La Coordinación General del CESP compartió una serie de datos que muestran el comportamiento de los delitos de violencia familiar, violación y feminicidio

Culiacán, Sin.- En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública realizó un análisis del panorama de seguridad para las mujeres en Sinaloa, donde se observa que la violencia afecta a mujeres de todas las edades y además va al alza la incidencia de los delitos que más afectan al género femenino.

El Coordinador General del CESP, Ricardo Jenny del Rincón, y la Consejera Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez compartieron una radiografía de los delitos contra la mujer:

1. El delito que más afecta a las mujeres en Sinaloa es la violencia familiar. En el 84% de los casi 5,000 casos denunciados durante 2020, las víctimas fueron del sexo femenino.
2. La violencia familiar afecta a mujeres de todas las edades. En 2020 el 7% fueron víctimas de 1 a 17 años; el 30% de 18 a 29 años; el 48% de 30 a 49, y el 14% de 50 años o más.
3. Ese mismo año se registraron 26 feminicidios en Sinaloa, además de 12 asesinatos de mujeres que no entraron en esta categoría. En total 38 mujeres fueron asesinadas.
4. Las mujeres de 30 a 44 años fueron las más afectadas por feminicidios. El 37% de las víctimas tenían esta edad, seguidas de un 33% con edades de 18 a 29 años, un 11% con edades de 10 a 17 años, y un 7% de víctimas tenían más de 60 años.
5. El delito de violación acumula tres años consecutivos al alza. En 9 de cada 10 casos denunciados las víctimas son mujeres.
6. Las menores de edad son las más afectadas por el delito de violación. El rango con más denuncias en Sinaloa es de 10 a 17 años, con el 53%. Le siguen mujeres de 18 a 39 años, con un 29%, y de 1 a 9 años, con el 8%.
7. En otros delitos como homicidio culposo, robo de vehículo y desaparición forzada, cerca del 20% del total de víctimas son mujeres.

El Coordinador General del CESP, Ricardo Jenny del Rincón, dijo que en Sinaloa no existe una estrategia transversal y coordinada que agrupe, mida y dé seguimiento a los programas y políticas públicas de todas las instituciones que trabajan en la prevención, investigación y castigo de los delitos contra la mujer, por lo que planteó generar una estrategia en ese sentido.

Propuso también la conformación de una comisión de trabajo sociedad-gobierno para dar seguimiento periódico a esta estrategia coordinada, así como para vigilar la aplicación de presupuestos, buscando que se utilicen en la ejecución de programas y políticas públicas efectivas, más que en gasto operativo o nómina.

En cuanto a los protocolos y políticas públicas para atender el tema de violencia de género, dijo que se requiere dotar a las instituciones de recursos materiales, humanos y financieros para su implementación y resultados, de lo contrario quedan en simulación.

Alerta de género

Por su parte, la Consejera Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez expuso que la alerta de violencia de género ha sido la principal apuesta para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en México y Sinaloa. Sin embargo, existen recomendaciones y observaciones de organismos nacionales e internacionales para reorientar la implementación de este mecanismo, pues a la fecha no funciona correctamente.

Entre los obstáculos señalados en el ámbito estatal por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uno de los organismos evaluadores de la alerta de género, destaca que existe un desconocimiento de las tareas que implica la alerta, falta claridad en los roles que juegan las instituciones y no hay transversalidad en las acciones, pues se considera que el tema es responsabilidad de los institutos de las mujeres cuando debería involucrar a todas las secretarías participantes en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Otra observación importante es que los gobiernos municipales han tenido una participación limitada o nula en la alerta de género, lo que ha causado que existan acciones aisladas que no logran madurar o generar un impacto.

Gutiérrez agregó que otros obstáculos para la implementación adecuada de la alerta de género son la falta de presupuesto específico en la materia y los cambios de gobierno, pues las transiciones generan un descuido en la atención y combate a la violencia contra la mujer.

En el caso específico de Sinaloa, que este mes de marzo cumple 4 años con alerta de género, dijo que se han implementado acciones parciales, aisladas e insuficientes en los ejes de prevención, seguridad y justicia, por lo que se queda a deber por parte de las autoridades estatales al no tomar en cuenta las observaciones para corregir, y también por parte de la Secretaría de Gobernación que es la encargada de conducir el mecanismo.

“Lo que da origen a la alerta de violencia de género es un contexto de violencia, si ese contexto de violencia no ha cambiado e incluso se ha recrudecido, como lo muestran las cifras que hoy compartimos, el mecanismo no ha dado resultados”, expuso.

La experta en temas de género y derechos humanos agregó que los diagnósticos y evaluaciones son fundamentales para reorientar las políticas públicas para prevenir la violencia de género, por lo que exhortó a las autoridades estatales y municipales a tomarlos en cuenta y establecer el tema de seguridad para las mujeres como una prioridad.

• La violencia familiar tiene una tendencia anual de aumentos sostenidos. De 2010 a 2020 ha incrementado más de 300%: al inicio de la década el total anual era de poco más de 1,000 denuncias, mientras que en 2020 fue de 4,740. 
• De acuerdo con estándares internacionales y nacionales, si un delito sobrepasa una tasa de 25 casos por cada 100 mil habitantes se considera de alta incidencia. La tasa anual acumulada de violencia familiar en Sinaloa es de 160 casos por cada 100 mil habitantes.
• Ahome, Culiacán y Guasave concentran el 82% de las denuncias por violencia familiar. Culiacán registra el 40% del total estatal.
• En el caso de feminicidio, durante 2020 se registraron 33% menos denuncias que en 2019, sin embargo, gran parte de los hechos ocurridos tanto el año pasado como en el presente 2021 se cometieron con un alto nivel de violencia hacia las víctimas.
• 4 de cada 10 feminicidios ocurridos en Sinaloa durante 2020 se cometieron con arma de fuego, mientras que a nivel nacional fueron 2 de cada 10.
• De las cerca de 800 mujeres que han sido asesinadas en Sinaloa de 2010 a la fecha, al menos 70 han sido menores de edad.

Estos datos obligan a insistir en la necesidad de contar con políticas públicas efectivas en prevención, con metas evaluables, presupuesto y personal capacitado para ponerlas en marcha, además de una estrategia integral que involucre de manera efectiva a todas las autoridades relacionadas con la protección de las mujeres y del núcleo familiar, desde la prevención hasta la procuración e impartición de justicia. 

Consulta nuestros estudios mensuales en: https://coordinaciongeneralcesp.org.mx/diagnosticos-mensuales/

Durante el 2020 se registró una disminución importante en los delitos de alto impacto, por lo que en el presente año se deben redoblar las estrategias para no perder lo ganado, dijo el Coordinador General del CESP

Culiacán, Sin.- El balance general en materia de incidencia delictiva de 2020 muestra que, en comparación con 2019, Sinaloa registró avances en la disminución de delitos de alto impacto, como el robo a banco que registró 64% casos menos, el homicidio doloso 13% menos, el feminicidio 33% menos y el robo de vehículo disminuyó 18%.

Sin embargo, a poco más de 40 días de iniciado el 2021, diversos hechos de alto impacto ocurridos en la entidad ponen en riesgo lo que se ha logrado en materia de seguridad, así como la vida y el patrimonio de los sinaloenses, dijo el Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón.

Los principales hechos que prenden la alerta son los ataques a balazos ocurridos en la capital del estado, así como el registro de seis feminicidios en la entidad, en promedio uno por semana, lo que debe ser un foco rojo para las autoridades.

Agregó que las primeras semanas del año ya dan una muestra de lo que puede dejar el 2021 en incidencia delictiva, pero además históricamente los años de cambio de gobierno traen consigo un repunte en violencia, por lo que llamó a las autoridades a no bajar la guardia y reforzar las labores preventivas, de investigación y persecución del delito.

“Cerramos 2020 con resultados favorables en algunos delitos, se puede mejorar aún más si se toman acciones preventivas urgentes y necesarias”, expuso. 

Con base en las estadísticas de la última década, el homicidio doloso y la violencia familiar registran una mayor cantidad de casos durante los meses de mayo y junio, el robo de vehículo en los meses de enero y marzo, el robo a casa en junio y julio, mientras que el robo a comercio tiene un mayor registro de incidencia en marzo y septiembre.

Estos datos, sumados a los de colonias, horarios y días en los que más se cometen los delitos, deben ser tomados en cuenta para que las autoridades ajusten el trabajo que realizan y evitar que repunte la violencia en la entidad.

El coordinador de este observatorio ciudadano agregó que en breve presentará un reporte especial sobre desaparición forzada, delito que dijo es el principal problema de seguridad en Sinaloa, considerando que sus cifras ya superan a las de homicidios dolosos.

Si bien se registraron menos denuncias por delitos de alto impacto en 2020 en comparación con 2019, la inseguridad creció para la integridad y patrimonio de las familias

Los resultados de la encuesta del INEGI dan muestra de la importancia de reforzar las estrategias de seguridad para evitar un repunte en estos delitos durante la presente temporada

Culiacán, Sin.- Los delitos más frecuentes en Sinaloa, según reporta la ciudadanía, son extorsión, fraude, robo o asalto en la calle o en el transporte, robo de vehículo y robo a casa, revela la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

Esta medición realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestra también que los espacios donde los sinaloenses se sienten más inseguros son los cajeros automáticos en la vía pública, la calle, el transporte público y el banco, de acuerdo a un análisis realizado por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

El observatorio ciudadano destacó que los resultados de la encuesta del INEGI dan muestra de la necesidad de mejorar la seguridad en los puntos señalados, así como combatir los delitos que la propia ciudadanía reporta que son los que más se registran, mismos que suelen incrementar durante la temporada decembrina.

En este sentido, y de cara a la entrega de aguinaldos y compras navideñas, se hace un llamado a las autoridades preventivas a reforzar operativos para evitar un repunte en estos delitos.

En cuanto a la ENVIPE, también muestra que 26% de los hogares en Sinaloa tuvo al menos una víctima del delito en 2019, con un estimado de 570,452 delitos en el año, cifra menor que en 2018 (625,136 delitos).

Esta encuesta revela además que el costo a consecuencia de la inseguridad y el delito en los hogares de Sinaloa durante 2019 fue de 4 mil 443 millones de pesos, y las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de 1,884 millones de pesos, por gastos como cambiar cerraduras, puertas o ventanas, colocar rejas o bardas, entre otros.

En otro apartado, la ENVIPE señala que en Sinaloa en 2019 se tuvo una cifra negra de 94.5% de delitos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación. Por primera vez desde el año 2013, la cifra negra en la entidad bajó en comparación con el año anterior (2018), cuando se tuvo una cifra negra de 96.3%.

En percepción de inseguridad, la encuesta menciona que en Sinaloa el 63.7% de la población considera que vivir en su ciudad es inseguro, cifra menor que en 2018 (64.6%).

Las conductas antisociales más frecuentes identificadas por los encuestados fueron el consumo de alcohol en la vía pública, consumo de drogas, robos o asaltos, disparos frecuentes y venta de droga.

La Coordinación General del CESP concluyó que año con año la ENVIPE da muestras claras de lo que piensa la sociedad y de los aspectos en los que las autoridades deben enfocarse para mejorar la seguridad y la justicia, por lo que es necesario tomar en cuenta esta información para que las estrategias, trámites y servicios respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.

La Coordinación General del CESP solicitó que se realice en lo inmediato la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública para dialogar sobre los retos y necesidades en materia presupuestal

Culiacán, Sin.- Las y los diputados federales le hicieron un gran daño a Sinaloa y a sus Policías Municipales al dejar sin recursos al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y destinarlos a la Guardia Nacional.

Así lo dijo el Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, quien destacó que con la pérdida del Fortaseg Sinaloa dejará de recibir cerca de 120 millones de pesos para seguridad.

Por lo anterior, los municipios de Sinaloa quedan sin posibilidad de:

• Formar a nuevos policías municipales
• Evaluar a los elementos en control y confianza, así como depurar a los no aprobados
• Capacitar a policías
• Adquirir equipamiento como patrullas, armamento, uniformes y equipos de protección
• Fortalecer el sueldo y prestaciones de los elementos municipales

Incluso, advirtió que sin el Fortaseg algunas corporaciones municipales quedarán inoperantes.

El Coordinador General del CESP dijo que el siguiente paso es analizar cómo reparar este daño desde lo local, por lo que solicitó al Gobierno del Estado que se convoque a la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública para dialogar sobre la necesaria mejora de presupuestos en materia de dignificación policial, seguridad, justicia, atención a víctimas y búsqueda de personas desaparecidas.

En las sesiones del CESP participan autoridades municipales, estatales y federales, representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la Fiscalía General del Estado, por ello estos encuentros son el espacio idóneo para dialogar sobre las necesidades presupuestales.

Propuso que la sesión ordinaria se realice este mismo mes, antes de que se presente la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de Sinaloa para el año 2021, a fin de estar a tiempo de discutir y acordar una programación de recursos que atienda las necesidades de las instituciones y las exigencias de la sociedad sinaloense.

Y si bien reconoció que el 2021 será un año económicamente complicado, Jenny del Rincón dijo que reducir los recursos para seguridad podría afectar los avances que se han logrado en la disminución de los delitos de alto impacto, de ahí la importancia de convocar a sesión del CESP para dialogar sobre los temas que ameritan prioridad presupuestal.

La entidad podría cerrar el 2020 con una de las cifras más bajas en este delito en la última década, según se observa en un análisis de la Coordinación General del CESP

Culiacán, Sin.- Durante el 2019 Sinaloa se colocó en el segundo lugar nacional por robo a banco, pero ahora en 2020 es el delito que más ha disminuido en la entidad, al bajar 63% en el periodo enero-octubre.

Esto lo reveló una revisión preliminar del próximo diagnóstico mensual de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el cual muestra que de enero a octubre de 2020 se presentaron 13 casos de robo a banco en todo el estado, mientras que en el mismo periodo de 2019 ya se habían registrado 35.

El análisis de este observatorio ciudadano revela que, con los 13 casos registrados este año, Sinaloa se perfila para cerrar el 2020 con una de las cifras anuales más bajas en este delito en la última década. 

El nuevo diagnóstico mensual de la Coordinación General del CESP muestra que, además del robo a banco, también ha disminuido el homicidio doloso un 6%, e incluso Sinaloa podría cerrar el 2020 con la cifra más baja desde el año 2010.

El feminicidio también disminuyó. De enero a octubre del 2020 se registraron 21 casos, mientras que en el mismo periodo de 2019 fueron 35, lo que equivale a un 40% menos este año.

Otro delito a la baja es el robo de vehículo, que de enero a octubre de 2020 registró 2,928 denuncias contra 3,631 del mismo periodo del año pasado, equivalente a 19% menos.

De igual forma, durante el periodo enero a octubre 2020 disminuyó el robo a comercio. Este año se han denunciado 757 casos, 14% menos que los 881 del mismo periodo de 2019.

Si bien algunos delitos disminuyeron a causa de la pandemia, como se señala en el diagnóstico Ciudadanos Evaluando: ¿Cómo afectó el Covid-19 al delito en Sinaloa?, hoy se observa que, a cinco meses de iniciada la nueva normalidad y la reactivación gradual de actividades, los delitos de alto impacto en Sinaloa mantienen avances importantes con cifras históricas en positivo.

Por otra parte, la revisión preliminar del próximo diagnóstico mensual de la Coordinación General del CESP también indica cuáles son los delitos que aún presentan cifras negativas, como el robo a casa, que durante 2020 ha incrementado 43%. El municipio con focos rojos es Ahome, pues concentra 57% de los casos de todo el estado, superando a Culiacán y Mazatlán.

La violencia familiar también se mantiene al alza, con un aumento de 23% durante 2020. Incluso, en octubre este delito alcanzó la cifra mensual más alta de la que se tenga registro en Sinaloa: 515 hechos denunciados.

Finalmente, el homicidio culposo registra 16% más casos que en 2020. De enero a octubre del presente año se contabilizan 537 decesos, contra 461 del mismo periodo de 2019. El 99% de este tipo de muertes en Sinaloa tienen como causa los accidentes de tránsito.

El diagnóstico completo del mes de octubre estará disponible a partir del próximo 18 de noviembre.

Si bien hay resultados, como en el combate al robo de hidrocarburos, persisten grandes pendientes principalmente en homicidios, feminicidios y delincuencia organizada

Culiacán, Sin.- A la salida de Alfonso Durazo Montaño de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el saldo no es favorable en materia de fortalecimiento de prevención del delito, de acuerdo con cuatro compromisos públicos que el ahora ex funcionario federal hizo al inicio de su responsabilidad en 2018.

De una evaluación realizada por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se desprende que si bien hubo resultados en algunos puntos, como en el combate al robo de hidrocarburos que, de acuerdo con cifras de Pemex, disminuyó 91% en un año, persisten pendientes en materia de homicidio doloso, feminicidio, violencia familiar, trata de personas y delitos de delincuencia organizada, que han incrementado este año de acuerdo a las propias cifras expuestas por Durazo en su último informe de seguridad.

Y a pesar de que la legislación federal no establece las características o experiencia profesional que debe cumplir quien dirija la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desde la Coordinación General del CESP se exhorta a designar a quien tenga el perfil más adecuado para cumplir con los retos que siguen sin resolverse.

Falta mucho por hacer. Estos fueron algunos de los principales compromisos de Durazo:

1. Armas de fuego. Compromiso: endurecer la legislación e implementar tecnologías no intrusivas en las aduanas, sobre todo en la frontera norte, para reducir el tráfico de armas.

Estatus: en abril de 2019se reformó el artículo 19 constitucional para incorporar prisión preventiva oficiosa por el uso ilegal de arma de fuego. A pesar de ello, se mantiene un alto índice de delitos cometidos con armas en el país: en lo que va del 2020 se han cometido más de 114,000 delitos del fuero común con arma de fuego o violencia, y eso solo considerando los hechos denunciados.

2. Desaparición forzada de personas. Compromiso: atención oportuna a víctimas, garantías de no repetición y mecanismos de reparación.

Estatus: con la reformaconstitucionalde abril de 2019tambiénse incorporó la prisión preventiva oficiosa por el delito de desaparición forzada. A la fecha, más de 77 mil personas están desaparecidas y no localizadas en México, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

3. Consolidación de la Guardia Nacional. Compromiso: reclutamiento de más elementos para un despliegue de fuerza de manera permanente.

Estatus: la Guardia Nacional cuenta con 96,000 elementos, es decir, 80 policías por cada 100,000 habitantes, muy debajo del estándar de la Organización de las Naciones Unidas, según el cual deben ser 300 elementos por cada 100,000 habitantes.

4. Fortalecimiento de las instituciones policiales locales. Compromiso: implementar un programa emergente de profesionalización policial en municipios y estados, y mejorar las condiciones laborales de los agentes de las distintas corporaciones.

Estatus: no solamente no se están fortaleciendo, sino que se están debilitando principalmente en materia presupuestal.

El organismo publicó su nuevo estudio Hallazgos 2019, en el que analiza la dimensión de calidad del sistema de justicia en el país

Culiacán, Sin.- La organización nacional México Evalúa presentó su estudio Hallazgos 2019, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México, en el que destacan puntos importantes sobre Sinaloa.

En una revisión realizada por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública sobre la nueva edición de este estudio, se observa que, entre los puntos positivos, el estado de Sinaloa está ubicado en el lugar 6 en el índice de confianzaen las autoridades con 1.8 puntos, cuando el promedio nacional es de -7.9.

También se muestra que Sinaloa es de las entidades que destinó mayores recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para capacitación relacionada con el sistema de justicia penal, con un 14.5% cuando el promedio nacional fue de 9.3%.

En cuanto a la consolidación del Sistema de Justicia Penal, Sinaloa tiene la posición 11 en el ranking nacional con 493 puntos de 900 a alcanzar. El estudio destaca la estructura de la Instancia Cuatripartita Coordinadora de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal en Sinaloa, así como su plan de trabajo para el presente año.

Indicadores para mejorar

Sobre agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, el promedio nacional es de 3.94; Sinaloa se ubica en el lugar 21 con 2.35. El estudio precisa que para garantizar el acceso a la justicia debe contarse con suficiente personal para cubrir las necesidades, pues el número de ministerios públicos o jueces impacta en la prontitud en procuración de justicia.

El estudio también revela que Sinaloa es de las entidades que más utilizan la medida de archivo temporal para detener o dejar en pausa una investigación, la cual se aplica en más del 50% de los casos, lo que implica que las carpetas no fueron resueltas.

Otro hallazgo es que Sinaloa es de las entidades donde la mayoría de lasinvestigaciones se inician sin una persona detenida. El 87% de las investigaciones iniciadas en todo el país en 2019 lo hicieron sin detenido, mientras que en Sinaloa fue el 96.9%.

Y el dato más fuerte que revela el estudio, de acuerdo a su metodología, es que Sinaloa tiene un porcentaje de impunidad del 99%, siendo el mayor a nivel nacional.

En las ediciones anteriores, Hallazgos 2018 y 2017, no se incluyó a Sinaloa en su índice de impunidad porque la entidad no entregó la información requerida para la construcción de ese indicador.

Mejores recursos humanos y económicos contra impunidad

En cuanto al tema de impunidad, los resultados de México Evalúa coinciden con los expuestos por la Coordinación General del CESP en el Estudio sobre Seguridad y Justicia en Sinaloa, Diagnóstico 2019, en el que se muestra que Sinaloa registra un alto porcentaje de impunidad en prácticamente todos los delitos, en algunos como en robo a banco no se registró ninguna sentencia durante 2019 y en otros como homicidio culposo, robo de vehículo y violencia familiar el nivel de impunidad el año pasado fue de 99%.

Ricardo Jenny del Rincón, Coordinador General del CESP, dijo que el nivel de impunidad debe ocupar a las autoridades de todos los niveles, sobre todo en materia preventiva para evitar que los delitos se cometan, pues la parte más grande de los recursos en la entidad se destina a la prevención.

Recalcó que reducir la impunidad no le corresponde sólo a una institución, sino que involucra a todo el aparato gubernamental, los distintos poderes y órganos autónomos, por lo que deben articularse bien entre sí para brindar resultados.

Finalmente, reiteró la necesidad de fortalecer a las instituciones que conforman la cadena de seguridad y justicia con recursos óptimos, adecuados y transparentes, políticas públicas efectivas y un marco jurídico sólido, además de dotarlas de personal suficiente, bien pagado, capacitado y avanzar en la depuración de elementos no aptos según los controles establecidos.