desaparición Forzada de Personas.

En ese acumulado, los municipios con mayor número de denuncias son: Culiacán con 3,970; Mazatlán con 2,101; y Ahome con 1,772. Lo que significa que estos municipios concentran el 74% del total de las denuncias dentro de este periodo de 17 años.

Alta incidencia en Sinaloa

Desde el año 2017 al 2022 la incidencia del delito de privación se encuentra entre los rangos de incidencia alta y muy alta. El 2019 fue el año con mayor incidencia, registrando 1,089 denuncias.  

En términos generales, del año 2016 al 2022 se ha registrado la mayor incidencia de este delito, registrando 6,423 denuncias, que equivalen al 61% del total de denuncias acumuladas en el periodo de 17 años.

Dentro del seguimiento a la Agenda Mínima del mes de noviembre, la Coordinación General del CESP marca como avances 3 nuevos puntos, los cuales se destacan por lo siguiente:

Dentro del apartado Estado de Fuerza, se informó que un total de 145 nuevos policías se integraron a la Policía Estatal, así como a las corporaciones preventivas de 12 municipios.

En lo que respecta a la dignificación policial, se anunció el incremento salariar del 8.9 por ciento a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio de Culiacán.

Vemos como positivo que la Fiscalía General del Estado hizo pública la convocatoria 2023 para Policía de Investigación y Ministerios Públicos, lo que abona al fortalecimiento de la institución.

Valores: Rezago, Pendiente, Avances

El Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Enrique Calderón Quevedo, presentó el diagnóstico especial sobre Desaparición Forzada de Personas 2023 realizado por este observatorio ciudadano.

Este documento fue elaborado bajo una metodología propia de la Coordinación General, basada en solicitudes de acceso a la información. Esto con la finalidad de analizar las cifras nacionales y estatales sobre este delito de alto impacto, que es una de las principales exigencias de la sociedad.

Durante la presentación a medios de comunicación, el Coordinador General hizo hincapié que este estudio cumple con el compromiso ciudadano de mantener la visibilidad de este delito en la agenda de seguridad pública. 

“Este es un compromiso asumido con el mayor de los respetos a las familias, grupos de búsqueda de la sociedad y víctimas de un grave flagelo, en la idea de mantener en la discusión, atención pública y la agenda de seguridad, a fin de no volver a invisibilizarlo, usando herramientas de transparencia que ponen en la balanza la calidad de la información de las instituciones públicas”, expresó.

La DFP en el contexto nacional

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indica del 01 de enero de 1962 al 27 de junio de 2023, un registro de 287,735 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.

Del total, 111,205 son personas desaparecidas y no localizadas y 176,530 personas localizadas.

La desaparición forzada en Sinaloa

Entre los años 2006 al 2022, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha registrado un total de 10,570 denuncias por desaparición forzada de personas y cometida por particulares.

Durante este periodo, los municipios que concentran el 74% de denuncias son Culiacán, con 3,970; Mazatlán, con 2,10; y Ahome, con 1,772.

En el año 2022, se registraron en Sinaloa 867 denuncias por el delito de privación, de las cuales 680 corresponde a hombres y 187 a mujeres. Además, se registraron 63 víctimas menores de edad.

En Sinaloa, de 2013 a 2023 han sido localizadas con vida 2,274 personas, en su mayoría dentro de las primeras horas a partir de la interposición de la denuncia.

Entre los años 2010 y 2022 se han localizado 435 fosas clandestinas en Sinaloa. Los municipios con el mayor número son: Ahome con 158, Mazatlán con 86 y Culiacán con 73, representan el 73% de total.

Entre las recomendaciones se destaca como positivo que en Sinaloa se cuente con la Comisión Estatal de Búsqueda, con la comisión Estatal de Víctimas y con la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada de Personas. Sin embargo, es necesario que el Congreso del Estado de Sinaloa emita la convocatoria para la conformación del Consejo Ciudadano, falta la instalación del Sistema Estatal de Búsqueda de Sinaloa, así como también esta en pendiente que la Comisión Estatal de Búsqueda elabore y publique el Plan Estatal de Búsqueda.

La Coordinación General indica que la creación de los Centros de Resguardo Temporal e Identificación Humana en las tres zonas del estado: Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, trabajarán en el rezago y crisis forense reconocida a nivel nacional y estatal, con lo que se dará atención a las demandas de los grupos de búsqueda de personas de la sociedad civil.

A 4 años de los hechos de alto impacto del 17 de octubre de 2019, fecha conocida como Jueves Negro, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública reitera la exigencia de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajen en las causas de raíz que lo hicieron posible.

A la fecha, por ejemplo, continúan deficiencias del sistema de seguridad, entre los que destacamos: la portación ilegal de armas de fuego, las violaciones al Estado de Derecho y el grave problema del narcomenudeo que se vive en Sinaloa.

Como sociedad crítica, posterior al primer Jueves Negro solicitamos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de Seguridad Pública un trabajo coordinado, así como el fortalecimiento de sus corporaciones, las cuales, al no ser atendidas, originaron que en enero de 2023 la ciudadanía presenciara un hecho similar.

Es por ello que las consejeras y consejeros ciudadanos que integran esta Coordinación General implementaron la Agenda Mínima para la No Repetición, que engloba una serie de acciones que deberán ser realizadas por las autoridades de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia para garantizar mayor seguridad a la sociedad sinaloense.

Desde enero de este año, este observatorio ciudadano ha mantenido el seguimiento mensual de esta exigencia ciudadana, reconociendo los avances que se han tenido, así como también indicando los pendientes y deficiencias que tienen las autoridades para la construcción de la paz anhelada en el estado.

A cuatro años del Jueves Negro recordamos que este es un día para aprender, no para olvidar.

Aún falta trabajar en el fortalecimiento de las corporaciones de Seguridad Pública, urge la construcción de las bases de operación de la Policía Estatal en Los Mochis y Mazatlán, así como también, es necesario la aplicación de los Bandos de Policía y Gobierno; entre otras acciones que den la seguridad a la sociedad de la no repetición de estos hechos. 

Casos de éxito en modelos policiales, programas de profesionalización, políticas públicas y buenas prácticas en materia de seguridad y justicia fueron presentados ante autoridades sinaloenses y ciudadanos en municipios de Nuevo León.

Quienes estuvieron acompañados por el Coordinador General del CESP, Miguel Enrique Calderón, Como parte del seguimiento a la agenda ciudadana de este observatorio ciudadano.

Durante el encuentro las autoridades del municipio de Escobedo presentaron los modelos de Policía de Proximidad y Justicia Cívica, así como también mostraron el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la  Mujer.

En lo que corresponde al municipio de San Pedro Garza García, las autoridades de Sinaloa recorrieron el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial (IFPP) y conocieron los trabajos de la Unidad Especial de Protección (UEP) modelo de atención a la violencia familiar.

Estas actividades abonan a la agenda que promueve este organismo ciudadano, entre los que destacan la profesionalización policial, estado de fuerza, la formación y operación de los elementos de Seguridad Pública.

El Coordinador General del CESP destacó que la finalidad de este encuentro es de suma importancia, debido que al compartir estrategias con los municipio de Nuevo León permitirá replicar estos modelos en los municipios de Sinaloa, debido a que son reconocidos a nivel nacional como casos de éxito al contribuir con la disminución de la incidencia delictiva, siniestros viales y por brindar atención a la violencia contra la mujer, delitos que presentan alta incidencia y gran impacto en la sociedad sinaloense. 

“Este intercambio de estrategias es muy productivo debido a que en Sinaloa seguimos aplicando la justicia a través de los bandos de policía y gobierno, seguimos implementando la justicia en un modelo viejo, por lo que esto nos acerca a la modernidad y al caso de éxito que significan estos municipios. Desde la sociedad civil avalamos estas medidas que han dado resultados en lo positivo, por lo que nos gustaría que eso pasará también en los municipios de Sinaloa”, indicó el Coordinador General.

Autoridades sinaloenses en Nuevo León

Ricardo Jenny Del Rincón, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

José Ernesto Peñuelas Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Culiacán.

Martin Ahumada Quintero, Presidente Municipal de Guasave.

Armando Camacho Aguilar, Presidente Municipal de Salvador Alvarado.

Yeraldine Bonilla Valverde, Subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo de la Secretaria de Seguridad Publica.

Consuelo Gutiérrez Gutiérrez, Subsecretaria para una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres.

María Sugey López Soto, Subsecretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.

Thania Karina Parra Parra, Titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.